CARTA ABIERTA A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA

C A R T A  A B I E R T A

A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA,

A LOS DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE SONORA,

A LA SOCIEDAD SONORENSE:

En fechas recientes el tema del cambio de la ley orgánica actual de la Universidad de Sonora ha sido motivo de entrevistas, análisis y reflexión tanto en los medios de comunicación como por destacados representantes de la sociedad. Incluso varios exrectores y otros miembros de la comunidad universitaria hemos sido entrevistados para dar nuestro parecer ante un “inminente cambio” a la actual Ley 4, vigente desde noviembre de 1991.

Es de señalarse que el Colegio Académico de la Universidad, ya en octubre de 2021, nombró una comisión especial que, después de consultar a la comunidad universitaria por diversos medios a lo largo de varios meses, entregó en 2022 un anteproyecto para proponer cambios a la ley orgánica. En dicho anteproyecto se proponían modificaciones a la ley orgánica sin alterar la estructura académica de la institución.

Esta semana el H. Congreso del Estado recibió de C. Gobernador una iniciativa para modificar la ley orgánica de la Universidad de Sonora cuyo contenido difiere sustancialmente de lo propuesto por el Colegio Académico. Es a esa iniciativa a la que deseo referirme y expresar algunas consideraciones, sólo las relativas a la organización académica de la Institución, dada su transcendencia y lo que podría implicar para nuestra máxima casa de estudios, y por supuesto para el futuro del Estado de Sonora.

Primero que nada, debo expresar que soy partidario de realizar cambios a la actual ley orgánica. La razón es muy simple: el mundo ha cambiado mucho en treinta años; nuestra nación, por su parte, vive grandes transformaciones en su marco jurídico, político, económico y social. El estado de Sonora también se ha transformado y su futuro luce alentador si aprovechamos su posición geográfica, diversidad, riqueza culturar y natural, y por supuesto su capital humano.

Las universidades son expresión y resultado de una sociedad que está cambiando a una velocidad e intensidad nunca vistas. Su razón de ser o misión esencial es cada vez más necesaria: formar con rigor científico y calidad a quienes tienen el privilegio de acceder con pleno derecho y responsabilidad a alguno de sus reconocidos programas educativos.

El cambio está en la esencia misma de lo universal y por consiguiente de la universidad. El amor a la sabiduría, a las artes, a la ciencia y el uso humanista de la tecnología deben estar presentes en los universitarios. Pero el cambio fructífero, que da luz y fortalece la vida y el espíritu universitario, debe partir de un diagnóstico profundo y responder a un plan de desarrollo que ofrezca respuestas a las preguntas básicas: ¿para qué cambiar?, ¿cuáles son los beneficios del cambio? En el caso que nos ocupa, ambas preguntas están por responderse.

Considero necesario que después de tanto tiempo haya necesidad de hacer modificaciones a la ley orgánica para ajustar algunos procesos, para alinearla con las nuevas leyes generales de educación y para incorporar temas que han tomado relevancia como la transparencia y rendición de cuentas, los derechos humanos y la equidad, pero eso no debe llevar a desdeñar los beneficios que el modelo actual de la universidad ha aportado a su desarrollo, así como olvidar las dos décadas de conflictos que lo precedieron, que se multiplicaron durante la vigencia de la Ley 103, anterior a la actual, y llevaron a la Universidad de Sonora a la insolvencia financiera, el desorden institucional y el deterioro académico.

La Universidad de Sonora en las últimas tres décadas, ha sido reconocida a nivel nacional como una de las mejores instituciones de educación superior estatales. Ello ha sido posible gracias a la estabilidad que ha propiciado el modelo y la estructura organizacional vigente, así como al liderazgo ejercido atinadamente por sus órganos colegiados, como son la Junta Universitaria, los Consejos Académicos y los Consejos Divisionales, lo mismo que el arduo trabajo de las rectorías emanadas de la ley orgánica actual.

