2016: de los dichos a los hechos  

Por Jesús Susarrey/

“El problema inmediato pudieran ser las resistencias de algunos —dentro y fuera del Gobierno— para ejercer el poder bajo el principio de legalidad y sus intentos por reproducir ese arreglo político de prebendas y privilegios que con la transición y sus alternancias partidistas se suponía quedaría en el olvido”

Si todo inicio de sexenio es etapa de acuerdos básicos y evaluación de expectativas, es innegable el éxito del discurso de la Gobernadora en la generación de consensos políticos entendidos como la aceptación colectiva de valores, fines y procedimientos para la convivencia democrática.

No es tiempo de echar las campanas al vuelo por supuesto, pero la contundencia del discurso no es casual y si la crítica es compromiso con la verdad, es difícil refutar que se trata de una oferta de políticas públicas que impulsa con claridad y determinación acciones orientadas a cumplir con las exigencias ciudadanas y responder a su irritación por los resultados del gobierno anterior.

En ocasiones la sensación es que estamos en dos dimensiones diferentes. Mientras que en el ámbito nacional la retórica oficial topa con la incredulidad y la desconfianza, en los mensajes de la Gobernadora se percibe sinceridad y congruencia con su propuesta y convicciones. Quizá haya acciones cuestionables pero no puede decirse que es inconsecuente con las ideas y los dichos.

Lo mismo se difunden mensajes que muestran un gobierno sensible a las necesidades de los mas desprotegidos, exigen a la SCT reparar con celeridad una carretera, que anuncian el proyecto de una desalinizadora o una licitación pública de medicamentos en el Isssteson que sorprendió hasta a los más escépticos por la opacidad con que fueron adquiridos durante años.

Cada vez que el gabinete es reunido, es advertido de que no se toleraran más abusos y se le reitera su compromiso con la legalidad, la eficacia y la honestidad. Plantear metas verificables y comprobables les exigió en la última reunión. No más triunfalismos, ni simulaciones para el buen entendedor.

La indolencia de los actores de ayer y las resistencias de hoy

El problema no es falta de consensos o de un proyecto de gobierno realizable, se sabe por sentido común que la buena política exige igual lograr acuerdos colectivos que cumplirlos. Nada nuevo desde luego pero es útil no olvidarlo.

Se sabe también que restaurar legalidad; disminuir pobreza y desigualdad; combatir corrupción e impunidad, por citar algunos, son fenómenos complejos que requieren de cambios en el orden político e institucional de hoy y es ingenuo suponer que se darán de la noche a la mañana.

Tampoco se pueden soslayar las inercias de un arreglo político que ha permitido que no pocos de los actores se conduzcan con indolencia y en lugar centrarse en apoyar el proyecto institucional, gestionan poder personal y se coluden en función del interés individual y de grupos. Que decir del uso de las instituciones para afirmar intereses económicos; de la negociación de la Ley o de la función de la oposición partidista que en lugar de proponer o refutar con argumentos, descalifica, bloquea y dificulta.

Cierto que los consensos logrados representan un enorme avance. El PRI cuenta con mayoría en los Congresos, gobierna el mayor número de alcaldías y tiene el respaldo del Gobierno Federal. Hay razones para alimentar optimismo.

El problema inmediato pudieran ser las resistencias de algunos —dentro y fuera del Gobierno— para ejercer el poder bajo el principio de legalidad y sus intentos por reproducir ese arreglo político de prebendas y privilegios que con la transición y sus alternancias partidistas se suponía quedaría en el olvido.

Debiera entenderse que después dos alternancias consecutivas, la sociedad sonorense tiene una configuración diferente y que si bien no es de todo estructurada, informada y participativa, exigirá resultados.

Si el enfoque en la honestidad, la eficacia y la cultura de la legalidad ha sido la variable preponderante para construir confianza, quizá ahora para cumplir lo prometido el factor determinante deba ser la firmeza de carácter y la solidez de convicciones que ha mostrado la Gobernadora. Lo cierto es que sus advertencias y lineamientos deben ser atendidos.

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