Recomiendan acotar ‘espionaje’

Se debe definir a las autoridades que podrían solicitar datos de usuarios de telecomunicaciones y que se elimine la conservación de la dirección IP.

Así lo consideró entre sus recomendaciones el consejo consultivo del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) sobre el proyecto de lineamientos de colaboración con las instancias de seguridad y justicia que emitirá en breve el regulador.

«Se tiene que eliminar la conservación de direcciones IP, pues los artículos 189 y 190 de la Ley (Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión) no hablan de guardar estos datos», expuso Carlos Ponce.

REFORMA publicó esta semana que empresas de telecomunicaciones y organizaciones de la sociedad civil se reunieron este mes con comisionados del IFT para dialogar sobre los lineamientos de colaboración con la justicia e instancias de seguridad.

Ayer, durante su sesión de pleno, los consejeros votaron y aprobaron en lo general por unanimidad las recomendaciones hechas por un grupo de trabajo surgido al interior del consejo consultivo.

«Se me hace una exageración que cualquier ministerio público pueda pedir nuestros datos, esto debería quedar limitado», comentó el consejero Carlos Merchan.

El grupo también sugirió que exista un juez de control que sea el que autorice la solicitud de datos de los usuarios.

También recomendaron que, cuando se realice una solicitud de datos, se haga una notificación de dicha vigilancia.

Ponce, quien presentó el proyecto hecho por el grupo de trabajo especializado en estos lineamientos, comentó que se recomendó también que en las reglas que emita el IFT se incluya un mecanismo de transparencia que permita conocer qué solicitudes se hicieron y cuál fue el uso.

Juan José Crispín, secretario técnico del Pleno del IFT, comentó que será durante los siguientes días cuando se discutan estos lineamientos, que debían emitirse a más tardar el 9 de febrero pasado.

«Este es el único plazo que el IFT no ha cumplido, pero es por la importancia del tema y los comentarios que se han recibido. Se hizo una consulta y se ha decidido. Ya no tardará más de dos semanas en subir al Pleno», señaló.

Los consejeros sugirieron también que se busque la forma de que el costo de almacenamiento de datos que tendrán que realizar los operadores no se transforme en un alza de precio para los usuarios.

«Nadie quiere pagar por que lo vigile», expresó en la sesión Aleida Calleja.

REFORMA