El problema no es la figura del amparo, sino la falta de ética profesional

Por Imanol Caneyada/

Hay abogados o muy duchos o muy mañosos que abusan de las demandas de amparo, asegura el doctor en Derecho Héctor Rodríguez Espinoza en esta entrevista en la que también reflexiona sobre el debido proceso  

A un año de gobierno de Claudia Pavlovich, la Fiscalía Anticorrupción, una de las cartas fuertes de la actual administración, se ha topado con una figura jurídica que le ha impedido castigar a los exfuncionarios acusados de diferentes delitos vinculados al ejercicio de sus funciones: el juicio de amparo.

Paladas de dinero han entregado los servidores de la anterior administración a los conocidos como “despachos divinos” para que los mejores amparistas del país aneguen los procesos en una lluvia de solicitudes de amparo.

La sociedad vemos esto con frustración y desconfianza, conscientes de que la justicia en México es susceptible de bailar al son que mejor le toquen.

De todo esto y otros asuntos relacionados platicamos con el doctor en Derecho Héctor Rodríguez Espinoza, catedrático de la Universidad de Sonora y autor de más de una docena de libros sobre diferentes aspectos del derecho.

Recordemos que en la época aciaga del porfiriato, evoca el entrevistado, había una frase atribuida al dictador: “Mátalos en caliente, luego averiguamos”. Muchas personas, culpables o inocentes de hechos delictivos, fueron matados en caliente sin ser oídos ni sometidos a juicio.

Pero el México del siglo XIX hizo una contribución muy importante a la cultura jurídica occidental, agrega el doctor Rodríguez: el juicio de amparo, superior al hábeas corpus anglosajón. “Los abogados del siglo XX y XXI hemos estudiado y aprendido con buenos textos y maestros, el espíritu de esta aportación mexicana a la cultura jurídica occidental”.

Más que un recurso en los juicios ordinarios, aclara el entrevistado, es todo un juicio, también conocido como juicio de garantías.

“Consiste en evitar que una autoridad de cualquier tipo pretenda violar tus garantías individuales, ahora llamadas derechos humanos. Se solicita un amparo para que se suspenda la acción de la autoridad y, en su caso, se castigue a esta autoridad y repare el daño”.

El maestro de Filosofía del Derecho explica que la sociedad no educada en derecho confunde la palabra amparo con un incidente que se llama suspensión del acto reclamado; esto quiere decir que cuando el abogado o quejoso solicita un amparo a un juez federal contra un acto que pudiera violar sus garantías, lo que pide es una suspensión del acto reclamado de forma provisional, en tanto se resuelve de manera definitiva el juicio de amparo.

“En ese tiempo en que se resuelve, la autoridad no puede ejercer ningún acto contra el quejoso, y esto desespera y enoja a la sociedad agraviada y a la autoridad que está persiguiendo al acusado, presunto culpable o inocente”.

En relación a esto último, el doctor Rodríguez considera que una aportación muy importante de la reciente reforma penal es el respeto a la presunción de inocencia, la cual está consagrada en las leyes internacionales y en las del país; además, el llamado dejar por excepción la prisión preventiva únicamente a los delitos graves, y por consiguiente, aplicar la libertad bajo fianza, cuyo monto establece el juez dependiendo de los criterios establecidos en los códigos, un aspecto que también enoja a la sociedad y a la autoridad que persigue el delito, subraya el catedrático.

“Teóricamente, el juicio de amparo es un juicio muy rápido; pero sea que el juez niegue u otorgue el amparo, ambas partes pueden recurrir a una instancia superior, un tribunal colegiado de circuito, que decide en definitiva si se otorga o no el amparo y protección que ofrece la justicia federal; esto prolonga el juicio, lo que provoca el enojo de la sociedad y de la autoridad involucrada”.

A ello hay que sumarle, advierte el doctor Rodríguez Espinoza, que hay abogados o muy duchos o muy mañosos (y aquí entra la ética profesional), que abusan de las demandas de amparo y promueven varios juicios al mismo tiempo.

“Es necesario aclarar que la Ley de Amparo dispone de una serie de sanciones para los abogados que abusan de esta figura, porque hay litigantes que llenan las bandejas de los juzgados de enorme cantidad de solicitudes, lo cual sepulta la verdad que se busca”.

Existe otra figura muy importante, a decir del catedrático, la del debido proceso —que se aplicó en el famoso caso de la francesa acusada de secuestro Florence Cassez—, en la que el abogado puede demostrar o el juez observar que en el proceso existe una falla de origen y el acusado, sea culpable o no, sale libre.

“Esto se sustenta en la teoría del árbol del fruto envenenado. Cuando una prueba, en un proceso, está envenenada, contamina a todas las pruebas, incluida la sentencia, y esto molesta y confunde a la sociedad y a los medios de comunicación, pero esto no es culpa de los jueces; el primer eslabón de un juicio penal es la policía, la municipal, que es la primera que llega, la estatal, la ministerial. De la información que proporciona la policía depende que el juez valore si hubo o no errores en ese primer paso, que es el del lugar de los hechos y lo que vieron los propios policías y los testigos”.

Pero según el doctor Rodríguez, no tenemos una policía calificada ni técnica ni éticamente: “Al respecto, ya advirtió la Barra de Abogados que si no se atendía este problema, el nuevo sistema acusatorio penal podría fracasar”.

Tanto la Federación como el Gobierno del estado están haciendo el esfuerzo de aplicar este sistema que tiene muchas bondades, reconoce el entrevistado; ha habido importantes avances, acepta, pero también críticas, las cuales se deben a que apenas estamos iniciando un proceso legal nuevo, de influencia anglosajona… pero importar una cultura jurídica no es fácil, la transición durará tiempo, ¿qué tanto?, se pregunta: dependiendo de la oportuna capacitación que se les dé a los policías, a los fiscales, a los peritos, a los abogados.

“Estamos agraviados como sociedad porque somos víctimas de muchos delitos, pero un delito no puede combatirse con otro delito, como es el caso de la página infraganti.mx, que contamina el debido proceso, la cultura de la legalidad y el Estado de derecho”.