Alza al salario mínimo, insuficiente y mentirosa

El aumento de 9% anunciado por el Gobierno federal no alcanzará para cubrir la canasta básica; la medida, justificada por la desaceleración mundial de la economía, es puesta en evidencia por los alegres salarios y pensiones que se autoasignan los servidores públicos

Por Imanol Caneyada

En medio de noticias en las que se daba a conocer que los diputados federales se aumentaban el salario para 2017 a casi dos millones de pesos anuales, se asignaban un bono navideño de 150 mil pesos o que en el Isssteson existen al menos 300 pensionados que reciben más de 100 mil pesos al mes, el anuncio del Gobierno federal de un alza del 9% al salario mínimo pone de manifiesto las abismales diferencias económicas existentes en el país y el cada vez más evidente rencor social que esto provoca, lo cual se traduce en violencia, inseguridad y delincuencia.

Ochenta pesos con cuatro centavos recibirá diariamente un trabajador a partir de enero de 2017, lo que se traduce en un salario mensual de poco más de 2 mil 400 pesos al mes, es decir, 28 mil 800 pesos al año; un obrero en una maquiladora percibirá un sueldo sesenta y seis veces menor que el de un legislador federal.

La medida, anunciada como un gran logro, aspira supuestamente a superar la línea de la pobreza de los mexicanos y que su salario cubra al menos lo que se conoce como la canasta básica.

Según datos del Índice Nacional de Precios al Consumidor, en mayo de este año la Canasta Básica mexicana costaba un promedio de 2,900 pesos mensuales. La canasta básica debe entenderse como el conjunto de productos necesarios para una vida digna en sus precios más baratos en el mercado.

Si tenemos en cuenta la inflación real programada para el año que viene de un 4%, la canasta básica aumentará 760 pesos, frente a los 578 pesos mensuales que recupera el salario mínimo después de la medida anunciada.

De esta forma, el objetivo de cubrir la canasta básica con el alza del salario mínimo no se alcanzará el próximo año y, por consiguiente, los niveles de pobreza se mantendrán e incluso irán en aumento.

Dentro de esta canasta básica no se incluyen gastos como renta, luz, gas y agua; vestimenta o los artículos escolares básicos.

Bombo y platillo

A pesar del desolador panorama, la medida fue anunciada por el Gobierno federal con bombo y platillo el 1 de diciembre, en una rueda de prensa en la que dieron datos que, en efecto, confirman el aumento histórico del salario mínimo, pero que ponen de manifiesto la también histórica desigualdad social que arrastramos en el país.

En los últimos cuatro años, a decir del secretario del Trabajo y Previsión Social, Alfonso Navarrete Prida, el salario mínimo ha tenido más aumentos que en los últimos cuarenta años, acumulando un 15% de alza al poder adquisitivo de los mexicanos.

El secretario del Trabajo justificó la insuficiente medida pintando un siniestro panorama económico para los años venideros, tanto a nivel mundial como nacional.

El crecimiento económico anunciado para México del 2% no alcanza a cubrir la demanda laboral que habrá en los siguientes años, a causa de lo que los economistas llaman el bono demográfico; es decir, en los próximos años al mercado laboral nacional se incorporarán muchos más jóvenes que nunca antes en la historia.

Así las cosas, el Gobierno federal presenta esta alza al salario mínimo como un gran esfuerzo y un gran triunfo del Estado, la clase empresarial y las organizaciones sindicales, dada la crisis y desaceleración económica en la que el mundo está inmerso.

Lo anterior no es del todo cierto.

Algunos estudiosos de la economía, como el doctor Luis Huesca Reynoso, investigador del CIAD, o el economista Thomas Piketty, una de las voces más críticas del capitalismo salvaje, han señalado que la desigualdad económica que vivimos se debe a la enorme codicia de la clase empresarial y a la debilidad de los gobiernos frente a las grandes transnacionales.

De tal suerte que la medida anunciada el 1 de diciembre por el Gobierno federal es tímida y abona a la cada vez más creciente brecha entre una minoría que detenta el poder económico y una mayoría que empobrece aceleradamente.

Una solución que muchos economistas han planteado (China es un ejemplo de ello) es la de que los gobiernos decreten un alza general a los salarios que garantice un verdadero aumento del poder adquisitivo y, por consiguiente, una real activación del consumo interno, sin que redunde en una espiral inflacionaria.

Para ello se necesitan gobiernos fuertes, una clase empresarial dispuesta a sacrificar un poco sus márgenes de ganancia, una política fiscal férrea que asegure que pagan más lo que más tienen en lugar de condonar impuestos y un gasto público controlado y de acuerdo a la realidad nacional.

Pero con la medida anunciada por el Gobierno federal y los alegres sueldos y pensionen que se autoasignan los servidores públicos, la apuesta sigue siendo la de acrecentar la brecha económica en una visión de corto plazo que puede llevarnos al estallido social.