Indagan red de corrupción del exgobernador Padrés

Por Guillermo Saucedo/

La presión sobre el exgobernador de Sonora, Guillermo Padrés Elías por investigaciones de actos de corrupción en su administración gubernamental, cada vez pesa más sobre sus espaldas.

El más reciente escándalo en el que se vio involucrado fue el detonador para que la Procuraduría General de Justicia en Sonora abriera la línea de investigación por su probable responsabilidad en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Y es que el pasado viernes por la noche fue detenido Luis Arístiga López Moreno con posesión de 3.5 millones de pesos dentro de una hielera y no pudo explicar la legal procedencia del dinero. López Moreno, se identificó como administrador de los negocios del exgobernador sonorense y su hermano Miguel Padrés, en el rancho Pozo Nuevo.

Tal situación abalanzó todos los reflectores a la figura de Guillermo Padrés y un posible acto de corrupción que podría condenarlo —si es declarado culpable— hasta 22 años de prisión, sin derecho a fianza e inhabilitación para ocupar cargos públicos.

Por lo que Rodolfo Montes de Oca Mena, fiscal de Justicia en el estado, aseguró que en los términos que evolucione la investigación se analizará la posibilidad de dar vista a la Procuraduría General de la República por conductas que pudieran ser materia de competencia de la autoridad federal, como el lavado de dinero o asociación delictuosa.

Todas las personas involucradas en este hecho y que se encuentren mencionados en las declaraciones del principal sospechoso podrían estar involucradas en la investigación, agregó el Procurador, por lo que hasta miembros de la familia Padrés pudieran ser objeto de esta pesquisa.

Ante ello, la madrugada del domingo, el juez Chastré Leyva Miranda, titular del Juzgado Quinto de Primera Instancia de lo Penal, otorgó tres órdenes de cateo que se realizaron simultáneamente en dos domicilios particulares ubicados en Bachoco y La Jolla, este último de los residenciales más exclusivos en la capital de Sonora.

Además de una lujosa mansión habilitada como oficina del exgobernador del estado, ubicada en calle Justo Sierra de la colonia Pitic, donde los investigadores aseguraron varias computadoras, discos duros, facturas y talones de cheques como evidencia de los movimientos financieros y de la administración de los ranchos propiedad de las familias Padrés Elías y Padrés Dagnino.

Fuentes oficiales confirmaron que el rancho Pozo Nuevo ubicado en Bacanuchi, Sonora, se encuentra sitiado y que en cualquier momento se obtendría la orden del Juez para iniciar el cateo.

Investigan a 30 por “moches fiscales”; GPE no está en la lista

Por su parte, Aristóteles Núñez Sánchez, Jefe del Servicio de Administración Tributaria (SAT), informó el lunes en conferencia de prensa que hay 30 denuncias en contra de funcionarios de la administración de Guillermo Padrés Elías, pero Padrés Elías no está entre ellos.

“El exgobernador no tiene la atribución directa, es un trabajo que tendrán que hacer las autoridades estatales para saber hasta dónde puede alcanzar el deslinde de responsabilidades”, explicó Núñez Sánchez.

El titular del SAT señaló que las denuncias contra los funcionarios públicos fueron presentadas ante autoridades administrativas de Sonora, por lo que corresponde a la Fiscalía Anticorrupción local, a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) e incluso a la federal determinar las responsabilidades correspondientes.

Núñez Sánchez dijo que el SAT sólo cumple con la revisión de los actos y omisiones cometidos por el Gobierno de Padrés y detalló que durante su mandato funcionarios trabajaron directamente en auditorías o revisión de actas de las empresas que se beneficiaron de quitas de impuestos irregulares, presuntamente con la autorización del ex mandatario.

En octubre, el SAT le confirmó al Gobierno de Sonora “el incumplimiento a la normatividad para los efectos de las cláusulas novena y décima del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal”. Además, se omitió el cobro de mil 705 millones de pesos, esto al realizar 879 auditorías irregulares a 574 contribuyentes, entre ellos empresarios, políticos y familiares cercanos al entonces mandatario

Además se comprobó que durante la gestión de Guillermo Padrés se autorizaron pagos en parcialidades de Impuesto al Valor Agregado (IVA) y de retenciones de este gravamen y del Impuesto Sobre la Renta (ISR), en contravención al Código Fiscal de la Federación.

El actual gobierno que encabeza Claudia Pavlovich Arellano da seguimiento a denuncias administrativas y penales ante la Contraloría General y la Fiscalía Anticorrupción, contra varios ex funcionarios de la Dirección General de Auditoría Fiscal.

Ante esta denuncia, el órgano ha llamado a declarar a John Swanson Moreno, quien fuera jefe de la oficina de Padrés, de quien se dice, se acercó a proveedores de servicios a quienes el Gobierno estatal les debe sumas millonarias, con la promesa de que ahora sí les pagarían si cooperaban con una tajada del pago.

También fueron citados a declarar Roberto Romero, ex Secretario de Gobierno, mano derecha de Padrés Elías, y su esposa Mónica Robles, ex Diputada local.

Catean propiedades de los Padrés

Para la mañana del miércoles, las autoridades estatales realizaron un nuevo cateo como parte de las investigaciones por los delitos de operación con recursos de procedencia ilícita en el exclusivo residencial Los Lagos, ubicado al poniente de Hermosillo.

El domicilio marcado por el número 307 de la calle Ruiseñor, fue el punto de reunión de una docena de agentes del Ministerio Público y de elementos de la Procuraduría General de Justicia de Sonora para realizar la diligencia.

Durante su sexenio, el panista conformó una red de familiares, funcionarios y amigos cercanos que hoy están bajo investigación al igual que el ex mandatario.

Como se recordará, el electorado sonorense confió en él justamente después de un mes del incendio de la guardería ABC, cuando alcanzó la gubernatura en Julio del 2009.

Sin embargo, con el tiempo la gestión de Padrés Elías comenzó a ser cuestionada con el surgimiento de dinero no comprobado en presupuesto educativo, servicios de salud, seguridad, desarrollo social y pagos no realizados a proveedores.

Tal situación se vio reflejada en una deuda de casi 30 mil millones de pesos al término de su administración, a esto se le suma el escándalo de la presa construida dentro de su rancho justamente cuando en la región había disputa por ella.

La retención de más de 4 millones de metros cúbicos del líquido vital dentro de su propiedad, agravó el tema con el caso de la contaminación química del Río Sonora en puerta.

Además después de toda una cascada de denuncias sociales por la implementación de una “tenencia disfrazada”, detenciones injustas como el caso de Gisela Peraza, los líderes yaquis Mario Luna y Fernando Jiménez.

Así, en medio de este contexto, actualmente el enfrentamiento a la justicia se ve cada vez más cercano para Padrés Elías, mientras que la presión y posible culpabilidad pesan más que nunca.

(Con información de Daniel Sánchez Dórame)