Amparos, entre el derecho y la impunidad

Por Imanol Caneyada/

El Congreso del estado aprobó un exhorto a la Cámara de diputados federal para que reforme esta figura jurídica por considerar que se ha abusado de ella; los expertos consultados catalogan esta acción como una aberración demagógica e ignorante  

La figura jurídica del amparo está a debate. En el informe más reciente de la Fiscalía Anticorrupción (FAS), se consigna que se han interpuesto 131 juicios de amparo en contra de actos de la FAS.

Lo anterior ha venido a reforzar la sensación entre la ciudadanía de que aquellos que son investigados por posibles delitos de corrupción, evaden a la justicia gracias al dinero que les permite contratar a los mejores despachos amparistas del país, conocidos como “despachos divinos” (algunos de ellos llegan a facturar 40 millones de pesos al año, según la revista Forbes).

Por el contrario, quienes ejercen el derecho desde diferentes frentes, consideran esta postura como demagógica e ignorante, y catalogan a la figura del amparo como la mayor aportación que México ha hecho al mundo jurídico durante el último siglo, paradigma en Lationamérica, superior en fondo y forma a su homólogo anglosajón: el hábeas corpus.

Un instrumento que defiende al ciudadano de los abusos de la autoridad.

Para abonar al debate, el pasado 14 de septiembre, el Congreso del estado aprobó por mayoría un exhorto a la Cámara de Diputados de la Federación para revisar la figura del amparo.

Quien presentó la iniciativa, el diputado priista David Palafox Celaya, argumentó lo siguiente:

 “Dicha institución jurídica tan noble (la del amparo) ha sido empleada de manera abusiva por parte de los ex servidores públicos de los diferentes niveles de gobierno al terminar un cargo público, buscando evitar que sean investigados o sancionados por la probable comisión de delitos e infracciones administrativas de las cuales recae una sanción administrativa o penal”.

La fracción panista, en voz del diputado Javier Dagnino Escobosa (cuñado del exgobernador Guillermo Padrés) calificó de absurda la propuesta de Palafox Celaya y revirtió el argumento al asegurar que el hecho de que los ex funcionarios estén amparándose demuestra que la autoridad está abusando de la ley; “porque cuando hablamos del amparo, no encontramos a ningún jurista que hable mal de esta figura”, expuso en su intervención.

Al final, la iniciativa fue aprobada con los votos del PRI y Nueva Alianza.

El exhorto solicita a la Cámara baja que reforme, derogue o adicione disposiciones a dicho ordenamiento, ante el abuso desmedido que se hace de dicha institución por parte de ex servidores públicos de los tres niveles de gobierno, con el objeto de evitar que sean sancionados penal o administrativamente por faltas graves cometidas durante el ejercicio de sus funciones en agravio de los propios sonorenses y del erario público.

Los expertos no concuerdan con esta visión.

Demagogia e ignorancia

El abogado José Cuitláhuac Castro Silva, integrante del Colegio de Abogados de Sonora AC, considera que el exhorto del Congreso del estado es desacertado y desinformado, pues pretende desmantelar el único instrumento legal que tiene el ciudadano frente a las arbitrariedades, actos ilegales o contrarios a la Constitución.

El juicio de amparo, a decir del experto, garantiza desde hace un siglo la constitucionalidad de los actos de la autoridad; históricamente, abunda, ha beneficiado a la ciudadanía brindándole protección de estos mismos actos cuando atentan contra la Carta Magna, al mismo tiempo, se trata de una figura que permite a la Constitución protegerse a sí misma, al hacerlo, protege al ciudadano.

Durante el siglo XIX, ilustra el abogado, los liberales buscaron hacer de México un país de instituciones y leyes; alimentados por sistemas de otros países, como Inglaterra, Francia o España, concretaron la Constitución de 1857, en la cual, gracias a la figura del amparo, los derechos humanos no sólo fueron un adorno poético, bonito.

El juicio de amparo, añade Cuitláhuac Castro, ha evolucionado según las necesidades del país y ha ido reformándose para que México sea un país más liberal y democrático.

Por ello, concluye el entrevistado, exhortar a que se restrinja esta figura jurídica significa quitarle armas a la ciudadanía y habla de un profundo desconocimiento del juicio de amparo; es un acto demagógico y peligroso que atenta contra el trabajo de generaciones enteras que han construido este fuerte andamiaje.

Aberrante improvisación legislativa        

Por su parte, el abogado, escritor y periodista Miguel Ángel Avilés Castro califica este punto de acuerdo propuesto por el diputado David Palafox como un grosero ejemplo que evidencia la disyuntiva en que se encuentra el poder Legislativo.

“El peligro de perder toda legitimidad a partir de la improvisación, la demagogia y lo inviable de muchas de las iniciativas que se presentan o recuperar las funciones parlamentarias asociadas a una representación democrática y a la preocupación por los temas en verdad sustanciales que requiere Sonora en el plano de la leyes”.

A decir de Avilés Castro, no es de ahora que los representantes populares estén interesados más en su posicionamiento personal pensando en futuros puestos y en promover ante los medios su figura personal o de partido, proponiendo ocurrencias irreflexivas, sin la justificación que demanda el proceso legislativo al momento de aprobar algo.

“Sabedores de que no habrá un monitoreo poslegislativo para evaluar el impacto o la viabilidad de lo que acuerdan y que no habrá un ojo avizor que les advierta lo absurdo de sus ocurrencias, se hacen propuestas como la que hizo el diputado David Palafox”.

Pero esta vez, subraya el entrevistado, con la ayuda de sus pares, tal acuerdo, aun cuando terminen ignorándolo en la Cámara de diputados, lesiona, así sea en grado de tentativa, a una de las figuras más eficaces que tiene el gobernado para defenderse de la actuación abusiva de la autoridad.

“Esta aberración del diputado en mención se debe a la improvisación demagógica con la que suelen actuar quienes se ven perjudicados por una resolución que ampara y protege al quejoso, porque la autoridad no hizo las cosas apegadas a derecho, pero también es causada por la ignorancia que se tiene sobre la historia constitucional”.