Transparencia, prioridad en la agenda nacional

Por David Figueroa/

En México la primera Ley de transparencia fue aprobada en 2002, hoy después de dos años de discusión se dio el segundo gran avance: triplicar el número de sujetos obligados a rendir cuentas

La semana pasada, mientras en México el Presidente Enrique Peña Nieto promulgaba la Ley Federal de Transparencia, en Chile la Presidenta Michelle Bachelet pidió la renuncia a los 23 integrantes de su gabinete por escándalos de corrupción, y la Vicepresidenta de Guatemala, Roxana Baldetti, renunció y hoy se encuentra arraigada por enriquecimiento ilícito.

Si la palabra esperanza pudiera describirse de alguna manera en nuestro país sería: no más impunidad, combate a la corrupción y transparencia. Ahí está la oportunidad; falta que la mayoría de los Congresos locales aprueben el Sistema Nacional Anticorrupción.

Es el tema más urgente en la agenda nacional, pues mientras no avancemos en ello, seguirá golpeando el desarrollo económico, la desigualdad y la falta de justicia en nuestro país.

Mientras gran parte de los recursos del erario público sigan manejándose a discreción con opacidad y cierta libertad como botín político por funcionarios públicos y empresarios coludidos en esta red de corrupción, es difícil pensar que México logre el desarrollo que merece.

Nos conviene a todos y la tendencia es clara: los medios de comunicación masivos, redes sociales, la evolución de la conciencia colectiva, el despertar de la sociedad no deja otro camino.

En México la primera Ley de transparencia fue aprobada en 2002, hoy después de dos años de discusión se dio el segundo gran avance: triplicar el número de sujetos obligados a rendir cuentas de los recursos públicos ejercidos y sus cargos. Pasan de 17 a 50 los entes y termina con privilegios de muchos.

Obligará a transparentar y permitir el acceso a la información de los tres poderes, los órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, además de personas físicas, morales o sindicatos que reciban y ejerzan recursos públicos o realicen actos de autoridad en los ámbitos federal, estatal y municipal.

Esta nueva ley incluye la transparencia en temas polémicos como los gastos en comunicación social y publicidad oficial, así como concesiones, contratos, convenios, permisos, licencias o autorizaciones, información sobre procesos de adjudicación directa y licitaciones.

Pero también hay que decirlo: se mantienen algunos candados como el resguardo de cierta información por un período de tiempo que impide la fiscalización oportuna a gobiernos salientes; o ése famoso artículo transitorio que le otorga a los diputados cinco meses de gracia para quedar como sujetos obligados a la rendición de cuentas de los recursos públicos que las bancadas reciben.

Queda pendiente también definir cuáles son asuntos de seguridad nacional para no convertir este apartado en el mejor pretexto para ocultar información; por ello se incluye la llamada ‘prueba de daño’ que establece que la autoridad que pretenda reservar información debe argumentar legalmente las razones y habría facultad para impugnar esta decisión.

Es parte de las resistencias naturales, pero con todo y sus consabidas limitaciones, sería un error no reconocer y destacar la importancia de este avance en nuestro país.

Un reto es el uso responsable de la información pública; un uso constructivo, y no para desatar más escándalos. Esta ley debe ser parte de la solución y no debemos convertirlo a largo plazo en un problema más.

La promulgación de la Ley de Transparencia es un importante paso que no debemos minimizar o reducir. El combate a la corrupción es hoy el tema en México.

Agradezco sus comentarios y retroalimentación a través del correo electrónico [email protected]; y  en redes sociales: Twitter @DavidFigueroaO /Fb David Figueroa O.

*David Figueroa Ortega es empresario, Ex Cónsul de México en Los Ángeles y San José California; Ex Diputado Federal; Ex Alcalde de Agua Prieta; Ex Dirigente del PAN en Sonora.