Carreteras en Sonora que también construyen seguridad pública

Por Rodolfo Montes de Oca Mena

En el estado de Sonora, la reciente modernización y construcción de carreteras no es solo una cuestión de infraestructura, sino una pieza central de una política criminal y de seguridad pública que busca mejorar el estado. Las recientes declaraciones de Paulina Ocaña Encinas, jefa de la oficina del Ejecutivo Estatal, y el marco de la nueva Ley de Seguridad Pública y Protección Ciudadana para el Estado de Sonora, junto con el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030, delinean un panorama en el que la infraestructura carretera se convierte en un instrumento de equidad, seguridad y justicia.

En esa lógica cobran especial relevancia las expresiones de la jefa de la oficina del Ejecutivo Estatal, al subrayar que las carreteras, además de ser obras profundamente demandadas por la ciudadanía, son de las inversiones públicas más costosas y, por lo mismo, de las más postergadas. Ella lo dijo con claridad, requieren recursos millonarios, gestión sostenida y compromiso político para cumplirse, y en su narrativa ubica al gobernador Alfonso Durazo Montaño como un Ejecutivo que decidió “entrarle” al tema y acreditarlo con resultados.15 DESPLEGADO ARMANDO CASTILLA AME  

Desde la perspectiva de la política criminal, es crucial entender que la infraestructura no es un fin en sí mismo, sino un medio para alcanzar objetivos más amplios en esa tematica. La seguridad pública se fortalece cuando el Estado puede garantizar una presencia efectiva en todo su territorio, y las carreteras son, en este sentido, una herramienta clave. Al conectar regiones que durante décadas estuvieron aisladas, se evita la formación de zonas donde el Estado tiene poca o ninguna presencia, lo que a menudo facilita la proliferación del crimen organizado.

La carretera Agua Prieta–Bavispe es un ejemplo emblemático de esta lógica. Solicitada desde 1933 y completada recientemente, esta ruta no solo ha reducido muy significativamente el tiempo de traslado en horas, sino que ha integrado una región que antes estaba prácticamente desconectada. Esto no solo mejora la vida de los habitantes locales, sino que también refuerza la capacidad del Estado para mantener el orden y la legalidad.

Uno de los puntos más importantes que conviene dimensionar es que “continúa la megacarretera Guaymas–Chihuahua”. Este dato no es menor. Guaymas no es cualquier punto del mapa, es puerto, comercio, tránsito de mercancías, movimiento económico y, por ende, un nodo donde el Estado debe garantizar condiciones de legalidad y seguridad para que la actividad productiva ocurra sin extorsión, sin bloqueo criminal, sin cadenas logísticas capturadas por la violencia. Cuando conectas de manera eficiente el litoral con el interior —y lo haces con infraestructura que reduce tiempos, costos y aislamiento— impactas variables criminógenas a la vez, disminuyes la vulnerabilidad de comunidades aisladas, acortas los tiempos de reacción de las instituciones, y haces más viable una presencia operativa y preventiva constante.

Paulina Ocaña también coloca un dato presupuestal que, por sí mismo, obliga a leer 2026 como un año de consolidación: “En 2026 este gobierno destinará 940 millones de pesos para fortalecer la red carretera estatal”, contemplando —entre otras acciones— la primera etapa de la carretera de cuatro carriles Hermosillo–Miguel Alemán y la modernización de la carretera Caborca–Puerto Lobos, además de rehabilitación de caminos municipales. 

Este tipo de inversión tiene una lectura directa en seguridad pública, no hay patrullaje eficaz donde no hay movilidad; no hay respuesta oportuna donde los trayectos son largos, peligrosos o intransitables; no hay control territorial real donde el Estado tarda horas en llegar.

Ahora bien, la infraestructura por sí sola no basta si no existe un marco jurídico contemporáneo que ordene, coordine y profesionalice la función de seguridad pública. En ese punto, Sonora dio un paso relevante con la reciente Ley de Seguridad Pública y Protección Ciudadana para el Estado de Sonora, impulsada por el gobernador Alfonso Durazo Montaño la cual fue publicada el 9 de diciembre de 2025.
Es, en mi opinión, un instrumento jurídico moderno que se ajusta a la realidad actual del Estado y a la complejidad real del fenómeno delictivo, parte de reconocer la seguridad pública como una función concurrente y finalista (salvaguardar vida, derechos, integridad y patrimonio; preservar libertades, orden público y paz social) y la entiende como un ciclo completo que incluye prevención, investigación, persecución de delitos, reinserción social y sanción. 

El Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030, bajo la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, refuerza esta visión. El PND establece que una política criminal moderna debe ser integral, abordando no solo la sanción, sino también la prevención. En este sentido, la infraestructura de transporte es vista como un pilar fundamental de la equidad y la justicia social. Al invertir en carreteras que conectan a todas las regiones, se promueve una distribución más equitativa de los recursos y se reduce la desigualdad, que es una de las raíces de muchos problemas de seguridad.

El liderazgo del gobernador Alfonso Durazo ha sido fundamental para llevar a cabo esta visión. Denota tener muy claro que la seguridad no se trata solo de aumentar el número de policías o de endurecer las penas, sino de crear un entorno en el que la ley y el orden sean sostenibles. Al impulsar estas obras, está construyendo las bases para una seguridad duradera, que se apoya en la equidad y en la presencia efectiva del Estado. 

Hoy Sonora cuenta con la infraestructura y con el marco jurídico para fortalecer de manera real la seguridad pública. Esperemos que la Fiscalía General de Justicia del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública asuman plenamente la estrategia trazada por el gobernador y que aprovechen esta nueva conectividad carretera para cumplir con sus tareas.

*Primer Fiscal General de Justicia en la historia de Sonora. Abogado penalista con Maestría en Ciencias Penales por el Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE) y doctorando en Ciencias Penales y Política Criminal en la misma institución.