Así que considero necesario que, en relación a esta iniciativa de ley, sean consultadas todas las partes interesadas en la institución y recibidas con beneplácito todas las propuestas tendientes a mejorar la actual ley, para que las instancias responsables las analicen y revisen, con la mayor participación posible de los distintos sectores sociales, académicos, de trabajadores y estudiantes universitarios. La democracia, aun con todas sus imperfecciones, es la mejor forma de tomar decisiones. Las universidades, sobre todo, están obligadas a ser ejemplo de integridad, rendición de cuentas, transparencia y aplicación del rigor científico.

Los ciudadanos exigen el uso responsable de los recursos económicos provenientes de sus contribuciones e impuestos. Por ello, la Universidad de Sonora no debe correr el riesgo de volver a presentar los graves problemas financieros que enfrentó en el pasado y la excesiva concentración en la toma de decisiones dado que provocarían un retraso en el avance de la institución.

Ante los logros evidentes obtenidos durante las últimas tres décadas, los órganos de gobierno e instancias administrativas deben fortalecer e impulsar los procesos de modernización de los programas académicos y de investigación. Pero eso solo se logra con estructuras administrativas y de gobierno flexibles, ágiles y eficientes. El actual modelo y estructura organizacional tiene más posibilidades de adaptarse a las nuevas exigencias del entorno y los acelerados cambios tecnológicos.

Así que el promover la centralización y la toma de decisiones con grandes grupos de personas, como sucedía antes de la ley 4, generaría retrasos tanto académicos, como laborales y financieros. Sería un error volver a un modelo que ya demostró su inoperancia e ineficiencia.

La Ley 4 se basa en un modelo departamental que busca la desconcentración de la toma de decisiones académicas y administrativas, así como la institucionalización de la planeación, el control y la evaluación; y establece una serie de equilibrios entre la junta Universitaria, máxima autoridad académica, y la Rectoría, máxima autoridad administrativa.

La organización académica de la Ley 4 se basa en Unidades Regionales a cargo de vicerrectores; Divisiones a cargo de directores, y Departamentos a cargo de jefes. Las Unidades Regionales permiten dar la misma atención y oportunidades a los profesores y estudiantes de todas las regiones del Estado; las Divisiones se enfocan a la atención de los alumnos a través de las diferentes carreras y posgrados de un área, por ejemplo, la ingeniería, las ciencias exactas, o las humanidades. Los Departamentos agrupan a los profesores de una o varias disciplinas afines, como por ejemplo Matemáticas, Sociología o Letras.

La misión de las Divisiones es vigilar la calidad y relevancia de las carreras y posgrados que ofrece la Institución, así como promover la creación de otras. La misión de los Departamentos es promover la calidad y relevancia de la investigación y de proporcionar los servicios docentes a demanda de las carreras y posgrados que dependen de las divisiones. Esto significa que los estudiantes están asignados a las Divisiones y los profesores e investigadores a los Departamentos.

Considero que esta organización es flexible y permite crear o suprimir carreras y posgrados sin afectar a los profesores, facilita los estudios interdisciplinarios, y, a través de troncos comunes, evita la pulverización de grupos y propicia la interacción entre estudiantes de diferentes carreras de cada división.

La iniciativa de ley referida elimina las vicerrectorías y sustituye a los vicerrectores por administradores, llamándolos directores de Campus, nombrados directamente por el rector.

Se propone que los departamentos de los distintos campus se incorporen a las divisiones del campus Hermosillo, las cuales se llamarían ahora Facultades Interdisciplinarias. Al hacer esto, las unidades foráneas quedan como una especie de apéndices del campus Hermosillo y se reduce la posibilidad de que puedan tener un desarrollo propio, según la perspectiva y necesidades de su región. Es evidente la intención de concentrar la toma de decisiones en la Unidad de Hermosillo.

