Ordenan a funcionarios declarar conflictos de interés

El gobierno de México emitió las reglas que los funcionarios públicos presenten por primera vez declaraciones de conflicto de interés entre su vida privada y pública, una medida tomada luego de escándalos de posibles irregularidades que han alcanzado al mismo presidente del país.

Las reglas fueron publicadas el miércoles en el Diario Oficial, un paso que el presidente Enrique Peña Nieto había prometido luego de estar en el centro de críticas luego de que se reveló que la primera dama adquirió una mansión de un contratista público

Las normas establecen que a partir de mayo de este año cerca de 206.000 servidores públicos, incluido el presidente y sus secretarios de Estado, deberán informar al actual órgano anticorrupción a quién compraron sus bienes, si participan como dirigente en alguna empresa y su participación en operaciones que le den beneficios económicos.

El funcionario debe hacer la misma declaración sobre su cónyuge o dependientes económicos.

Hasta ahora los funcionarios sólo estaban obligados a declarar anualmente los bienes muebles e inmuebles que tienen.

La Secretaría de la Función Pública, considerado el órgano anticorrupción, informó en un comunicado que en paralelo a la declaración de intereses se tomarán algunas otras medidas con las que se busca transparentar la relación entre funcionarios y particulares.

La dependencia señaló que se abrirá por internet un sitio para que la gente consulte qué servidores públicos intervienen en contrataciones públicas, además de que se hará pública una lista con los proveedores sancionados por el gobierno federal y el motivo.

Luego de la revelación de la adquisición de la casa de la primera dama Angélica Rivera, investigaciones periodísticas dieron a conocer que el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, compró un inmueble al mismo contratista. El presidente, según otro reporte, compró una casa a otro empresario que luego obtuvo contratos para obra pública, lo cual ha sido visto por algunos como un caso de conflicto de interés.

El gobierno ha sostenido que no hubo ninguna irregularidad en las adquisiciones.

Peña Nieto solicitó en febrero a la Función Pública investigar si él, su esposa o el secretario habían incurrido en conflicto de interés, lo cual desató de inmediato críticas por considerar que no tenía sentido que el jefe del Ejecutivo pidiera a un subalterno realizar la indagatoria, porque de antemano varios creen que la conclusión será que no hubo ninguna irregularidad. Hasta ahora no se ha dado una resolución sobre la investigación y el secretario de la Función Pública, Virgilio Andrade, ha dicho que lo hará antes de que termine el 2015.