El calvario de Fernanda, víctima de violencia intrafamiliar

Por Imanol Caneyada/

Los funcionarios de la Agencia Primera Especializada violaron todos los protocolos de la ley cuando la joven, agredida públicamente en la Plaza Bicentenario por su padre, acudió a poner la denuncia, según consta en la queja presentada ante la Visitaduría de la PGJE

El pasado domingo 9 de agosto, por la tarde, María Fernanda Araiza se encontró con su padre, Miguel Martín Araiza, ingeniero biomédico, proveedor del Gobierno del Estado, concretamente del Isssteson, en la plaza Bicentenario de Hermosillo. La muchacha, de 20 años, eligió un lugar público por temor a que su padre actuara violentamente. Apenas en abril de este año había logrado dejar su casa, víctima de malos tratos durante años, sometida a constantes episodios de violencia psicológica, económica y física. Le pidió a un amigo que la acompañara y que disimuladamente filmara el encuentro. Tenía miedo de la manera en que su padre pudiera reaccionar. El encuentro se celebraba porque Fernanda le había solicitado a su padre que le entregara su Visa para cruzar a Estados Unidos.

En el video, que se ha hecho viral, aparecen sentados en la terraza de un conocido café. De pronto, el padre se levanta y comienza a golpear a la hija. Fernanda logra zafarse y salir huyendo. Los parroquianos rodean al agresor y tratan de calmarlo.

Minutos después, un par de agentes de la policía municipal se lo llevaban detenido a la Comandancia Centro, en donde pasó toda la noche.

Al día siguiente salió libre por no existir denuncia.

Al día siguiente, lunes 10 de abril, Fernanda acudía a la Agencia Primera Especializada en Delitos Sexuales y Violencia Intrafamiliar.

La muchacha no sabía que en ese momento empezaba su verdadero calvario.

Según consta en la queja que la víctima puso el 14 de agosto en la Visitaduría General de la Procuraduría General de Justicia, con número 172/2015, contra la Agencia Primera Especializada, tanto el secretario ejecutivo, Belzay de Jesús Revilla, como la especialista en justicia alternativa, Zulema Valencia Lara, y la médico legista Miriam Marlen López Castellanos, violaron de forma sistemática todos los protocolos que dicta la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

De entrada, cuando Fernanda Araiza llegó a poner la denuncia contra su padre, le dijeron que estaban muy ocupados y que no podían atenderla.

Mientras esperaba a que los funcionarios se dignaran a tomar su denuncia, llegó el abogado de la contraparte, acompañado de Miguel Martín Araiza, el agresor, entró con el secretario y al rato salió diciendo que ya estaba todo arreglado.

Entre tanto, Fernanda estuvo a escasos metros de quien un día antes la había golpeado.

Por fin, el secretario ejecutivo le tomó la declaración. La declaración, según denunció la propia víctima, fue cambiada en algunos pasajes. Al terminar, Fernanda le preguntó al funcionario si no procedía que fuera con el médico legista para evaluar los posibles daños de la agresión. El secretario le contestó que en ese momento no era necesario.

Sí la envió con la sicóloga, quien únicamente le dijo que estaba alterada, “me puso a realizar unos dibujitos, mas sin embargo, en ningún momento me canalizó al COPAVID (Centro de Orientación y Protección a Víctimas del Delito)”, narra Fernanda en su queja.

A lo largo del proceso, la víctima nunca se sintió protegida, se negaron a darle el número de expediente de la denuncia y no emitieron la orden de protección, o al menos, no quisieron darle una copia de la misma, alegando que se trataba de un aspecto interno de la investigación.

Según dicta el protocolo, con el solo dicho de la denunciante, la autoridad debe emitir la orden de protección y proporcionar a la víctima el número telefónico de un agente policiaco a quién llamar en caso de que el agresor se acerque, la merodee o la amenace.

En el caso de Fernanda, además de la denuncia, existía un video que mostró al secretario ejecutivo en el que se ve claramente cómo Miguel Martín Araiza agrede a su hija. Además de los testigos presenciales.

Fernanda acudió ese mismo día a las instalaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos para quejarse por el trato recibido en la Agencia Primera. Quien la atendió, en lugar de tomar la queja, se comunicó con la Agencia y después de colgar, le dijo a la víctima que, en efecto, la orden de protección era una cuestión interna del procedimiento, que no se había violado ninguno de sus derechos.

En la noche de ese mismo día, Fernanda continuó con su peregrinar y se presentó en el Hospital General de Hermosillo, en donde un examen reveló que presentaba un cuadro de esguince cervical, así como luxación y subluxación de la articulación de la quijada.

El martes 11 de agosto, con el diagnóstico del Hospital General en mano, Fernanda se presentó nuevamente en la Agencia Primera Especializada.

La especialista en justicia alternativa Zulema Valencia le dijo que no podían aceptar el diagnóstico porque era externo.

El secretario ejecutivo, en ese momento, la mandó examinar con la médico legista; cuando Fernanda le reclamó por qué no lo había hecho un día antes, el funcionario le contestó que no importaba cuándo la mandaba con el médico siempre y cuando la mandara.

La médico legista, Miriam Marlen López, le examinó la quijada y le comunicó que se trataba de una lesión crónica. Que regresara cuando tuviera las radiografías.

Durante todo este tiempo, Miguel Martín Araiza se dedicó en las redes sociales a calumniar a su hija, a insultarla, a amenazarla a ella y a los amigos que la estaban ayudando, a llamarla drogadicta y a acusarla de que quería extorsionarlo.

Las copias de estos mensajes en FB obran en poder de los abogados de la víctima, quienes las presentaron como pruebas del riesgo que corría Fernanda. Durante la diligencia en la que la víctima presentó dichas copias, el secretario Belzay de Jesús Revilla intimidó a Fernanda, la presionó, le dijo que ordenara las copias, que algunas estaban repetidas y que así no podía aceptarlas.

Pero el calvario no terminaba aquí. El viernes 14 de agosto, por la tarde, una camioneta interceptó el auto en el que Fernanda y un amigo viajaban. Del vehículo descendió Miguel Martín Araiza y su ex mujer, madre de Fernanda, y trataron de llevársela contra su voluntad.

Lograron escapar. Acudieron a la Agencia Primera Especializada para ampliar la denuncia por esta nueva agresión.

Al poco rato se presentó Araiza acompañado de una pareja de policías municipales con la intención de detener a su hija y al amigo que la acompañaba, acusándolos de haber atropellado a su ex mujer.

El victimario entró a la sala donde su hija realizaba la ampliación de la declaración amenazándola, no obstante, el secretario ejecutivo no hizo nada para que éste abandonara el lugar y se mantuviera alejado de la víctima, como dicta el protocolo.

En todo momento, según contaron testigos a este reportero, Miguel Martín Araiza se mostró prepotente, e insinuó en repetidas ocasiones que él tenía conocidos en la Procuraduría, en la policía y hasta en el ejército.

No existe ninguna denuncia por el supuesto atropellamiento; testigos presenciales negaron que hubiera ocurrido.

El lunes 17 de agosto, los abogados de Fernanda Araiza tuvieron que cancelar la diligencia que habían programado, en la que dos amigas de Fernanda y el amigo que filmó el video declararían.

La razón, el agresor los había amenazado y exigido que no siguieran apoyando a su hija.

En este momento, Fernanda Araiza permanece escondida en un refugio para mujeres víctimas de violencia.