Democracia electoral sin debate público abierto

Por Jesús Susarrey/

¿“Nuevo Sonora” o fachada de viejas prácticas políticas recicladas? Propuestas electorales sin consensos suficientes

Es innegable que a partir del 2009 con la alternancia panista se avanzó en libertades políticas por vía del voto. Sin embargo como advirtió Amartya Senpremio nobel de economía, “si el voto público no se combina con la oportunidad de hablar, escuchar e influir en la toma de decisiones, la democracia será sólo un concepto vacío de contenido”. La gloria de la democracia está en el debate público abierto, precisa el filósofo indio.

La admonición desde luego no fue atendida y la apuesta por el proyecto del Gobernador Guillermo Padrés no se tradujo en una nueva forma de hacer política, menos en el ensanchamiento de la democracia como forma de gobierno. La alternancia recicló con otra fachada las prácticas de los gobiernos anteriores. Algunas políticas públicas fueron impuestas y las élites políticas no dialogaron con la sociedad.

De la alternancia a la desvalorización de las instituciones democráticas.

Las élites siguen disputándose el control de la agenda pública en una dinámica inversa al ideal democrático en donde el interés general importa sólo si contribuye al particular; el Congreso sigue sin supervisar al Ejecutivo; el Judicial no termina de independizarse y; los partidos no cumplen cabalmente su tarea de intermediación política. Por si fuese poco las candidaturas en el 2015 fueron decididas mediante acuerdos cupulares.

El “nuevo Sonora”, al igual que el “de oportunidades” que le antecedió, intentó unir a los sonorenses agregando intereses en torno a un proyecto común, pero el Sonora de hoy está políticamente fragmentado y desarticulado. Las fuerzas políticas no sólo no comparten una visión mínima, se repelen e intentan anularse. La desvalorización de los dispositivos democráticos es tal que no se cree ya en los aciertos que si los hay o sin pudor se defiende o encubre la opacidad y la incompetencia.

La incapacidad de los candidatos para consensar sus proyectos.

La contienda electoral acentúa la división y el escepticismo en lugar de generar entusiasmo. Y no es sólo porque los partidos no representen ya a organizaciones sociales y que sean de grupos de interés. No es tampoco por la percepción sobre la probidad de los candidatos punteros, la trayectoria de la candidata Claudia Pavlovich es incuestionable —raro hoy día— y el candidato Javier Gándara, no obstante las denuncias en su contra, sigue gozando de aceptación.En ambos son reconocidas virtudes cívicas y morales aún con cierta carga negativa. Que se exhiban sus debilidades y sospechas fundadas en indicios de improbidad es entendible y a ellos corresponde al cálculo político de sus consecuencias. El problema es que no han construido aún los consensos suficientes para imponer por la vía de las urnas un proyecto ideológico que ni siquiera han precisado. De no hacerlo, su legitimidad será deficitaria, “gobernarán sobre las ruinas” dice una frase ya clásica.

No se ha planteado con claridad un proyecto de modernización del poder y de la forma de hacer política. Siguen centrados en la captura del voto clientelar.  Comprensible desde la fría competencia por los votos, pero sin debate público, sin el diálogo con la ciudadanía, insuficiente para construir liderazgos políticos.

Por el lado de la Senadora con licencia, se reconoce el esbozo de una propuesta atractiva con su consigna de un “gobierno honesto y eficaz”. Alienta su énfasis en la institución familiar, la inclusión social, el desarrollo regional, la rendición de cuentas y su apertura para el debate público pero no termina de visualizarse un proyecto más acabado. Por el lado del empresario panista en su proclama del “Sonora que todos queremos”, si bien destaca una adecuada técnica de gestión y la intención de acercarse a la ciudadanía, se advierte más una estrategia de marketing  electoral que un proyecto político y un trazo que apunta al ejercicio de un mando basado más en el atributo personal que en el entramado institucional.

La pobreza, los rezagos sociales e incluso la carencia de infraestructura son por otro lado insuficiencias estructurales que rebasan la capacidad de respuesta gubernamental. Ambos han anunciado que serán prioridad, una estrategia más precisa sobre como lo enfrentarán abonaría a su causa. Otros como los abusos de poder y la impunidad son problemas sistémicos y no sólo del Ejecutivo. Su atención requiere del concurso de todos los poderes constituidos y de un acuerdo político con la sociedad muy por encima de los pactos entre las élites. La reciente designación de observadores ciudadanos por parte de la candidata del PRI para garantizar el cumplimiento de los compromisos con la honestidad y la eficacia es un avance en esa dirección pero deberá profundizar su propuesta.

Propuestas similares sin nueva forma de hacer política. ¿Cómo diferenciarse?

Cierto que las propuestas empiezan a fluir y es motivo de celebración. Sin embargo, para recuperar la credibilidad y confianza ciudadana requerirán algo más que obras, inversiones y posicionamientos programáticos, con todo y su sensibilidad social y la racionalidad técnica e instrumental. El reiterado incumplimiento de las promesas de campaña y los insuficientes resultados, generaron una inercia social que por un lado se resiste a creer y por el otro rechaza cualesquier planteamiento aún si es en la dirección correcta.

Sólo un liderazgo ético legitimado y un proyecto socialmente compartido puede aspirar a generar los consensos necesarios para romper las inercias. ¿Cómo convencer al electorado y diferenciar un proyecto de gobierno si todos prácticamente ofertan lo mismo? ¿Cómo establecer una relación de confianza que reduzca la justificada incredulidad de los sonorenses? Estas son algunas de las  preguntas y la respuesta ronda en torno a la manera de relacionarse con la ciudadanía y a la forma de hacer política para darle sustancia a la propuesta.

Desde luego que el tema es relevante sólo si se trata de asentar una gobernabilidad democrática con resultados tangibles. Si se parte de la premisa de que los poderes públicos son un entramado institucional que debe ceñirse a la ley. Sin consensos, sin el respaldo social, sin el diálogo con la sociedad, la ecuación es complicada.

Seguramente el equipo de los candidatos revisó ya las experiencias previas, las deliberaciones de la filosofía política y las nuevas teorías de la decisión pública y social que apuntan hacia la conveniencia del debate democrático. A menos que la tarea se encomiende a los especialistas en mercadeo electoral. Entonces, las recomendaciones de los pensadores de la democracia liberal no serán escuchadas.