Acusan desorden en cifras de delitos

Los datos que recopila y reporta el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública sobre los delitos en el País son imprecisos, inconsistentes o erróneos, denunciaron ayer organizaciones civiles.

Estas estadísticas son la única fuente oficial de información y la base del Gobierno para evaluar su estrategia de seguridad, alertaron organizaciones como Alto al Secuestro, Causa Común, CIDAC, Insyde y México Evalúa, entre otras, reunidas bajo el nombre de «Iniciativa Común por la Seguridad y la Justicia».

Un ejemplo de estas inconsistencias o errores fueron mencionadas por el analista Alejandro Hope al señalar que en 2013, según la Encuesta de Victimización del Inegi, hubo 7.7 millones de intentos de extorsión, pero en las procuradurías de los estados sólo se levantaron 7 mil 800 denuncias.

«Aún cuando hay denuncia tenemos un fenómeno serio.

«Según el Inegi hubo en 2013 casi un millón de casos en los cuales el ciudadano se acerca a hacer la denuncia y no se levanta la averiguación previa», alertó.

Otro caso ocurrió en el Estado de México, cuando al cierre de 2012 reportó mil 200 homicidios dolosos, pero en mayo del año siguiente ajustó la cifra a 2 mil 100, agregó Hope.

«Veracruz reportó inicialmente en 2013, 48 mil averiguaciones previas, de las cuales 600 eran por homicidio doloso. En abril actualizaron sus datos y eran 72 mil, y no eran 600 homicidios, eran 900», ejemplificó el analista en temas de seguridad.

Por ello, consideró que el caso de Ayotzinapa se sembró en un campo de desinformación, mentiras y silencios.

«Creemos que este es un problema no sólo para el ciudadano, no sólo para la sociedad civil, es un problema para el propio Gobierno, el Gobierno está tomando decisiones con base en información incompleta y de baja calidad», alertó.

Las organizaciones civiles atribuyeron estas fallas a deficiencias de recursos humanos, tecnológicos y de procesos, así como a la ausencia de una metodología pública y detallada.

«Hay una ausencia de una metodología pública común, homologada, que permita reducir los errores en la recopilación (de datos)», señaló Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano.

«Algunas inconsistencias han permitido tener vacíos en la información que llevan a políticas públicas insuficientes. Un caso específico es Guerrero, que hoy está en la coyuntura nacional».

Edna Jaime, directora de México Evalúa, recordó que la última sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública se aprobó un Acuerdo para ampliar la información disponible.

«Sin embargo, es muy importante que se plantee un plan de trabajo para la implementación de dicho acuerdo, y establecer metas puntuales y susceptibles de ser verificadas», agregó.

Los expertos hicieron un llamado a las autoridades para la creación de un grupo de trabajo que dé seguimiento al tema.

REFORMA