Campillo podría salir impune, PGR dilata investigación

Por Imanol Caneyada/

El Sindicato de los Empleados de los Servicios de la Salud en Sonora hace pública una demanda, interpuesta hace tres meses contra el secretario de Salud ante el Ministerio Público Federal, para presionar a la fiscalía que aún  no presenta ningún avance en el caso

Esta podría ser otra de las muchas historias que se dan en este país, en la que el poder se colude para proteger a un funcionario, en este caso al secretario de los Servicios de Salud en Sonora, Bernardo Campillo García, demandado por el Sindicato de los Empleados de la Salud en Sonora por peculado, enriquecimiento ilícito, desvío de recursos públicos y crimen organizado.

El 16 de enero de este año, dicho sindicato, encabezado por el neurólogo Carlos Manuel González Méndez, interpuso la demanda en los términos antes señalados ante el Ministerio Público Federal en la delegación Sonora de la PGR, la cual tuvo entrada con el número de expediente 51/15.

La base de esta demanda es una investigación que Sonora Ciudadana llevó a cabo cuyo título es La búsqueda por la homologación salarial: Sonora, a raíz de las numerosas inconformidades que presentaron los empleados de la salud en el estado, en el sentido de que no recibían el salario completo, el cual está compuesto, una parte por recursos estatales, del 50 al 70%, y la otra por recursos federales que llegan a la Secretaría de Hacienda del Estado etiquetados por concepto de homologación de salarios.

La homologación de salarios se dio a raíz de la creación, en 1997, de los Servicios de Salud de Sonora como un órgano público descentralizado, por lo que, desde ese momento, el Gobierno federal adquirió un compromiso con el de Sonora para transferir el salario completo de los empleados federales y la parte correspondiente de los empleados estatales que equiparara el sueldo devengado por éstos últimos, ya que la diferencia era notable.

En esta investigación, Sonora Ciudadana y el Sindicato pudieron comprobar que en los últimos seis años, al menos 44 millones de pesos anuales no se han destinado a este fin.

Ante la pregunta de a dónde ha ido a parar la millonaria cantidad, el neurólogo González Méndez y el técnico radiólogo Gustavo Adolfo Fernández Sesma, quienes encabezan la demanda, comentan que han podido comprobar algunos de estos destinos: la campaña electoral de Josefina Vázquez Mota de 2012 y el programa social CRECER, perteneciente a la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeson).

Y agregan que otros destinos posibles puedan ser un condominio que el secretario Campillo adquirió en Playa Blanca, San Carlos Nuevo Guaymas, valorado en 15 millones de pesos, a nombre de su mujer, y un par de ranchos, uno en la serranía de Jalisco y otro en Real del Alamito.

En este momento, la preocupación del grupo de empleados de salud que promueve esta demanda es que la PGR, a pesar de que acompañaron a la demanda con pruebas suficientes para acreditar la probable responsabilidad penal, ha dilatado la investigación, al grado de que noventa días después, el ministerio público federal aún no admite las pruebas y se halla en fase de análisis de las mismas.

Tampoco a tres meses de presentada la demanda se ha desahogado ninguna testimonial de las al menos doce personas, entre médicos y enfermeros, que están dispuestos a declarar por no haber recibido la parte correspondiente a la homologación.

Estos testimonios están respaldados en talones de cheque de nómina con los que se demuestra que los afectados no han devengado el salario que les corresponde por ley.

La acusación de crimen organizado suena muy fuerte, pero los demandantes fundamentan la misma en el hecho de que forzosamente varias personas participan en el desvío de estos recursos. Señalan a Inés Coronel Gándara, directora de Recursos Humanos de la SSS, y al doctor Mario Villalobos, una figura oscura que, entre otras cosas, acusan los demandantes, ha sido la pieza fundamental en otra de las tramas incluidas en la demanda: los aviadores en el sector salud.

Al menos han podido documentar que 108 nombres que devengan salarios en el sector salud no trabajan ahí. La figura que los respalda principalmente es la de permiso con goce de sueldo, los cuales otorga Mario Villalobos, quien se ostenta como dirigente de la Sección 43 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud.

Sin embargo, en poder de los demandantes consta un oficio del presidente de este sindicato, Marco Antonio García Ayala, quien cuestionado por estas anomalías, asienta que su organización sindical no puede agremiar a los trabajadores de la Secretaría de los Servicios de Salud de Sonora por ser un organismo autónomo y descentralizado.

Lo anterior desacredita entonces los supuestos permisos con goce de sueldo que otorga Villalobos.

Referente a los aviadores, en diciembre de 2010, los demandantes acudieron a la Contraloría General del Estado para interponer la denuncia 614/10, pero el entonces contralor, Carlos Tapia Astiazarán, no inició ninguna averiguación.

Esperanzados con el nombramiento en 2013 de una nueva contralora, María Guadalupe Ruiz, decidieron impulsar de nuevo el expediente; en esta ocasión se encontraron con que la nueva funcionaria, quien en su momento dijo en repetidas ocasiones que era una ciudadana independiente, se declaró incompetente para investigar la denuncia.

Con lo cual, explican los demandantes, está incurriendo en un delito, pues si no era de su competencia, estaba obligada a notificar a las autoridades competentes y canalizar el expediente.

Uno de los presuntos aviadores es, precisamente, el esposo de la contralora, el Dr. Quiroz Cinco.

A tres meses de la demanda, los afectados ven con mucha preocupación la lentitud y la dilación con que la PGR está actuando, por lo que decidieron hacer pública la demanda, además de que en el transcurso de esta semana interpondrán un recurso para la admisión de las pruebas.

El peor de los escenarios, dicen, que esta demanda sirva para que los que lleguen al poder dejen de desviar los recursos de la homologación salarial.

El mejor de los escenarios, que Campillo responda ante la ley y se restituyan los salarios de todos los trabajadores afectados.