Contraloría “recorta” a Comisarios Ciudadanos y les queda debiendo

El programa que el Gobierno del Estado tenía activo desde 2004 fue cancelado por el Contralor Guillermo Noriega sin dar explicación; los afectados denuncian adeudos y ahora buscan audiencia con el Gobernador Durazo

Por Gerardo Moreno Valenzuela

Desde finales de diciembre del año pasado el Contralor General de Sonora, Guillermo Noriega Esparza, tomó la decisión de despedir a todas las personas que se desempeñaban como “Comisarios Públicos Ciudadanos”, quienes desde el 2004 ayudaban a vigilar el actuar de las diferentes dependencias paraestatales; pero además les quedaron debiendo lo últimos tres apoyos mensuales, que a la fecha no les han cubierto.

El grupo integrado por los Comisarios ciudadanos, denunciaron que los engañaron, ya que el día tres de noviembre los citaron en la Contraloría donde los nuevos funcionarios les dijeron que los estaban ratificando en sus cargos con un nuevo nombramiento firmado por el propio Noriega Esparza, y ahí mismo les hicieron firmar los recibos de nómina de los meses de octubre, noviembre y diciembre.

Sin embargo, en diciembre les notificaron de forma verbal que el programa había quedado suspendido y por eso sus servicios ya no serían requeridos, pero no les informaron cuándo les pagaría los últimos tres apoyos mensuales.

El grupo señala que por sus servicios se les pagaba cuatro mil pesos mensuales a cada uno, y ellos se encargaban de cubrir las funciones que el mismo contralor en turno les asignaba para vigilar el actuar de las entidades paraestatales, desde sus informes financieros, cumplimiento de metas, adquisiciones, hasta detectar irregularidades administrativas y atender denuncias contra funcionarios públicos.

Aseguraron que les querían decir que no estaban dentro de la estructura de la Contraloría General, incluso les quisieron llamar “aviadores”, pero informaron que la misma Ley y los reglamentos internos de la Contraloría los contemplan.

Es en el artículo 57, capítulo IV, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, donde se contempla la figura del Comisario Público Ciudadano, junto al Comisario Público Oficial, quienes son designados directamente por el Titular de la Contraloría Estatal.

En el “Manual de Actuación del Comisario Público”, elaborado desde el 2004, señala en su artículo cuarto que: “Los Comisarios Públicos se clasifican en Comisarios Públicos Oficiales, los cuales estarán adscritos a la Secretaría y los Comisarios Públicos Ciudadanos, quienes prestarán un servicio social al Gobierno del Estado y serán seleccionados de entre diferentes sectores de la sociedad”.

Se detalla que podrán ser Comisarios Públicos Ciudadanos, personas de la sociedad civil que cuenten con algún tipo de experiencia en la administración pública o del sector privado, y estén en disponibilidad para prestar un servicio social al Gobierno del Estado; serán seleccionados y adscritos a las entidades correspondientes por el titular de la Secretaría y la prestación del Servicio Social será por tiempo indefinido.

Sus facultadas son: “tendrán las funciones básicas de vigilancia, para lo cual asistirán a las reuniones de los Órganos de Gobierno de las Entidades e intervendrán en sus deliberaciones, participando con voz, pero sin voto; podrán cuestionar cualquier asunto relacionado con el funcionamiento de la entidad y rendirán un informe al Titular de la Contraloría en relación con las decisiones y acuerdos tomados, sin perjuicio de que puedan además ejercer cualquiera de las atribuciones a que se refiere el punto 10 del presente Manual”. (art. 12)

Pero ante su despido, que consideran injustificado ya que están dentro de la estructura orgánica de la Secretaría de la Contraloría por Ley, que habían recibido ratificación por el propio titular de la dependencia y además que les deben sus últimos tres apoyos mensuales; desde el pasado 20 de enero empezaron a solicitar audiencia ya sea con el mismo Guillermo Noriega o con su secretario particular, que supuestamente los recibiría, pero no fueron atendidos.

Por eso, ahora buscan una audiencia con el propio Gobernador del Estado, Alfonso Durazo Montaño, a quien le están solicitando su intervención para que se les pague al menos los adeudos de los meses de octubre a diciembre, y de ser posible lograr que se les reinstale en su puesto, el cual han ejercido cumpliendo leyes, normas, encomiendas y rindiendo informes desde hace 17 años.