Un examen para la procuración de justicia y el gobierno en Sonora: El caso Waldo’s

Por Rodolfo Montes de Oca Mena

El incendio ocurrido en Waldo’s de Hermosillo, que hasta el momento ha cobrado la vida de 23 personas inocentes y ha dejado un saldo de más de siete personas heridas, no solo representa una de las tragedias más lacerantes en la historia reciente de Sonora. Este hecho marca, además, un punto de inflexión que pondrá a prueba —de manera clara y contundente— la capacidad real del actual Gobierno del Estado y de la Fiscalía General de Justicia para esclarecer, procesar y sancionar con efectividad y credibilidad los hechos que más indignan a la ciudadanía.

Como último Procurador General de Justicia del Estado de Sonora —cargo que asumí en septiembre de 2015— y también como primer Fiscal General de Justicia del Estado, puesto que desempeñé hasta octubre de 2018, tuve la responsabilidad de encabezar el sistema de procuración de justicia en tiempos complejos, de alta exigencia ciudadana y bajo una vigilancia constante de medios, organizaciones civiles y víctimas. Y lo afirmo con absoluta serenidad: durante el periodo en que estuve al frente de ambas instituciones no ocurrió evento alguno de tal magnitud o gravedad que pudiera ser comparable con tragedias como la del caso Waldo’s, ni que hubiese causado una conmoción social del nivel que hoy presenciamos.

Es importante subrayar esto porque, en las décadas recientes, cada administración estatal y cada gestión al frente de la Procuraduría o la Fiscalía ha enfrentado pruebas históricas que han definido su legado ante la sociedad.

Durante el gobierno de Eduardo Bours Castelo, con Abel Murrieta Gutiérrez como Procurador, el estado vivió la tragedia de la Guardería ABC: un hecho que desgarró a Hermosillo y al país entero, y que hasta hoy continúa generando una sensación de impunidad y de falta de esclarecimiento pleno en amplios sectores de nuestra comunidad. La herida que dejó aquel incendio en la conciencia colectiva de Sonora aún no ha sanado.

Más tarde, en el sexenio del gobernador Guillermo Padrés Elías, se presentó el homicidio del diputado electo Eduardo Castro Luque, un caso que generó enorme indignación y muchas dudas en torno a la investigación. A este se sumó otro evento aún más perturbador: la indebida venta de niños desde el DIF estatal, un escándalo que evidenció fallas estructurales en los sistemas de protección y control gubernamental.

Ambos episodios —el de la Guardería ABC y los acontecidos durante la administración de Padrés— no solo sacudieron a la opinión pública, sino que dejaron claro que cuando en la procuración de justicia no se actúa con efectividad y sobre todo credibilidad, la confianza ciudadana en las instituciones se desploma.

Entre septiembre del 2015 y octubre del 2018, periodo que me tocó encabezar primero como Procurador y luego como Fiscal General de Justicia de Sonora, no se presentó ninguna tragedia que haya cimbrado al estado. No es casualidad. Fue el resultado de una política criminal articulada, de una conducción firme del Ministerio Público y de un esfuerzo sistemático por fortalecer la técnica jurídica, el enfoque en víctimas y la transparencia en el actuar de los agentes.

Ello no significa que no existieran retos —como ocurre en toda administración—, pero sí significa que no hubo fallos estructurales ni se presentaron omisiones institucionales tan graves que generaran un colapso de confianza social. En todo momento se procuró actuar con apego a la legalidad, cercanía a las víctimas y con un firme compromiso con el esclarecimiento oportuno de los hechos delictivos apegandonos invariablemente a la verdad.

Tras mi salida, la Fiscalía fue encabezada por la licenciada Claudia Indira Contreras, bajo cuya gestión se suscitaron dos eventos de gran resonancia: la masacre de Bavispe, donde murieron miembros de la familia LeBarón, y el asesinato de Abel Murrieta, exprocurador y candidato a la alcaldía de Cajeme.

En ambos casos, a pesar de su enorme impacto social, al paso del tiempo su esclarecimiento ha sido en muchos sentidos, insatisfactorio. 

En este contexto, el incendio en Waldo’s constituye mucho más que una tragedia. Es, en todos los sentidos, el examen definitivo para la actual administración estatal encabezada por el gobernador Alfonso Durazo Montaño y para el actual titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado. Su capacidad —o su fracaso— para investigar de forma independiente, efectiva y creíble, y para procesar penalmente a los verdaderos responsables con argumentos sólidos y pruebas irrefutables que no solo convenzan a jueces sino también a los deudos de las víctimas así como a la sociedad en general, será el examen que determine la eficacia de esta administración ante los ojos de los ciudadanos.

Este caso no admite dilaciones, culpables fabricados ni explicaciones ambiguas. Se trata de un evento con víctimas mortales de carácter extraordinario, con una alta carga emocional y una profunda indignación social. O se esclarece de forma convincente o se genera el sentimiento de impunidad. No hay punto medio.

Si el Gobierno y la Fiscalía actúan con efectividad y sus resultados en este caso logran convencer a la sociedad sonorense, el caso Waldo’s podría representar también una oportunidad histórica para restituir la fe ciudadana en las instituciones. Pero si se cae en la simulación, el ocultamiento, la negligencia o el cálculo político, los sonorenses de inmediato habrán de advertirlo y este episodio se sumará tristemente a la lista de tragedias impunes de nuestra historia reciente y a la incredulidad de nuestra gente en sus gobernantes.

*Primer Fiscal General de Justicia en la historia de Sonora. Abogado penalista con Maestría en Ciencias Penales por el Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE) y doctorando en Ciencias Penales y Política Criminal en la misma institución.

*Correo: mdeocasc@hotmail.com