Peligra transparencia en Sonora; escaso presupuesto para ITIES

Por Imanol Caneyada/

La discusión sobre el presupuesto de egresos de Sonora para el 2016 se ha centrado en la solicitud de reestructuración de la deuda que hizo llegar el Ejecutivo; sin embargo, ha quedado de momento muy relegado un hecho que pone en riesgo el ejercicio de la transparencia en el estado: los 19 millones que la Secretaría de Hacienda solicita para el Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora, un monto tan bajo que pone en riesgo la implementación de todas las reformas que se avecinan a la Ley de Acceso a la Información.

La denuncia es de Sonora Ciudadana, cuyo presidente, Guillermo Noriega Esparza, fue uno de los activos participantes en la nueva ley nacional de transparencia, y en la homologación a la que está obligada la actual ley en la entidad.

De entrada, aclara Guillermo Noriega, la Secretaría de Hacienda actuó contra la ley; el ITIES es un órgano autónomo, por lo que Hacienda no está facultado para modificar el presupuesto que solita. Así como lo envía la institución, así debe integrarlo al presupuesto total y hacerlo llegar al Congreso, único órgano autorizado para hacer modificaciones.

La propuesta del ITIES para 2016 era de 48 millones de pesos, monto que por la naturaleza de la nueva ley de transparencia, a duras penas alcanzaba para cumplir con todas sus exigencias, explica Noriega.

No contentos con ello, la Secretaría de Hacienda redujo el presupuesto a 19 millones, el mismo que se designó a la institución encargada de velar por la transparencia en 2015.

Para el presidente de Sonora Ciudadana, ésta es una estrategia clara para tener al instituto controlado, pues a lo largo del año, dependiendo de si portan bien o no, aplicarán ampliaciones al presupuesto.

Esta práctica, dice el entrevistado, se denunció en 2005 y desde entonces no se había vuelto a hacer, hasta este año en que detectaron la reducción del presupuesto para el órgano autónomo garante de la transparencia.

El problema es que con la reciente Ley General de Transparencia aprobada en el Congreso de la Unión, vienen una serie de incremento de obligaciones para el ITIES (que entre otras cosas dejará de llamarse así) que implica una inversión tecnológica muy fuerte. Un ejemplo que pone Guillermo Noriega es el de la incorporación del instituto a la Plataforma Nacional de Transparencia, cuyo costo es de cuatro millones de pesos. Nada más eso.

Aparte viene las necesidades de verificación de las obligaciones de oficio de todos los portales de transparencia de todos los sujetos obligados por ley, que no sólo es el Gobierno del estado, son muchos más, como sindicatos y universidades públicas.

Esto va a aumentar las solicitudes de información en el estado, lo que obliga a que cada uno de los comisionados del órgano garante (el ITIES) tenga un sistema de ponencias, cosa que actualmente no tiene.

Incluso, subraya Noriega, los 48 millones que solicitó el organismo se quedan cortos para todos los requerimientos que necesita el instituto para cumplir con todas las obligaciones de la nueva ley de transparencia.

En este momento, Sonora Ciudadana trabaja junto con el Congreso del estado la reforma constitucional, la cual deberá dictaminarse en breve, y a partir de ahí van a construir la nueva ley estatal de transparencia, que tendrá como paradigma la nacional.

El punto aquí, resalta Noriega, es que de nada sirve hacer una reforma constitucional con la participación ciudadana ni crear una nueva ley de transparencia, que podría ser una de las mejores del país, si no se le asigna los recursos al órgano garante de dicha ley; todo podría quedarse en una simulación.

Lo anterior contradice el discurso del Gobierno del estado y pone en peligro la implementación del sistema nacional de transparencia que, curiosamente salió por mandato del presidente Peña Nieto.

INAI exhorta al Ejecutivo y Legislativo a cumplir con la Ley de transparencia

Con fecha del 27 de noviembre de 2015, tanto la jefa del Ejecutivo sonorense, Claudia Pavlovich, como la presidente del Congreso, Lina Acosta Cid, recibieron sendos oficios en los que el INAI (antes IFAI) les informa que la Ley General de Transparencia mandata a las entidades armonizar las leyes estatales con lo establecido en la ley general.

Llevar a cabo acciones de capacitación en materia de la Ley General; generar instrumentos que amplíen la cobertura del ejercicio del derecho de acceso a la información.

Ampliar las actividades de difusión que actualmente realizan los órganos garantes; fortalecer las acciones de vinculación con la sociedad y adaptar el sistema informático a la Plataforma Nacional de Transparencia.

Por todo lo anterior, dice el oficio en manos del poder Ejecutivo y Legislativo, les solicitamos que puedan apoyar e impulsar un presupuesto de egresos para el organismo garante de la transparencia en su entidad que le permita cumplir con las atribuciones y nuevas facultades institucionales.

Ello, les recuerda el oficio, en concordancia con el Convenio de Colaboración firmado entre la Conferencia Nacional de Gobernadores y el Instituto Nacional de Transparencia, en cuyos objetivos específicos se prevé que los órganos garantes reciban un presupuesto adecuado y suficiente que les permita desarrollar sus nuevas funciones en materia de transparencia y acceso a la información.

El oficio viene firmado por Ximena Puente de la Mora, comisionada presidente del INAI.