Concesionarios quedan a deber transparencia del subsidio al Transporte

Con la aprobación de la nueva tarifa de transporte, las unidades que no cubran criterios de las Normas de Calidad no podrán cobrar nueve pesos y no tendrán derecho al subsidio

Por Gerardo Moreno

Los concesionarios del transporte público en Sonora no han sido transparentes con los recursos millonarios que reciben del gobierno del Estado y hasta el momento, nadie garantiza plena rendición de cuentas del subsidio de 15 millones de pesos mensuales autorizados por el Consejo Ciudadano del Transporte.

Y es que a través de la firma de diversos subsidios gubernamentales, desde hace años los transportistas se han visto beneficiados, sin embargo no se ha reflejado en mejor servicio, buenas unidades, menos tiempo de espera.

Un sistema aceitado con millones del Gobierno

Tan solo en el 2017 el Congreso del Estado aprobó un total de 218 millones 159 mil 600 pesos para subsidiar los pasajes gratuitos a estudiantes en periodo escolar y la tarifa preferente de cinco pesos para personas con discapacidad y de la tercera edad.

Además, durante los tres primeros meses del año, el Gobierno del Estado ofreció un “subsidio extraordinario” para que los concesionarios hicieran frente al incremento de la gasolina que se dio a partir del primero de enero y no se sabe a ciencia cierta dónde se utilizó.

El mismo presidente de Sociedad Integradora y Concentradora del Transporte Urbano de Hermosillo (Sictuhsa), José Luis Gerardo Moreno, aseguró que era de 800 mil pesos semanales y que por lo menos al cierre del mes de marzo se entregó puntualmente.

A como vea el camión, aplica nueva tarifa

Alrededor de éste panorama, el Consejo Ciudadano del Transporte Público Sustentable del Estado de Sonora aprobó el 29 de junio una “tarifa técnica” del transporte urbano para Hermosillo, Cajeme, Navojoa y parte de Guaymas, la cual según sus cálculos debía ser de 11.50 pesos.

El presidente del Consejo, Jesús Elierse Caballero, informó que esta determinación fue luego de un análisis del entorno económico, estructura de los costos de prestación del servicio donde se tomó en cuenta los incrementos al precio del diésel, compromisos financieros, mantenimiento, frecuencias de paso y lo estipulado en la Norma Técnica de Calidad “NTC-001-CCT-2017”.

Sin embargo, el martes cuatro de julio, la gobernadora del Estado, Claudia Pavlovich Arellano, envió al Consejo una propuesta donde se contemplaba un incremento de siete a nueve pesos (un 28.5% más) a la tarifa directa al usuario y un nuevo subsidio de parte del Ejecutivo de 15 millones de pesos mensuales para que se cubra la tarifa técnica del servicio, pero condicionado a que las unidades cumplan con las Normas de Calidad.

El CCT aprobó (con ocho votos a favor, dos en contra y una abstención) la propuesta de la gobernadora el jueves, donde se estipula que habrá una tarifa diferenciada en el servicio del transporte público, es decir, que las unidades que cumplan con la Norma cobrarán nueve pesos y las que no, será de ocho.

Además se deberá respetar en todo momento los dos pasajes gratuitos para estudiantes y la tarifa preferencial de cinco pesos para adultos mayores y personas con discapacidad.

“Sin calidad no hay aumento ni subsidio”

El Secretario de Gobierno, Miguel Ernesto Pompa Corella, explicó que la propuesta del Ejecutivo fue la más viable que obliga a todos a poner de su parte para mejorar el servicio: el usuario pagará dos pesos más, el Estado subsidiará con 15 millones al mes y los concesionarios deberán mejorar el servicio que prestan.

Pompa Corella precisó que unidad que no cubra las Normas de Calidad puestas por el Consejo no podrán cobrar la nueva tarifa y no tendrán derecho al subsidio, y si lo hacen serán sancionados por la Dirección General del Transporte (DGT).

Para esto, explicó que la misma DGT deberá seleccionar y marcar, previo a la entrada en vigor de la nueva tarifa, aquellas unidades que no podrán cobrar los nueve pesos porque no cubren las condiciones de calidad: que son el aire acondicionado, no tener cristales rotos, asientos cómodos y limpios, entre otros.

“Ya no habrá ningún pretexto, ellos (concesionarios) pedían una tarifa que se ajustará a las necesidades, si bien en cierto no fue el planteamiento que pedían (13 pesos), si se hizo un análisis y se está haciendo un esfuerzo por parte del usuario y por parte del Gobierno del Estado y ellos tendrán que poner su parte”, resaltó.

Con la nueva tarifa diferenciada el Estado estará entregando un subsidio de 180 millones de pesos anuales, un recurso extra a los 218 millones de pesos aprobados por el Congreso para el subsidio a estudiantes, adultos mayores y personas con discapacidad. Pero al momento se dejaron fuera las garantías que ese recurso sea ejercido con transparencia y rendición de cuentas.

Deuda histórica con el usuario

Guillermo Noriega Esparza, experto en temas de transparencia, aseguró que el problema con el sistema del transporte urbano en Sonora es que hay una deuda histórica con el usuario porque el Estado concesionó el servicio pero no obligó a que haya una verdadera rendición de cuentas.

