Revelan auditores transas en Sonora

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La reducción del pago de impuestos federales que obtuvieron 41 empresas de Sonora allegadas al Gobierno respondió a una orden expresa de funcionarios locales.

La clave era hacer una auditoría al contribuyente para simular que corregía su situación fiscal y pagaba sus impuestos, revelaron a REFORMA tres ex auditores de la Secretaría de Hacienda de Sonora.

Grupo REFORMA publicó el domingo que, utilizando el convenio de colaboración fiscal que tiene la entidad con la Federación, se permitió que empresas ligadas al Gobernador Guillermo Padrés, incluyendo al candidato del PAN a la Gubernatura, Javier Gándara, dejaran de pagar 708 millones de pesos de impuestos.

Los ex auditores, que pidieron el anonimato, describieron que el primer paso para beneficiar a esas empresas era seleccionarlas para una auditoría fiscal.

Luego, esos contribuyentes presentaban una declaración de corrección con un pago de impuestos previamente pactado.

«Eran auditorías especiales. Hacíamos muchas en el año como auditores de la Secretaría Hacienda (de Sonora), pero para las especiales se seguía otro procedimiento», dijo uno de los entrevistados.

«Esas ya venían platicadas desde antes. Nos decían: ‘el pago se va a cerrar en esta cantidad. Vayan ajustando los papeles y las revisiones’. Eran procedimientos hechos a modo», agregó.

Dijeron que se usaban todos los recursos que tenían a la mano para simular la corrección y se armaba un expediente con el fin de evitar cualquier sospecha del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Las órdenes venían de Roberto Ávila Quiroga, director general de Auditoría Fiscal, y un grupo de subalternos, quienes dictaban a los contadores las pautas para la simulación, acusaron.

Los entrevistados dijeron ser parte de un grupo de contadores que laboró por honorarios para el Gobierno y que decidió delatar las irregularidades tras su despido.

Revelaron que la mayoría de los expedientes objeto de esa simulación están en poder del SAT, donde se revisan.

«La orden era revisar lo que el contribuyente nos proporcionara de documentación, no se pedía más. Teníamos que armar un expediente y lo hacíamos sólo con eso, con lo que se tenía, una simulación, pues», detalló un ex auditor.

Normalmente, cuando la comprobación de ingresos lo amerita, es necesario pedir cuentas bancarias a la CNBV y hacer compulsas con proveedores, explicó.

«Todo eso no se hacía. Yo participé en una auditoría a Signmakers, que es una empresa que se dedica a la publicidad. El dueño es el subsecretario de Ingresos de Hacienda de Sonora (Gerardo Encinas), que es el jefe del director general de Auditoría Fiscal del Estado. Son compadres», explicó otro ex auditor.

«Detectamos depósitos en efectivo sin soporte documental y cuando armamos el expediente sólo incluimos los depósitos que se podían probar; si el SAT abre ese expediente y solicita estados de cuenta a la CNBV, pues va a salir todo», indicó.

Otro empleado contó que revisó el adeudo de Constructora La Grande, propiedad de Roberto Ochoa, un ingeniero amigo del Gobernador.

«En la revisión que hice del ejercicio 2012, le determiné un crédito (adeudo) por más de 6 millones por facturación apócrifa, estaba deduciendo gastos con facturación falsa. Me dijeron ‘tú ajusta a esta cantidad’ y se le cobraron como 200 mil pesos», relató.

Tras la denuncia, el jefe del SAT, Aristóteles Núñez, admitió el lunes que este organismo está revisando el caso sin dar un plazo definido para concluir su investigación.

Ordena IFAI al SAT revelar perdones

El Servicio de Administración Tributaria deberá dar a conocer si ha otorgado condonaciones y/o cancelaciones fiscales a varias empresas.

Así lo ordenó el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI).

Al resolver 11 recursos de revisión presentados contra el SAT por la misma solicitante de la información, el Pleno del IFAI determinó por unanimidad que el secreto fiscal que invocó el ente recaudatorio no es procedente y deberá entregar la información en caso de que se hayan otorgado los beneficios fiscales.

El comisionado ponente, Rosendoevgueni Monterrey Chepov, indicó que al concederse el perdón de un adeudo fiscal, se trata de recursos que ya no ingresan a las arcas del Gobierno y por tanto el secreto fiscal no les es aplicable.

Agregó, de que el Código Fiscal de la Federación fue reformado el año pasado precisamente para permitir dar a conocer esta información.

De acuerdo con el registro de solicitudes de Infomex, la particular requirió conocer los créditos fiscales firmes, así como los cancelados y/condenados, de distintas razones sociales de Televisa.

También solicitó de América Móvil, Teléfonos de México, Telefónica México, Nextel México, Grupo Iusacell, Axtel, Allestra, Liverpool, Fábricas de Francia, Suburbia, Sanborns y Palacio de Hierro, entre otras empresas.