Otro cambio que se propone es que las carreras regresen a los departamentos, los cuales estarían gobernados por un Colegio Departamental paritario integrado por alumnos y maestros. Esto significa volver atrás al sistema de escuelas de la Ley 103, bajo el cual se crearon grupos que se adueñaron de esos consejos, llevando a varias escuelas al aislamiento y al incumplimiento de la Ley Orgánica, para “autogobernarse”. En estos Colegios Departamentales paritarios, la mayoría de los estudiantes serían de licenciatura y decidirán sobre planes y programas de estudio, tanto de licenciatura como de posgrado, sobre la designación de coordinadores de carrera, sobre la carga académica de los profesores y aprobarían los proyectos de investigación.

Otro inconveniente, es que al quitar a las Divisiones el alumnado y el manejo de los planes y programas de estudio, éstas se convierten en instancias administrativas a cargo de un Coordinador General, con la posibilidad de que podrían ser ignoradas, dado que los Departamentos estarían ahora representados directamente en el Colegio Académico.

En lo referente a la integración y facultades del llamado Colegio Académico, la iniciativa de ley sugiere una marcada regresión a la Ley 103. ¿Por qué afirmo esto?

El Colegio Académico sería el responsable de nombrar al rector de una terna que le presente la Junta Universitaria, que ahora se llamaría Consejo de Gobierno. Esta nomenclatura es equívoca, porque explícitamente se está proponiendo que sea el Colegio Académico la máxima autoridad de gobierno.

Pero lo que considero más grave, por su inoperancia funcional, es que la iniciativa de ley propone que el Colegio Académico esté integrado por alrededor de 130 personas, más de tres veces el número de componentes del antiguo Consejo Universitario, de los cuales aproximadamente la tercera parte serían estudiantes.

La idea no es nueva, tiene su referente en el antiguo Consejo Universitario de la Ley 103, pues el Colegio Académico sería como dicho Consejo, que con el pretexto de ser la autoridad máxima pretendía decidir sobre cualquier asunto de la Universidad, invadiendo funciones de otros órganos, incluso aquellas explícitamente establecidas en la ley.

Al inicio de nuestra gestión al frente de la rectoría en 1989, el Consejo Universitario era un órgano ineficiente con más de cien asuntos importantes pendientes, que tenían que esperar meses o años para su atención, y por más que intentamos reducir el rezago mediante una mayor frecuencia y duración de las sesiones, el cambio fue insignificante porque el interés de los consejeros estaba en los asuntos relacionados con temas electorales, que eran permanentes; pero lo más doloroso era la frivolidad con que se tomaban decisiones puesto que al hacerlo no se adquiría responsabilidad alguna.

Además de los cambios señalados, tendientes a concentrar la toma de decisiones en el Colegio Académico y la Rectoría, también se propone la desaparición de tres Consejos Académicos y los siete Consejos Divisionales de las unidades foráneas a cambio de la creación de 39 Colegios Departamentales, lo cual nos muestra que la iniciativa de ley no simplifica la estructura académica de la Universidad.

Existen otros puntos que podrían comentarse, pero en beneficio de la brevedad solo reiteraré que la iniciativa representa un retroceso hacia una nueva versión de la Ley 103, que tanto perjudicó a nuestra Institución.

Sonora y los sonorenses merecen una Universidad de Sonora que cumpla cabalmente, con calidad y pertinencia, sus objetivos de crear, enseñar y difundir la ciencia, la tecnología, las humanidades, las artes y la cultura general.

La democracia, sobre todo en una universidad pública, debe propiciar procesos flexibles y eficientes que respondan a las necesidades y expectativas de una sociedad cada vez más participativa, analítica y consciente de sus derechos, a fin de que el esfuerzo colectivo de quienes tienen algún puesto o responsabilidad en la institución se traduzcan en programas educativos y de investigación de alta calidad que no solo sean reconocidos a nivel nacional sino internacional.

Finalmente, expreso mi convicción de que la mejor acción democratizadora que una sociedad puede ofrecer es una educación de calidad.

Hermosillo, Sonora, México; a 10 de febrero de 2023.

ATENTAMENTE

Mat. Marco Antonio Valencia Arvizu.