La SEC confecciona Uniformes Escolares más transparentes… y sin estrellitas

Por Gerardo Moreno /

Pese a que el programa de “Uniformes Escolares Gratuitos” surgió durante la administración de Guillermo Padrés Elías con críticas por ser de corte asistencialista, de fines electorales y hasta utilizado para enriquecerse; el actual gobierno está obligado a continuarlo, rediseñándolo y dejando atrás la opacidad.

Por esto, la actual administración estatal relanza el programa, con características muy claras: una convocatoria abierta, transparentando todo el proceso de licitación, adjudicación, entrega de los uniformes, con la participación de ciudadanos y dando la mayor publicidad posible.

Sin embargo, en este proceso los ciudadanos quedan a la expectativa de ver el resultado final, donde esperan que al comienzo del ciclo escolar los 510 mil estudiantes de preescolar, primaria y secundaria tengan un uniforme de calidad y que no le salga más caro.

El amargo recuerdo de la opacidad y el “negocio redondo”

Fue en el 2010 cuando el entonces gobernador Padrés anunció que todos los niños de educación básica recibirían el uniforme escolar de manera gratuita. Sin embargo, desde que se conocieron las prendas generaron críticas, primero por el logotipo del gobierno estampado en la camisa, por la tardanza en la entrega, problemas con las tallas y mala calidad de las telas.

Durante las campañas electorales del 2012 los funcionarios del estado se pasearon como candidatos por las escuelas con la bandera de los uniformes.

Además se anunció que este programa traería empleos a los sonorenses habilitando por lo menos tres plantas textiles en el estado, pero las prendas se compraban en otras partes, se mandaban cortadas y solo las unían. Incluso la operación y logística de los uniformes escolares pasó de manera irregular de la Secretaría de Educación y Cultura a la Secretaría de Economía.

Fue a principios de marzo del 2015 que se supo el negocio que había detrás del programa, tras a un reportaje que salió publicado en The Wall Street Journal (luego ampliado en Reforma), donde se señaló que las autoridades mexicanas y estadounidenses investigaban a Guillermo Padrés, su hermano Miguel y al empresario Mario Aguirre, accionista mayoritario de las empresas “Sonora Apparel SA de CV” y “Confección Industrial SA de CV” (la cual ganó los cinco años que el gobierno de Padrés Elías entregó las prendas), por transferencias presumiblemente ilícitas.

Los reportajes señalaban que el empresario Aguirre realizó una transferencia de 3.3 millones de dólares a una cuenta de Miguel Padrés de Estado Unidos, supuestamente para ser beneficiado con la licitación para confeccionar los uniformes.

Por otro lado, en el último informe del Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización (Cuenta Pública del 2014), confirmó irregularidades alrededor del programa, pues señaló un posible daño a las finanzas del Estado por más de 250 millones de pesos.

Señaló que las empresas Confección Industrial y No. 1 Sonora Apparel, habían incumplido con los tiempos de entrega y los contratos firmados en entregas anteriores y aun así se les volvió asignar la confección de los uniformes. Además compraron las prendas a un sobre precio de más de 35 millones 576 mil pesos en total.

Sin importar todo esto, durante las campañas electorales del 2015 se vio a candidatos de Acción Nacional entregando los uniformes escolares gratuitos en las escuelas de sus respectivos distritos y municipios. Para el ciclo escolar 2015-2016, se volvió a asignar a estas dos empresas la confección de los uniformes escolares y al terminar el gobierno de Guillermo Padrés aún no se habían entregado. Las prendas fueron encontradas abandonadas en una bodega.

Obligados a dar un giro al programa

Sin embargo, el actual gobierno quedó obligado por Ley a continuar con el programa de uniformes escolares gratuitos y además agregarle el calzado. Desde el principio se buscó darle un giro a todo el programa y la propia gobernadora Claudia Pavlovich ordenó que las prendas sean de “la misma calidad que usan sus hijas en escuela particular y que además el proceso sea 100% transparente”.

El 17 de febrero del 2016, se presentó el programa de “Uniformes al 100” donde los mismos alumnos, padres de familia y maestros votaron en internet por el diseño de los uniformes. El domingo 29 de mayo se presentó el modelo ganador y se abrió el proceso de registro de las empresas interesadas en concursar en la licitación.

Para esto, debían certificar que: contaban con un capital de al menos 40 millones de pesos, que estaban dispuestos a entregar un cheque certificado de 20 millones para responder en caso de incumplimiento, haber pagado todas sus obligaciones fiscales de tres ejercicios anteriores, haber tenido contratos similares, tener representación legal en Sonora y presentar muestra física de las telas.

