Abandonan a gente del río Sonora

Por Gerardo Moreno Valenzuela

La complicidad entre instituciones de gobierno y Grupo México, aunado a la falta de transparencia e incapacidad de las autoridades de procuración de justicia, han ocasionado que el proceso de remediación a ocho años del derrame tóxico en el Río Sonora, siga estancado y aún con voluntad política las amenazas siguen presentes y son más grandes.

Por aniversario del derrame sobre los ríos Sonora y Bacanuchi, el Colegio de Sonora realizó el panel “Una Revisión a ocho años del desastre Minero”, donde se presentaron las conclusiones de las diferentes investigaciones y tesis realizadas.

La conclusión es que lamentablemente las autoridades ocultaron información pública como las acciones del Fideicomiso Río Sonora, mediciones de metales pesados en pozos y la cancelación de proyectos de remediación, dejando que Grupo México se salga con la suya a costa de la salud de personas, el medio ambiente y el estilo de vida del Río Sonora.

Crisis ambiental, entre dinero, trabas y opacidad

La Doctora Nohemí Haro Velarde, presentó los hallazgos de su tesis doctoral donde analizó a fondo la aplicación del Fideicomiso Río Sonora, y encontró que desde un inició las autoridades de Semarnat y Profepa, ayudaron a minimizar el impacto del desastre.

Todavía sin tener resultados sobre la afectación, comenzaron negociaciones con la empresa, donde primero llegó acuerdos económicos con los alcaldes por alrededor de 300 millones de pesos, luego Semarnat y Profepa firmaron un “mecanismo alternativo de solución” por 500 millones, sin antes saber la magnitud del daño.

Luego se formalizó el Fideicomiso Río Sonora y se subió a dos mil millones la cantidad para la reparación del daño. Pero, al final se extinguió en 2017 sin haber gastado todo el recurso y sin cumplir su objetivo.

El problema es que la información del Fideicomiso se declaró como reservada y fue necesario años de una lucha, amparos, impugnaciones y recursos de revisión, para tener acceso al expediente completo y darse cuenta que no cumplió su objetivo.

“Una herramienta muy importante para retrasar el cumplimiento de los fines, fue precisamente que la información se reservó, el discurso de las dependencias a dos años era que se estaba trabajando, todavía, que se iban a construir las potabilizadoras, cada año emblemático el discurso político era el mismo con el aval de las instituciones, sin embargo, el fideicomiso ya estaba extinto”.

La Ley no protege

Por su parte la doctora María Fernanda Ibarra Becerras, presentó sus conclusiones del análisis de la lucha legal de estos ocho años por los habitantes del Río Sonora, donde lamentablemente la pandemia frenó toda acción.

Dijo que se han interpuesto 14 juicios de amparos, tres acciones colectivas y algunos mecanismos alternativos para buscar justicia y hacer que Grupo México se haga responsable, todos incluidos dentro la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, pero encontraron muchos obstáculos y aunque hubo victorias, ninguna fue definitiva.

“Existían estos nuevos mecanismos, pero no estaban funcionando. Las personas, los promoventes, los abogados estaban teniendo obstáculos para desarrollar su proceso, operadores judiciales que no tenían experiencia en temáticas de medio ambiente y que estaban sobreseyendo casos por cuestiones que atentaban a la lógica, como no saber que una cuenca abarca todos los lugares donde llega el agua y ellos decían que el desastre ocurrió en Cananea, entonces la demás gente no estaba siendo afectada”.

Al momento quedan cuatro juicios activos, uno fue por la nueva Presa de Jales que se puso en operaciones Grupo México en 2019, donde hubo una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación los obligó a que consultarán a los ciudadanos afectados, al final se vino la Pandemia, pararon los tribunales y ahora se encontraron que un Juez ya mandó archivar el asunto legal.

En cuanto al Fideicomiso, se logró un amparo contra su cierre porque había cuestiones pendientes y la remediación no fue efectiva, se reabre el caso y se manda que se hagan reuniones informativas, pero no avanza la justicia, ahorita hay 27 laudos pendientes de sentencia y siguen esperando.

Al final, el problema es que no hay jueces, peritos, ni operadores expertos en temas ambientales y no los están capacitando, las autoridades aseguran que los casos no son suficientes para abrir este tipo de salas, y por eso los desastres ambientales entran en materia administrativa y ahí duermen el sueño de los justos.

