Advierten ‘esclavitud’ en campo agrícola
En los campos agrícolas de México prevalecen condiciones laborales de una virtual esclavitud, alertan organizaciones civiles.
En 17 entidades del País, en particular en Sinaloa, Sonora, Chihuahua, Baja California y Baja California Sur, indican, se registra explotación de jornaleros migrantes y locales.
Yil Felipe, coordinadora de programas de Save The Children, considera particularmente preocupante la situación de los migrantes indígenas que se trasladan de la Sierra Tarahumara, Michoacán, Nayarit, Guerrero y Oaxaca a los campos de caña de azúcar, papa, tabaco y jitomate, entre otros cultivos, del Estado de Sinaloa.
Son sacados de sus comunidades, detalla en entrevista, por un intermediario entre el productor y los jornaleros conocido como «camionero», «cabo» o «enganchador», quien les ofrece trabajo y traslado gratuito a los campos agrícolas.
Los intermediarios trasladan a familias enteras, quienes sólo dejan atrás a las personas mayores.
El viaje de horas se realiza en camionetas viejas, en condiciones de hacinamiento.
Al llegar a la entidad, el intermediario es responsable de brindarles casa, alimento, servicios básicos y de pagarles su salario.
«Si el productor paga 20 pesos por costal de papa, o 30 pesos por tonelada de caña, el dinero llega al intermediario, y este personaje se queda con una parte importante y al jornalero le llega 40 por ciento menos de lo que está pagando el productor», explica Felipe.
En tanto, Margarita Nemecio, investigadora del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, documentó este año la salida de más de 9 mil 600 jornaleros de Guerrero, incluyendo menores de edad.
En los campos de trabajo de 17 entidades identificó condiciones casi idénticas, pues los jornaleros viven hacinados en bodegas o casas abandonadas, sin acceso a servicios básicos y habitan dichos lugares de 4 a 8 meses, sin condiciones dignas de vivienda.
Trabajan jornadas de alto rendimiento de ocho horas, sin contar con cualquier equipo de protección.
Por lo mismo, están expuestos a intoxicarse con agroquímicos, a mordeduras de animales y al sol.
«Trabajan sin estándares mínimos de derechos humanos y dignidad humana. No cuentan con sanitarios, pocos campos tienen módulos de salud, no tienen acceso a servicios básicos.
Además, trabajan mujeres embarazadas y lactantes, así como niños», denuncia la especialista.
También hay, señala, versiones modernas de tiendas de raya, de las cuales los jornaleros compran sus alimentos que se les descuentan de sus salarios.
REFORMA