SFP indagará contratos públicos, no la casa de Peña Nieto

El órgano anticorrupción del gobierno mexicano no investigará si existió conflicto de intereses en la polémica compra de inmuebles por parte del presidente Enrique Peña Nieto, de su esposa o del secretario de Hacienda federal a una empresa contratista del gobierno, porque carece de facultades para hacerlo, afirmó el miércoles el titular de la dependencia.

«No se tiene competencia y no existe régimen para investigar los pagos de contratos mercantiles cuando los sujetos investigados no eran funcionarios públicos», dijo el miércoles Virgilio Andrade, quien la víspera fue nombrado secretario de la Función Pública, el órgano del gobierno con rango ministerial encargado de la contraloría del ejecutivo.

Lo que se va a investigar, precisó Andrade, son «los contratos posteriores de los particulares con el gobierno».

La polémica surgió hace unos meses, cuando se divulgó que la primera dama Angélica Rivera adquirió hace unos años una mansión en la Ciudad de México al dueño de la empresa Grupo Higa, que a través de una filial ganó recientemente una licitación para construir el primer tren rápido en el país. La licitación fue revocada posteriormente.

Después se supo que el secretario de Hacienda Luis Videgaray había comprado una casa al mismo empresario, y algunas semanas después se dio a conocer que el mandatario adquirió años antes una casa a otro empresario que posteriormente también recibió contratos públicos. Ambos inmuebles se localizan en el Estado de México, donde Peña Nieto fue gobernador antes de alcanzar la presidencia.

Peña Nieto ha aseverado que no hubo ninguna irregularidad en las adquisiciones y que él no ha incurrido en conflicto de intereses, porque no otorga contratos ni adjudica obras.

Pero el martes dijo que solicitó a la secretaría de la Función Pública que investigue si hubo conflicto de interés en los contratos otorgados por dependencias federales a las empresas que celebraron compra-ventas de inmuebles con él, con su esposa o con Videgaray.

Andrade, quien definió el conflicto de intereses como el que se da cuando por «una relación entre un particular y un gobernante o sus familiares se obtienen ventajas indebidas», confirmó que es militante del partido gobernante, el Partido Revolucionario Institucional. También ante la prensa se declaró amigo de Videgaray desde 1987, pero dijo que no ve nada anormal en su nombramiento ni en la tarea que le fue encomendada por el presidente.

Gerardo Esquivel, economista e investigador del Colegio de México, dijo el martes a la AP que «es un conflicto de interés en el que está involucrado el propio secretario de la Función Pública desde el momento en el que le están pidiendo investigar a su jefe».

El nuevo secretario de la Función Pública dijo que como garantía de independencia de la investigación, sus resultados se someterán a un panel de expertos que él mismo elegirá.

No anunció cuál será el plazo para que los resultados de la investigación se hagan públicos.

AP