Al final solo cinco se registraron: Emprotex en alianza con Selitex; Herpay asociada con el ciudadano José Juan Peña Lara; Clothes & More IS junto con Industrias Manufactureras M y R; Desesa; y Soluciones Productivas (estas dos últimas de manera independiente y fueron eliminadas por no presentar muestra).

El nueve de junio, ante un comité ciudadano conformado por Guillermo Noriega Esparza, Leticia Cuesta, Joel Delfín Moreno, Cecilio Luna Salazar, Marco Paz Pellat, Marcelo Meouchi Tirado y Juan Carlos Sosa Mariscal, recibieron las tres propuestas, evaluaron, certificaron y se asignaron puntajes. Proceso que fue transmitido vía internet.

El 14 de junio se dio el falló final: con una propuesta de casi 182 millones de pesos, las empresas “Clothes & More IS” e “Industrias Manufactureras M y R”, ambas con sede en la Ciudad de México, ganaron la licitación para confeccionar los 510 mil kits de uniformes escolares que se entregarán el próximo ciclo escolar.

La licitación “CE-926004987-E1-2016” marca que la empresa ganadora deberá firmar el contrato, de manera pública en un plazo de 10 días hábiles, deberá someter su producto al escrutinio de peritos y dar la cara a los medios de comunicación. Además hay un plazo de 10 días más para entregar la garantía de 20 millones de pesos.

Se espera que el cambio funcione

Ante esto, el presidente de la Asociación Estatal de Padres de Familia (AEPAF), Cecilio Luna Salazar, comentó que ven con buenos ojos el programa y es esperado por los padres, pues representa un apoyo importante para todas aquellas que familias de bajos recursos o que tienen varios hijos.

“Imagínate una madre de familia que tiene dos hijos en la primaria y otro en la secundaria son tres uniformes que debía comprar y agregarle los zapatos. Con este programa se ahorra ese gasto”, comentó.

Luna Salazar aclaró que durante la pasada administración se quedó a deber con la calidad de las prendas, por eso aplaudió que este año se le haya dado prioridad y que se pudo constatar por los mismos padres. Comentó que personalmente estuvo presenten en todo el proceso de asignación de la licitación que fue transparente y ahora dijo que estará al pendiente que se cumplan con los plazos de confección y entrega.

Por otro lado, el presidente en Sonora de la Cámara Nacional del Comercio (Canaco), Miguel Ángel Figueroa Gallegos, reconoció que al momento de lanzarse el programa fue un duro golpe para todos los locatarios encargados de vender prendas escolares, pero se fueron adaptando.

“Llegaron muchos comentarios a la cámara negativos, porque fueron cinco años en los cuales quedaron fuera totalmente el comercio organizado, entonces sí les afectó mucho que les haya quitado de inicio un gran porcentaje de las ventas a quienes se dedicaban a eso, y no dejaron la oportunidad de participar”, indicó.

Sin embargo, comentó que ahora está la propuesta de que los uniformes escolares sean entregados por los comercios debidamente establecidos, es algo que beneficiaría a los comerciantes y por eso espera que se concrete, para reactivar el comercio local.

“Yo veo muy bien la iniciativa y como manejaron la licitación de manera transparente… solo faltaría que se concrete que los entreguemos en los comercios porque así sería un ganar – ganar, entre las familias y comerciantes”, aseguró.

Por su parte, el experto en temas de transparencia y políticas públicas, Guillermo Noriega Esparza, aclaró que personalmente no cree que se debiera obligar a los niños de educación básica a portar un uniforme escolar y de esta forma el recurso que se utiliza para confeccionar las prendas podría ir a áreas más prioritarias de la sociedad, sin embargo, aclaró que es una Ley que ya está establecida y se debe cumplir, además es socialmente aceptado e incluso esperado.

“Yo no estoy de acuerdo con que el dinero de los impuestos de los sonorenses se termine yendo en programas de esta naturaleza, que efectivamente son muy asistencialistas. Sin embargo, es una ley, todos los partidos se pusieron de acuerdo y entiendo que es muy aceptado por la sociedad… Si bien no estoy al 100% de acuerdo, tampoco lo condeno, porque si la gente puede palpar un poco de sus recursos en un bien directo, que es un uniforme escolar, es algo bueno”, resaltó.

Sin embargo, dijo que viendo las experiencias de los años anteriores donde el programa era totalmente opaco y hasta señalado de corrupción, el ejercicio de apertura en su licitación y adjudicación que se realizado este año fue un bueno y puede dar cierta certeza que realmente se intenta hacer un cambio, además que la empresa seleccionada es un “titán” de esa industria y se espera que cumpla en tiempo y forma.