“Los avances que estamos viendo ahorita, con independencia de que sí hubo esfuerzos aislados con respecto a las defensas jurídicas, creo que obedecen más a un contexto político que a un marco jurídico que tenemos actualmente en nuestro país, y tendríamos que empezar a hacer reflexiones con respecto a eso”.

No hay remediación al daño ecológico 

El investigador Rolando Díaz Cervantes, integrante del Observatorio del Río Sonora del Colson, presentó el análisis de las plantas Potabilizadoras, que de inicio era la principal medida de remediación y a ocho años simplemente no funcionan, por lo que, dijo, no se puede decir que se restituyó el derecho al agua.

La Organización de las Naciones Unidas lanzó en 1999 la “Estrategia Internacional para la Reducción de los Desastres”, donde marca que una tragedia como la del Río Sonora es una interrupción grave del funcionamiento de una comunidad que excede la capacidad de los mismos a hacerle frente con sus propios recursos y por eso requiere una restauración del daño. Para esto contempla tres fases:

El Corto Plazo, dura días o semanas, consisten en mantener los servicios de emergencia y evitar que se incremente el daño; el Mediano Plazo, dura meses, consiste en el restablecimiento de los sistemas básicos dañados; y el Largo Plazo, es de un mínimo de años, y consiste en la mejora de todos los sistemas, recuperando la situación social y condiciones de vida a como estaban antes del desastre o incluso mejores.

“Sostenemos que ya deberíamos estar en la fase de recuperación total o en el término de la fase a largo plazo… sin embargo, a ocho años del desastre, aun no se cumple ni siquiera con la fase a mediano plazo, que debió ser de un año, pues no se han reestablecido los sistemas básicos como el agua potable y salud”.

Uno de los puntos más emblemáticos era resarcir el derecho al agua potable libre de contaminantes, por eso al inicio se hizo el compromiso de instalar 37 plantas potabilizadoras para metales pesados. Pero luego se bajó a 20 y finalmente se construyeron solo 10 (seis fijas y cuatro móviles) y ahora solo dos sirven.

Además, se confirma que hay contaminación en los pozos y aguas superficiales, pues tanto los monitoreos hechos antes de cerrarse el fideicomiso como los últimos realizados por la nueva administración federal, lo demuestran.

También, están los alarmantes resultados de presencia de metales pesados en sangre y orina de los habitantes del Río Sonora, confirmando lo que se advertía desde hace años, que el agua que utilizan está contaminada y no se han hecho las acciones suficientes ni adecuadas para reparar este daño.

El colmo: construyeron una nueva y enorme presa de jales

Por otro lado, el doctor Díaz Cervantes aclaró que ahorita todavía se advierte una gran influencia de la empresa, viendo que opera una nueva presa de jales, que es mucho más grande y está mas cerca de la población de Bacanuchi y de la cuenca del Río Sonora, que la derramada en 2014.

Explicó que, como parte de las acciones del Observatorio del Río Sonora, se analiza mediante imágenes actualizadas de satélite la nueva presa de jales, la cual ya se está llenando de materiales tóxicos y representa una amenaza.

“Se ve una proyección de cuatro mil hectáreas, que es el doble de la presa de jales que está a un lado de mina que es de dos mil hectáreas, aproximadamente, entonces consideramos las dimensiones que puede tener esta presa de jales que ya ahorita ya tiene 405 hectáreas, visto en superficie desde los satélites”.

Recordó que esta nueva presa se empezó a construir en 2017, apenas tres años después del derrame de tóxicos sobre el Río Sonora, y pese a una lucha legal, comenzó operaciones en 2019 y ahorita sigue creciendo y almacenando residuos de la mina, que amenazan a la población de Bacanuchi y el Río Sonora.

Por lo tanto, las conclusiones a las que se llegó en los paneles es que sí hay afectación a la salud, en la calidad del agua, al medio ambiente y en las actividades económicas en el Río Sonora; y a ocho años de distancia no hay remediación, porque el poder político y económico así lo han querido.

Y aunque actualmente parece haber voluntad política para hacer algo, sin un verdadero plan de remediación y modificaciones legales que lo avalen, la situación para el Río Sonora sigue siendo complicada y la afectación puede ser irreversible.