PGR permitió que se escondiera Padrés; deslices y errores ante el delito de lavado de dinero

Por Imanol Caneyada/

¿Veremos a Guillermo Padrés tras las rejas para cumplir una condena que hasta ahora es únicamente social? Según los antecedentes de la PGR a la hora de perseguir los delitos de “cuello blanco”, la respuesta es no

El pasado jueves 29 de septiembre, el periodista Carlos Loret de Mola, en su noticiero de la mañana, revelaba que un juez del Estado de México había concedido a la PGR una orden de aprehensión en contra del ex gobernador Guillermo Padrés.

Con el paso de las horas, la propia PGR confirmó que, en realidad, el Juzgado 12 de Distrito en materia penal con sede en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México había concedido la orden de aprehensión contra el ex mandatario por hallar causa probable en el delito de defraudación fiscal y operaciones con recursos de procedencia ilícita por un monto superior a los 8 millones de dólares.

El lunes 3 de octubre, el abogado de Guillermo Padrés, el ex procurador de la República Antonio Lozano Gracia, afirmaba que la defensa no había recibido aún ninguna notificación y que Padrés se hallaba a buen resguardo.

Una vez más, la PGR elegía litigar a través de los medios de comunicación a riesgo de violar el debido proceso; una vez más, el interés de la PGR parece más responder a una opinión pública que ansía ver tras las rejas al aún panista; una opinión pública que desconoce sobre las enormes dificultades que la PGR ha tenido a lo largo de los últimos años para acreditar debidamente ante un juez un delito como el que se le imputa a Padrés Elías.

Al filtrar a Loret de Mola la información, la PGR pretende poner presión sobre el juez que lleva la causa; de esta forma, si al final del día no pisa la cárcel, la opinión pública señalará al poder judicial.

¿Pero veremos a Guillermo Padrés tras las rejas para cumplir una condena que hasta ahora es únicamente social?

Por los antecedentes de la PGR a la hora de perseguir esta clase de delitos conocidos como de cuello blanco, la respuesta es no.

La estrategia del Gobierno federal es más política que judicial. En marzo de 2015, también a través de una filtración al periodista José de Córdoba, corresponsal de The Wall Street Journal en México, se daba a conocer a la opinión pública que la Secretaría de Hacienda investigaba a Guillermo Padrés y a su hermano Miguel por el mismo delito.

La filtración se daba en medio de los escándalos de corrupción que sacudían a la clase política mexicana en general y en particular al Gobierno federal.

Un mes antes, Carlos Aguirre, hermano del ex gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, y ocho personas más habían sido detenidas acusadas de un delito semejante al que se le imputa a Padrés Elías. Al ex gobernador guerrerense no pudieron acreditarle la probable comisión del delito, así que no fue detenido.

Cuatro meses después, el PRI sufría una de las peores derrotas electorales de los últimos años. Los analistas políticos achacaban dicha derrota a la corrupción galopante en el país.

En octubre de ese mismo año, Carlos Aguirre, el hermano del ex gobernador de Guerrero vinculado con la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapan, era liberado por el Segundo Tribunal Unitario de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región porque la PGR no pudo acreditar la acusación de lavar presuntamente 32 millones de pesos. Las otras ocho personas sí recibieron auto de formal prisión.

El caso de los hermanos Aguirre es muy semejante al de los hermanos Padrés. Y se trata del último fracaso de la PGR para acreditar el delito de lavado de dinero a un ex mandatario.

Según la información que obtuvo de la PGR la periodista sonorense Zorayda Gallegos para el diario español El País a principios de este año, de 2 mil 310 indagatorias abiertas en los últimos nueve años por lavado de dinero, poco más del 5% (132) han recibido una sentencia condenatoria por parte de un tribunal.

En el sexenio de Enrique Peña Nieto, el proceso estrella por lavado de dinero ha sido el mantenido contra Elba Esther Gordillo, la ex líder sindical de los maestros. En este proceso que aún no termina y por el que no hay una sentencia definitiva, la PGR también ha incurrido en deslices mediáticos que han comprometido el debido proceso.

Así, en mayo de 2014, un juez federal invalidó por dos veces la orden de aprehensión en contra de la conocida como la Maestra por no tener en cuenta la decisión del tribunal en materia de amparo.

En su momento, el abogado defensor de la Gordillo, Marco Antonio del Toro, acusó al entonces procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, del hecho de haber informado a la opinión pública de que un juez federal dictó un nuevo auto de formal prisión por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero contra Gordillo, dando por hecho que quedaba firme esa determinación, a sabiendas de que la misma tenía que ser revisada por un tribunal de amparo porque era sólo una mera propuesta de cumplimiento de sentencia.

Lo anterior coincide con el proceder de la PGR en el caso Guillermo Padrés y su filtración a la prensa de la orden de aprehensión liberada en su contra.

Volviendo al proceso de Elba Esther Gordillo, el pasado 14 de febrero, el Tercer Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito dictaminó que Elba Esther Gordillo podía seguir el proceso en prisión domiciliaria debido a su estado de salud y avanzada edad.

Expertos y analistas de este caso han coincidido en señalar que difícilmente la PGR podrá acreditar el delito de lavado de dinero y que la acción penal contra la Maestra se dio principalmente por motivos políticos, léase la entonces naciente reforma educativa.

En febrero de 2015, dos años después de la mediática detención, el pleno de la Cámara de Senadores exhortó a la PGR a presentar un informe sobre el proceso seguido a la maestra Gordillo a causa de la escasa y confusa información existente en torno al mismo.

En el informe “El lavado de dinero en México, escenarios, marco legal y propuestas legislativas”, elaborado por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública del Poder Legislativo en el pasado trienio, se señalaba entre otras debilidades que la normatividad en la materia no se aplica efectivamente como lo demuestra el muy escaso número de condenas judiciales en este delito, en relación con el tamaño de la delincuencia organizada, el escaso número de acusaciones, el volumen de informes de inteligencia, el número de informes sobre transacciones sospechosas y la magnitud y la complejidad del sistema financiero en México.

En un peligroso juego que puede llegar a ahondar en la frustración de la ciudadanía, la PGR ha llevado al terreno mediático los diferentes procesos que han abierto contra el ex gobernador, su familia y ex funcionarios de la pasada administración.

Lo anterior, aunado a la escasa cultura judicial que existe entre la población, puede terminar en el hartazgo y el repudio de los sonorenses ante la falta de resultados.

Hace mucho tiempo que la mayoría de los ciudadanos en Sonora acusó, juzgó y condenó a Guillermo Padrés, su familia y a muchos de los integrantes de su equipo por corrupción; el problema es que el sistema judicial no lo ha hecho y podría pasar que nunca lo hiciera.