Javier Gándara limpia su camino

Por Rigo Gutiérrez E./

Ante señalamientos a la pasada administración municipal de Javier Gándara Magaña, presentan informes detallados sobre los casos de la venta de Planta TIF, la regularización de predio en Vado del Río y los “medidores fantasma”

 La administración del exalcalde Javier Gándara Magaña se defiende y sale al paso frente acusaciones de supuestas irregularidades.

Documentos en poder de “Primera Plana” detallan cada uno los señalamientos vertidos y que, según revelaron regidores priistas, indagaría el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF).

Se tratan de tres asuntos en específico: la venta de la planta TIF municipal; la regularización de un predio sobre el Vado del Río; y la compra e instalación de medidores para Agua de Hermosillo.

Fue el pasado 18 de septiembre, cuando los regidores Natalia Rivera, Lupita Olvera, David Palafox, Guillermo Moreno y Ariel Burgos, anunciaron que por instrucción de la Comisión de Vigilancia en el Congreso de Sonora, el ISAF iniciaría una “auditoria especial” a los asuntos mencionados.

Ahí los regidores exigían conocer de fondo lo ocurrido con estas ventas y se aclarara cada uno de los aspectos.

Para Sergio Salido ―ex tesorero municipal durante la administración de extracción panista de Gándara Magaña―, pareciera que todo quedó muy bien establecido en cada una de las actas municipales del periodo 2009-2012. Es metódico con los expedientes y deja que los documentos hablen por sí solos.

Rastro municipal

Mediante un acuerdo de Cabildo el 28 de mayo de 2012, el ayuntamiento recibió la planta donde operaba el rastro municipal, en pago de adeudo por 16.1 millones de pesos.

Previo, la también llamada Planta TIF, había realizado un avalúo del inmueble, resultando la cantidad de 54.7 millones de pesos. Sin embargo, se realizó el trámite bajo el concepto de “dación” en pago del adeudo mencionado.

En la misma sesión de Cabildo, se determinó enajenar el inmueble y ponerlo a la venta, considerando que llevaba meses sin operar, tenía visible deterioro en su infraestructura y, representaría costo para el municipio.

Para tal venta, se estableció una Comisión de vigilancia en el cabildo. La integraron: Los regidores panistas Myrna Rea, Víctor Campillo, Fernando Tapia; regidores del PRI, Sara Thomson y Álvaro Enciso.

Fue el 20 de junio, cuando en votación unánime por la Comisión, lanzaron a la venta el rastro, colocando como precio mínimo 27 millones de pesos. La oferta se hizo pública en un diario local y apareció 22, 25 y 28 de junio en la sección general.

El resultado: hubo tres interesados, pero sólo uno con disposición a pagar 27.5 millones de pesos.

Casi un mes después, en sesión de la Comisión, acordaron por unanimidad la venta del rastro por la cantidad ofrecida. Así, el 31de agosto la empresa Procesos Pecuarios S.A de C.V. representada por José Alejo de la Llata Coronado y Benjamín Esquer, fue autorizada para adquirir el inmueble.

El acta de la reunión la firmaron todos los regidores.

Predio del sobrino de Juan Valencia

No cualquiera se hace acreedor a un terreno en la valiosa zona del Vado del Río y mayor suspicacia levanta si hay parentesco con políticos. Es el caso del Sr. Trinidad Ayala Valencia, quien también es sobrino del dirigente estatal del PAN, Juan Valencia Durazo. Pero amén del parentesco, Ayala Valencia tiene un expediente que se remonta por lo menos veinte años atrás.

Y es que, de acuerdo a una resolución judicial fechada el 4 de junio de 2004, la Juez Primero del Ramo Civil, Lic. Jesús Laborín Gálvez, aprobó un procedimiento promovido por Ayala Valencia, en el cual dicta: “es poseedor desde el mes de febrero de 1994, del terreno ubicado al lado del centro de Hermosillo en la Hacienda de la Flor (Vado del Río) de esta ciudad, con una superficie total de 29,991.5…”.

Hasta el año 2008 la autoridad municipal le otorga la clave catastral No. 12-96-3004, para ese predio de casi tres hectáreas. En octubre de 2009, la oficina de Sindicatura Municipal recibió la solicitud para regularizar el terreno.

Casi un año después la oficina de Sindicatura dio paso a los trámites de la regularización.

De acuerdo a un avalúo comercial, elaborado por el Arq. Antonio Robles López, el terreno tenía un valor comercial de 4,534,700.00 pesos. De tal forma que, según los lineamentos municipales para regularización de terrenos, el propietario debería pagar 12% del valor comercial del inmueble.

Trinidad Ayala finalmente pagó a Tesorería municipal 544,164.00 pesos, según quedó asentado en Recibo Oficial No. 5808033 y fue el 11 de noviembre de 2010 cuando se expidió su título de propiedad.

Posteriormente en diciembre de ese mismo año a solicitud del propietario, la Coordinación de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología (CIDUE), autorizó que las tres hectáreas quedaran subdivididas en 14 porciones y listas para su venta al mejor postor.

Micromedición, la fuga

Para el ex tesorero municipal el caso de los “medidores fantasmas”, como lo han denominado los ediles priistas, está expuesto en los diversos contratos y actas que fueron levantados por el Organismo Operador de Agua de Hermosillo.

Su explicación parte sin perder de vista que la capital sonorense adolecía de un sistema eficiente de micromedición, de acuerdo a sus registros, en 2010 poco más de la mitad de los usuarios de Aguah contaba con medidores. De las más de 239 mil tomas, alrededor de 140 mil contaba con medidor.

Para reducir el déficit, la administración anunció la adquisición de 100 mil medidores.

El proceso de compra, según establecen las actas, fueron a través del recurso del Programa de Devolución de Derechos (Prodder 2009) que mantiene la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para acciones de eficiencia e infraestructura de agua potable, alcantarillado y aguas residuales.

Fueron dos los proveedores que resultaron tras licitación.

Primero la empresa Cía. Industria y Comercial del Agua, el 9 de septiembre de 2010. A quienes compraron 50 mil medidores por un total de 13,630,00.00 pesos.

El otro proveedor fue Marco Aurelio Martín Romero, el 10 de diciembre de 2010. El contrato establece la entrega de 50 mil medidores por un importe de 13,733,240.00 pesos.

La instalación de los 100 mil medidores fue asignada a diez contratistas en diferente momento y con diversa cantidad: Agustín Barragán, Martha Fabiola López, Bejim Planea y Construye, Socorro Molina, María Edwiges Baldenegro, Socorro Molina, Contratistas OCMO, Carlos Paulino Ochoa, IM Mantenimiento, Industrial.

Del reporte total se deprende que instalaron 60,611 medidores. El ayuntamiento de Hermosillo ―también con recursos de PRODDER― pagó por este servicio 18,117,224 pesos.

Hasta finales de la administración Gandarista fueron utilizados otros 20 mil medidores para nuevos contratos, reemplazo por deterioros y por robos, otro factor muy común en estos artefactos. En el inventario de Aguah quedaron alrededor de 20 mil medidores más, los cuales pasaron a la siguiente administración.

En los registros de Hermosillo, para el 2012, había 241,108 tomas domiciliarias, de las cuales 191,636 contaba con medidores, aún así se estima que alrededor de 67 mil presentan anomalías.

Además, la vida útil de cada dispositivo es de cinco años, es decir, necesitarían reemplazar alrededor de 30 mil medidores cada año.