Con 97 votos favor fue elegido Luis Raúl González Pérez para presidir la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para el periodo 2014-2019, luego de ser votado en la terna junto con los también abogados Mauricio Farah e Irene Herrerías, que alcanzaron 2 votos cada uno.
Este jueves las Comisiones del Senado definieron la terna de finalistas para presidir la CNDH.
Se eligió al aún abogado general, de 408 años de edad, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) como sucesor de Raúl Plascencia, actual ombudsman nacional.
La llegada de González Pérez se da en medio de una crisis en Derechos Humanos, como lo calificó el director de Human Rights Watch (HRW) para las Américas, José Miguel Vivanco, al indicar la semana pasada que México atraviesa por una crisis especialmente por los casos de Iguala y Tlatlaya, Estado de México.
En la década de los 90, ocupó diversos cargos en la CNDH, como el de director general administrativo, secretario técnico y visitador general.
Los partidos políticos que representan a la Cámara alta determinaron que Plascencia no contaba con los méritos suficientes para ocupar de nueva cuenta el cargo.
¿Quién es González Pérez?
Luis Raúl González Pérez es licenciado en derecho Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y cuenta con un diplomado en Derechos Humanos.
En la UNAM ha sido profesor, secretario administrativo y director de personal; actualmente es el abogado general de ducha institución.
También ha ocupado el cargo de secretario general de gobierno de la Secretaría de Gobernación (Sergob) y el de subprocurador en la Procuraduría General de Justicia (PGR). Fue el último fiscal el llevar el expediente del asesinato de Luis Donaldo Colosio, tema que él dio por cerrado.
Ha colaborado a lo largo de 12 años en la CNDH, de la que es miembro fundador y ocupó la Primera y Segunda Visitadurías, llevando el caso de la masacre en Aguas Blancas; fue secretario técnico del Consejo Consultivo; Director General de Asuntos Indígenas, también fue Director General del Programa de Agravios a Periodistas y del Programa Defensores Civiles de los derechos Humanos, donde atendió el caso de Lydia Cacho.
El Economista
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