En entrevista para Primera Plana, aseguró que los concesionarios del transporte público en Hermosillo y Sonora, alegando que son empresas privadas se niegan a explicar cuánto recurso reciben de los ciudadanos por el servicio que prestan, y en los últimos años tampoco rinden cuentas de los subsidios millonarios que también reciben del Gobierno del Estado.

Explicó que los concesionarios están doblemente obligados a ser transparentes con el recurso y las utilidades que reciben, ya que primero están dando un servicio público donde tienen que rendir cuentas, aun y cuando esté concesionado, y en segundo lugar por los recursos públicos en subsidios.

“Su condición de privados no les exime de acatar la Ley General de Transparencia y ahora también la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y ahí sí deben de tener cuidado”, resaltó.

Noriega Esparza precisó que ahora que se anunció un incremento a la tarifa directa para el usuario y un subsidio extra del Estado, lo único que se está haciendo es garantizar la utilidad y ganancia de los concesionarios sin garantizar, hasta el momento, condiciones mínimas de transparencia en el uso de estos recursos.

Además esos 180 millones de pesos anuales del subsidio del Ejecutivo deberán salir del presupuesto que se tiene aprobado para otras dependencias, donde siempre se reducen los programas sociales.

“No hay que caer en falsos debates, ese dinero que se otorga de subsidio es dinero que deja de entrar al presupuesto Estatal. Deja de entrar a salud, deja de entrar a educación, que deja de entrar a otros presupuestos sociales para destinarse a que exista que exista un orden y una movilidad suficiente en el transporte, pero no la hay”.

Estado, obligado a exigir cuentas a transportistas

En ese sentido, el Estado es el principal responsable de que se garantice estas condiciones de transparencia y rendiciones de cuentas en el recurso que entra al servicio del transporte. Por eso dijo que la presión sobre los concesionarios deben ser tan fuerte y constante que si alguno no cumple se les debe sancionar y hasta cancelar concesiones.

“Al Estado siempre le tiembla la mano para poner en orden a los concesionarios… y quien siempre sale perdiendo es el usuario, porque se le carga la mano en tarifa, no recibe un servicio de calidad y también pierde porque el subsidio se paga de nuestros impuestos y se le reducen los presupuestos sociales para pagarlo; sale perdiendo por tres lados”, indicó.

Sin embargo, señaló que el actual Gobierno se le ha notado la voluntad de buscar implementar prácticas y políticas acertadas en materia de transparencia y por eso dijo que espera se logre algún mecanismo o diseño institucional distinto que de una vez solucione este problema.

Incremento a tarifa debe ligarse a calidad y planeación 

El sistema de transporte en la capital sonorense debe crecer con planeación, flexibilidad y con una visión de sustentabilidad, para ofrecer un servicio de calidad a los usuarios, consideró Bernardo Baranda Sepúlveda.

El director Regional para Latinoamérica del Instituto de Políticas para Transporte y Desarrollo (IPTD), con sede en la ciudad de México, recordó que todo sistema debe estar enfocado a mejorar la calidad de vida de la población con traslados más rápidos, seguros, entre otros criterios.

En entrevista para “Primera Plana”, el experto en políticas de movilidad, afirmó que todo incremento a la tarifa de transporte debe verse reflejado en mejoras al servicio.

Y aunque, reconoció, son decisiones que se deben entrar con voluntad política, es importante considerar estudios técnicos así como acuerdos con los operadores y de cara a la ciudadanía.

¿Hacia dónde deberían de ir encaminadas las políticas de movilidad de ciudades como Hermosillo?

Sé que Hermosillo tiene unas condiciones que también son un reto, como el hecho de que la ciudad es grande, con densidad no tan alta y no ayuda. Se ha dispersado mucho, como al estilo de las ciudades americanas. Pero es positivo que se busque mejorar el transporte público. Desde luego si va haber un incremento, que esté asociado con mejoras en el servicio.

Lo que recomendamos es que se establezcan lineamientos de calidad en cuanto tiempo de recorrido, frecuencia, seguridad, información al usuario como aplicaciones.

También mejoras en la infraestructura, generalmente parte de la responsabilidad gubernamental, la regulación. Y de los concesionarios también, empezar a transitar a empresas que desde luego tengan ganancias, pero estén ligadas a estándares de un servicio de calidad.

¿Cuáles han sido los casos de éxito en otras ciudades del país o Latinoamérica en cuanto a modernización y transporte sustentable?

A nivel del país está el caso del metrobús de la Ciudad de México, un sistema que ha reducido los tiempos de traslado, aumentado la seguridad, faltaría que crezca más la red pero finalmente el sistema funciona bien. En Latinoamérica Medellín es un caso interesante, es una escala más parecida a Hermosillo, tiene varios sistemas de transporte, BRT (Autobús de Tránsito Rápido), tranvía, lo ha hecho muy integrado. Cali, también es un ejemplo. Curitiba, Brasil, lo hizo en los setentas con una planeación integral de transporte con la planeación urbana.