IP exige ya sistema contra la corrupción

El sector empresarial demandó a los partidos políticos demostrar su compromiso con el combate a la corrupción y a la impunidad aprobando la legislación para tener un Sistema Nacional Anticorrupción integral, autónomo, bien articulado, con facultades y recursos suficientes para que haya prevención eficaz, sanción efectiva y el máximo resarcimiento de daños.

Gerardo Gutiérrez Candiani, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), advirtió que “todos los mexicanos estaremos atentos a que no se incorporen disposiciones, haya omisiones o lagunas que hagan nugatoria esta reforma. La demanda más enérgica de la sociedad a su clase política y sus representantes populares es ésta”.

A través de su mensaje semanal, urgió a reformar la legislación en materia de conflicto de interés, por considerar que ha demostrado ser no sólo laxa: “Existen mejores prácticas internacionales que están funcionando bien en varios países, las cuales podemos usar para definir, prevenir y tipificar las distintas modalidades de este delito, para que su alcance se extienda en todos los niveles y poderes de gobierno”.

El dirigente del CCE destacó que la obligación de presentar declaraciones sobre posibles conflictos de interés para servidores públicos debe extenderse también al Poder Judicial y a los legisladores, federales y locales.

“El ejemplo emblemático de por qué es tan importante que existan estos mecanismos de control en el Congreso y cámaras legislativas locales reside en los abusos que se dan recurrentemente en asignaciones presupuestales, las cuales, en muchos casos, las hacen empresas cercanas a legisladores que promueven dichas partidas presupuestales”, dijo.

Gutiérrez Candiani apuntó que las declaraciones acerca de posibles conflictos de interés, al igual que las patrimoniales y las fiscales, que también deberían incorporarse como obligación —destacó— tienen que estar sujetas a un control y monitoreo autónomo, con presencia de la sociedad civil.

Dijo que también se suman a la iniciativa “3×3” para impulsar que candidatos a puestos de elección popular y servidores públicos en funciones hagan públicas sus declaraciones de patrimonio, impuestos y posibles conflictos de interés.

Añadió que sería inaceptable que en la legislación secundaria sobre transparencia se hagan modificaciones de última hora que resulten regresivas o amplíen la discrecionalidad con que algún funcionario puede negar el derecho a la información.

Destacó que el cumplimiento y la rendición de cuentas tampoco deben ser discrecionales para los legisladores, razón por la que urgió a la eliminación de los fueros que subsisten en el país debido a que se han utilizado como un instrumento de impunidad.

“La reforma de los fueros es indispensable; éstos sólo pueden justificarse en casos muy específicos. Un principio básico del derecho y de la democracia es la igualdad ante la ley”, dijo.

SFP no es suficiente: Coparmex

El sector patronal insistió en que a pesar de la designación de Virgilio Andrade al frente de la Secretaría de la Función Pública (SFP), es urgente que en este periodo ordinario de sesiones del Congreso se constituya un Sistema Nacional Anticorrupción independiente.

Juan Pablo Castañón, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), dijo que los mexicanos “debemos vigilar que la capacidad del secretario empiece a demostrarse con las acciones que tome y que protestó tomar”. Sin embargo, insistió en que debe crearse una instancia que complemente su actuar.

Tres por tres

Transparencia Mexicana impulsa una iniciativa para que los candidatos a puestos de elección popular se comprometan a presentar ante la ciudadanía tres tipos de declaraciones.

La propuesta denominada Tres por Tres busca que entre 2015 y 2018 se desarrollen elementos para una nueva cultura política, basada en una mayor apertura frente al ciudadano de quienes aspiran a ocupar un puesto de representación popular.
Con base en la propuesta de la organización civil que está en su página en internet, www.tm.org.mx, se llama a que los candidatos presenten su declaración patrimonial, las fiscales de los últimos cinco años y que un formato impreso formulen su “declaración de intereses”.
Transparencia Mexicana se fijó como límite el año 2018 para que su propuesta de declaraciones Tres por Tres empiece a rendir los primeros frutos, pero enfatizó que el trabajo al respecto debe comenzar desde ahora, en un año de elecciones federales y estatales.
​Prácticas corruptas frenan crecimiento: CEESP

Un Sistema Nacional Anticorrupción eficiente puede ser el impulso adicional que requiere la economía para lograr tasas de crecimiento de cinco por ciento anuales, aseguró el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), órgano asesor del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) en temas económicos.

En su análisis económico ejecutivo indicó que el único elemento que merece una ampliación inmediata del presupuesto, aun con el recorte de gastos, es el órgano anticorrupción absolutamente independiente que complemente y encabece la labor de los tres Poderes de la Unión.

“Está la prioridad más alta de las políticas públicas en este momento, porque la corrupción y la impunidad han contribuido a limitar el crecimiento económico”.

El organismo dirigido por Luis Foncerrada Pascal explica que la corrupción, apoyada por una clara impunidad en el sistema de justicia, representa enormes costos para la actividad productiva, lo cual es un factor que afecta negativamente el flujo y la eficiencia de la inversión tanto pública como privada.

“Esto es, sin duda, un factor importante para explicar el débil mercado interno, debido a la imposibilidad de crear más empleos formales de calidad y mejor remunerados”.

En el documento semanal detalla que durante las últimas tres décadas se ha instrumentado una enorme cantidad de políticas económicas en busca de fortalecer el crecimiento de la economía.

Medidas de política monetaria, fiscal, de competencia y en materia inversión, entre otras, especifica, que si bien lograron establecer un entorno de estabilidad macroeconómica, no han podido concretar su objetivo de elevar el ritmo de crecimiento promedio anual de 2.4 por ciento entre 1994 y 2014.

Apunta que la situación de los hogares se ha venido deteriorando en un entorno de precarización del empleo, y la elevada informalidad, salarios bajos y pérdida de la capacidad adquisitiva se conjugan en el debilitamiento del mercado interno.

“La corrupción y la impunidad han contribuido a limitar el crecimiento económico. Estos aspectos se han fortalecido de tal manera que han escalado a niveles preocupantes, sobre todo porque han dejado al descubierto la fragilidad de las instituciones encargadas del fortalecimiento del Estado de derecho y del cumplimiento de las leyes”.

En el plano internacional

Indicadores de Transparencia Internacional, como el Índice de Percepción de la Corrupción, muestran que México se ubica en niveles considerablemente bajos en el ránking mundial en esta materia; para 2014 ocupó el lugar 103 entre 174 países. Además, en 2005 el país estaba colocado en el lugar 65; es decir, se perdieron 38 posiciones en ese periodo.

Refiere que el costo monetario de la corrupción e impunidad es considerablemente elevado, pero posiblemente es más gravoso no instrumentar cambios inmediatos para su erradicación.

“Si bien es cierto que las reformas estructurales contribuirán a liberar el potencial de crecimiento de la economía, también lo es el hecho de que para ello es fundamental un entorno de transparencia y libre de corrupción e impunidad”.

El organismo advierte que el costo de no concretar todos estos ajustes podría ser equivalente a la imposibilidad de crecer a niveles de cinco por ciento.

“El desánimo que existe entre empresas y hogares por los enormes niveles de corrupción e impunidad, puede ser un factor adicional que inhiba el crecimiento. Es por ello que no hay duda de la necesidad inmediata de establecer los mecanismos e instrumentos para eliminar estos factores”.

Añade que para lograr estos objetivos se requiere un órgano anticorrupción verdaderamente independiente de los poderes, del Ejecutivo, del Legislativo y del Judicial, con jurisdicción nacional, para tener capacidad de fiscalización en estados y municipios.

EXCÉLSIOR