ONG’s critican la investigación por homicidio de los hijos de David Páramo

Diversas ONG’s internacionales criticaron el lunes a la Fiscalía de Chihuahua, un Estado del norte de México donde fueron asesinados el sábado dos hijos de periodistas, por descartar al inicio de las investigaciones que la profesión de los padres esté relacionada con el crimen.

Alfredo y Diego Páramo González, de 20 y 21 años, fueron asesinados la madrugada del sábado por un grupo de hombres armados que disparó varias veces contra ellos después de perseguirlos cuando viajaban en automóvil por la ciudad de Chihuahua, capital estatal.

Los jóvenes son hijos de David Páramo, un reconocido periodista especializado en finanzas en Ciudad de México, y de Marta González Nicholson, directora de un diario de información policíaca en Chihuahua, a unos 1.464 kilómetros al norte de la capital mexicana.

El procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, dijo el lunes por la noche a medios locales que ya hay un detenido declarando y «con posibilidad de ser consignado como presunto responsable».

El domingo, poco después de que se conociera la noticia y antes de que autoridades federales llegaran a la zona para colaborar en la investigación, como pidió el presidente Enrique Peña Nieto, el portavoz de la Fiscalía estatal declaró que el crimen «no está vinculado con el ejercicio periodístico del padre».

«Pido respeto a quienes, por las razones que sea, olvidan que se trata de una tragedia que enluta a por lo menos dos familias separadas hace ya mucho tiempo», dijo el lunes en su Twitter el propio David Páramo, quien añadió que «el trabajo o condición de los padres no hace diferente la profunda pena al perder a sus amados hijos».

Descartar esa hipótesis desde el inicio «es una opinión desafortunada» de la Fiscalía, comentó a AFP Balbina Flores, corresponsal en México de Reporteros Sin Fronteras (RSF), mientras la ONG Article 19 criticó que las autoridades divulguen conclusiones «sin presentar pruebas y a base de declaraciones extraoficiales ofrecidas a los representantes de la prensa».

El gobernador de Chihuahua, César Duarte, reconoció el lunes en Radio Fórmula que las conjeturas de la Fiscalía provinieron de declaraciones extraoficiales hechas por la familia de los difuntos. «La madre de las víctimas expresó en la funeraria, y esto se hizo publico, que no era un asunto que tenía que ver con la responsabilidad que ella ostenta» como periodista, dijo Duarte.

Ante la polémica que despertó este caso, el portavoz González matizó el lunes sus declaraciones. «La investigación no ha concluido, todas las hipótesis tienen que tomarse en cuenta, pero hasta este momento no hay evidencia que pudiera vincular este crimen con la actividad periodística» de los padres de las víctimas, dijo al noticiero radiofónico MVS. Sin embargo, aseguró que los agentes que investigan el homicidio están «enfocados en el entorno social de los jóvenes (…) que tenían mucha convivencia social, sobre todo por la noche».

«Solicitamos a las autoridades estatales y federales que hagan una investigación a fondo, que no descarten ninguna línea de investigación, incluyendo la que estuviera relacionada con la profesión de los padres», demandó Flores, de la francesa RSF.

Por su parte, Mike O’Connor, corresponsal del Comité de Protección a Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés), aseguró a AFP que las autoridades «están equivocadas» al emitir conclusiones apresuradas que impiden un acceso real a la justicia. «Es el patrón de siempre», lamenta el representante de la organización, con sede en Nueva York.

González aseguró que existen «líneas de investigación muy sólidas, contundentes», y que resolverán el caso «en cuestión de días».

Artículo 19 denunció el lunes que Pedro Matías Arrazola, corresponsal de la revista Proceso en Oaxaca (sur), y Giovanni Vásquez, conductor del noticiero radiofónico ‘Sin muros’, fueron amenazados de muerte el 30 de abril pasado, mediante un mensaje de texto que el segundo recibió en un teléfono móvil.

México es uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo con un total de 84 informadores asesinados y 20 desaparecidos desde el año 2000, crímenes que permanecen impunes en más de un 90%, según la estatal Comisión Nacional de Derechos Humanos, que inició una «queja de oficio» sobre el asesinato de los jóvenes.

Chihuahua, fronterizo con Texas (Estados Unidos), es uno de los Estados más afectados del país por la violencia que genera el crimen organizado, al que se responsabiliza de la mayoría de los más de 70.000 asesinatos que se cometieron en México entre 2006 y 2012.

AFP