Despierta indignación, caso de explotación infantil en Hermosillo

Por Gerardo Moreno Valenzuela

Tras el anuncio de la Fiscalía General de la República (FGR) sobre el rescate de 10 niñas y niños originarios de Chiapas, que habían sido mantenidos en cautiverio en Hermosillo y obligados a pedir dinero en las calles —algunos haciendo malabares, otros con pancartas que pedían comida o agua—, la indignación social no se hizo esperar. Desde distintos espacios de la sociedad civil se levantaron voces que exigen justicia, castigo para los responsables y, sobre todo, garantías para que algo así no vuelva a repetirse.

Michelle Lucero, directora de la Fundación Nueva Generación Sonora —organización que investiga las principales problemáticas que enfrenta la niñez en el estado—, subrayó que este caso debe estremecernos como sociedad y recordarnos que la infancia no puede seguir siendo invisible.

“Nos sentimos muy consternados, definitivamente es algo que nos debería indignar como sociedad, la realidad es que esto está sucediendo todos los días y tenemos que reconocerlo, el caso de 10 niños rescatados por las autoridades que eran víctima de explotación, por parte de adultos que buscaban aprovecharse de ellos, nos pone en un estado de mucha sensibilización y conciencia de los que están viendo algunas niñas, niños y adolescentes en nuestro estado, nos muestra una realidad”.

Obligados a mendigar en las calles

Fue el 16 de octubre cuando la FGR informó que mediante la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Sonora, se ejecutó una orden de cateo, dentro de una carpeta iniciada por delitos previstos y sancionados en la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos de Trata de Personas, en un domicilio ubicado en la Adolfo López Mateos, en Hermosillo, logrando rescatar a 10 menores, tres adultos y detener a dos personas.

“En el lugar los elementos policiales lograron la detención de Erasmo «O» y Cecilia “V”, luego de localizar y resguardar a diez menores de edad y a tres adultos que mantenían cautivos y que eran originarios de Chiapas”.

El comunicado señala que en el inmueble había dos cartulinas y ocho tarjetas con leyendas escritas propias de la mendicidad, 18 actas de nacimiento, cinco pelotas, tres teléfonos celulares, recipientes con monedas y billetes y otros objetos del delito que fueron asegurados.

Además, las personas rescatadas, fueron canalizadas a elementos de la Cruz Roja y quedaron resguardadas en un albergue de la ciudad, mientras que el Ministerio Público Federal (MPF), será el encargado de continuar con las investigaciones y los trámites legales correspondientes, conforme a derecho.

La denuncia es clave

 Ante esto, Michelle Lucero aclaró que el caso debería indignar más a la sociedad de lo que está generando y es una muestra de cómo nos hemos vuelto insensibles a la realidad que sufren muchas niñas y niños en Sonora.

“Como sociedad debería de consternarnos, no lo veo, creo que hace falta indignarnos más, que este caso tome mayor presencia, como medios de comunicación, como familias, debemos tomar las medidas necesarias para empezar a identificar lo que está sucediendo a nuestro alrededor, en los cruceros, en los semáforos, hay niños limpiando vidrios, pidiendo dinero, afuera de las tiendas y esto se está haciendo aparte de una cotidianidad”.

El tema, dijo, es saber qué podemos hacer como sociedad, que le corresponde a cada uno como persona para que esto ya no suceda, y también que le toca hacer a las autoridades, todas las competentes, donde se pide una pena máxima.

Los niños no son mercancía 

“No solamente a la Fiscalía, para que lleve a cabo la investigación de este caso, sino que también pedimos un posicionamiento de parte de las instituciones, DIF municipal, Sipinna, la Procuraduría de la Defensa de las Niñas, Niños y Adolescentes, los niños y adolescentes tienen derechos… estamos hablando de estas condiciones mínimas que todos deben tener, como no al trabajo infantil, no ser víctimas de explotación y de violencia”.

Aclaró que todos los niños merecen estar en la escuela, haciendo tareas, cumpliendo con sus obligaciones de formación en esta etapa tan trascendente para sus vidas, pero un niño siendo víctima de explotación sufriendo abuso y violencia, trunca su desarrollo.

“Ligamos este caso también con los 70 mil niñas, niños y adolescentes que están en situación de trabajo infantil, de acuerdo con estadística del INEGI del 2022, aquí en nuestro estado. Y no estamos hablando de trabajo infantil en condiciones supervisadas y bien cuidadas… estamos hablando de condiciones que los ponen en riesgo, en cruceros, en construcción, afuera de bares, de jornaleros, con horarios prolongados, este tipo de actividades que los ponen en situación de peligro”.

Como mínimo, dijo que lo que se tiene que hacer es al ver que hay una niña o un niño en una situación de trabajo infantil, en situación de riesgo, explotación o trata, o es víctimas de violencia se tiene que reportar inmediatamente al 911 o de forma anónima al 089.

“Los niños no son mercancía, no podemos abusar de ellos, no podemos explotarlos, no podemos verlo como algo aceptable, como sociedad nos debe indignar lo suficiente para hacer algo al respecto, para tomar conciencia y decir si veo a un niño en la calle pidiendo dinero, trabajando v bajo una condición de riesgo, voy a reportarlo, voy a hacer lo que me corresponde”.

Hasta 22 años de cárcel

 Por su parte el doctor Jorge Pesqueira Leal, abogado y encargado del albergue Ciudad de los Niños, en Hermosillo, explicó que en México existe un amplio marco legal para castigar la trata de menores, sobre todo cuando se determina que un adulto se aprovechó de ellos para tener beneficios económicos personales, donde la pena que pueden alcanzar es de hasta 22 años y medio de cárcel.

Explicó que, si una persona obliga a otra a una persona vulnerable a pedir dinero, ya sea una niña o un niño, alguien de origen indígena o afromexicano, personas con discapacidad, mujeres con niños en brazos, embarazadas o un adulto mayor, incluso si lo hace con anuencia, es considerado mendicidad forzada.

Detalló que existe una Ley General de prevención y sancione de la trata de personas, y de protección y asistencia de víctimas de este tipo de delitos. Sin embargo, dijo cuándo hay una ley general se supone que cada estado debe homologar y regular esa figura, en este caso la trata de personas, pero en Sonora solo se atiende el apartado de víctimas y la investigación y sanción se lo dejan a la Federación.

“Las penas contempladas son muy altas, cuando lo que están haciendo es en beneficio económico, estas usando personas para beneficiarte, y en este caso se contemplan penas que pueden ir hasta los 22 años y medio, es decir, una pena mayor a la del homicidio simple, es decir, el estado cuenta con una infraestructura sólida para enfrentar el fenómeno de la trata de personas”.

Analizar caso por caso

El doctor Pesqueira Leal aclaró que, en el tema particular de mendicidad, es necesario que las autoridades investiguen caso por caso, porque puede haber ocasiones en que se hace por cuestiones de necesidad de la familia o de hecho hay una organización estructurada que busca un beneficio económico de explotar niñas y niños y mujeres.

“Particularmente en el tema de mendicidad, yo considero que es muy importante que cuando se conozca del caso se analice el contexto en el que el suceso se da. Este concreto se trata de hermanitos todos, dos personas adultas, muy jóvenes por cierto, y no se mira que sean parte de una organización mayor, porque en el pasado, hace varios años se situaban en Hermosillo cientos de mujeres con un niño en los brazos y esa si era una estructura criminal que operaba eficientemente”.

Jorge Pesqueira explicó que la respuesta en este caso específico, no es una respuesta sólida de una política pública de erradicar la trata y en particular la mendicidad.

Además, dijo, que no podemos dejar de lado que en ocasiones si puede existir una red criminal de trata de menores para tenerlos trabajando, o una sola persona que traiga a cuatro o cinco niños haciendo ese tipo de trabajos, o también el caso de una mamá, padre o abuela que, por necesidad, utiliza la ayuda del niño o niña, para tener un ingreso y comprar comida, por cuestiones de pobreza, entonces dijo se debe analizar cada contexto y no criminalizar la pobreza.

“En este tipo de fenómenos el análisis de la realidad, del entorno, debe ser analizado, y no cortar cabezas con frialdad, sino analizar cada caso en concreto y tomar decisiones que se apeguen más a lo justo, ya de por sí, las personas que vive esa experiencia son víctimas de la realidad que se vive en el país”.