Ahora la discordia intoxica al Río Sonora
Por Rigo Gutiérrez, Gerardo Moreno y Daniel Sánchez/
Han transcurrido dos meses tras el derrame de sulfato de cobre en un represo de la mina Buenavista del Cobre al río Sonora y el sentir de los pobladores pasó del temor al descontento.
Las principales actividades económicas que dan empleo a los pobladores —agricultura y ganadería— desde Arizpe, Huépac, San Felipe, Banámichi, Aconchi, Baviácora hasta Ures, se mantiene en suspenso.
Las autoridades en medio de aplausos les prometen a todos apoyos económicos como parte del fideicomiso de 2 mil millones de pesos —establecido por Grupo México y administrado por el Gobierno Federal—, pero en los hechos apenas unos cuantos son beneficiados.
Es así que a lo largo del río hay incertidumbre, desconfianza, y un ánimo inquietante de no saber qué hacer. La apacible vida de estos pueblos de la sierra fue quebrantada de un día a otro. Incluso hasta en esta capital sonorense permanece la duda por la calidad del agua para consumo humano que llega del río y es almacenada en la presa El Molinito.
“Hay gente mayor, que no tiene ni cómo ir y traer agua, no es justo, nosotros somos gente trabajadora, aquí están mis manos ¿y el apoyo dónde nos los han dando?, mi esposo es vendedor y no nos han dado nada, y los ganaderos cheque tras cheque”, expone Trinidad Álvarez, mientras se manifestaba el martes por la mañana en la carretera Hermosillo-Mazocahui, a la altura de San Pedro de Ures.
La madre de familia y vecina de esta comunidad sólo hace una petición a las autoridades: “un favor, que vengan y nos instalen a la de ya nuestros pozos, no tenemos agua”.
En este mismo sentido, se expresa Milagros Barrón y habla que incluso el pago de este fideicomiso ha causado discordia.
“Queremos que regresen el agua de nuestros pozos para que haya agua potable, después que venga lo económico porque hemos sido muy afectados, tenemos que sacar préstamos en bancos y esos préstamos están subiendo a diario y con qué los vamos a pagar, no tenemos cómo vender animales, cómo engordarlos”.
Abasto de agua, principal problema en Ures
José Manuel Valenzuela alcalde de Ures, confirma que la mayor preocupación se debe al abasto de agua, y es que la Comisión Nacional del Agua mantiene cerrados cinco pozos: tres en la cabecera municipal, un en rancho San Pedro, y otro más en Puerta del Sol.

“Se ha descuidado lo básico, atender la reubicación de los pozos. Algunos ya se están construyendo pero falta el equipamiento, la electrificación y conducción a la red, que es lo que está pidiendo la gente”, precisa el alcalde de esta población, la más grande a lo largo del río.
A dos meses estas obras no se han logado concluir, y es el principal reclamo. Lo siguiente anota, se trata del apoyo económico. “Lo que pide la gente es que no nada más se apoye a los ganaderos, agricultores y comerciantes, sino a mujeres, adultos mayores, a los más vulnerables”.
Cheques son por mientras ¿y después?
Don Valente García también es reside del otrora tranquilo pueblo de Baviácora. Esta temporada había sembrado casi cuatro hectáreas, con elote y calabacita. Se trata de un pequeño predio que regaba con agua del río, pero al igual que sus vecinos ya no lo puede hacer desde hace dos meses cuando la Conagua les dijo que sus pozos estarían bajo vigilancia.

El señor García tiene 86 años, por su edad dice, apenas trabaja medio tiempo y ya ni eso. Es cabeza de familia, en su hogar ya sólo vive una de sus hijas y su nieto.
Él sí apareció en la lista de la Comisión Especial de atención a la contingencia del río. Le entregaron un cheque por 37,500 pesos.
El recurso entregado por las autoridades confiesa, por lo menos será una ayuda para ver cómo resuelve lo que podría ser la pérdida de su producto, aunque también está consciente en esas tierras ya nada será igual, esa es su mayor preocupación tras los daños.
Minas también explotan la corrupción de autoridades
Por otra parte el abogado y consultor en temas de minería, Lic. Marco Andrade, ubica el problema de fondo en el incumplimiento de reglamentos y Normas Oficiales Mexicanas por parte de las empresas, y por otro en que la autoridad se presta a factores de corrupción.
“La propia Ley Minera y su Reglamento establecen la obligación de observar las normas ambientales del país y de seguridad industrial en su artículo 27, fracción IV y 37 fracción II, incluyendo la obligación ambiental prevista por el art. 39 de dicha ley minera”, indica.
Inclusive, sostiene el abogado Andrade, va másallá al determinar como sanción administrativa, la suspensión de actividades productivas cuando se pone en riesgo a una población o una comunidad, según el artículo 43 de ley minera.
Sin embargo señala, la percepción social sobre la minería es injusta y es que indica, la responsabilidad por contaminación de Grupo México sólo corresponde a esa empresa.
“Nuestro país tiene, en mi opinión, leyes y normas técnicas suficientes para garantizar el cuidado ecológico, la protección ambiental y también, muy importante decirlo, el cuidado y preservación de la salud y la vida de los habitantes de las poblaciones y comunidades rurales donde normalmente existen unidades mineras en México.El problema de fondo que advierto son las omisiones y la complacencia de los funcionarios y autoridades responsables de supervisar y controlar el cumplimiento cabal, oportuno e inexcusable de la ley. Existe opacidad, dudas razonables y omisiones muy cuestionables a Profepa, Semarnat y Cofepris”.
Para el consultor en temas de minería, el derecho ambiental en México es uno de los más completos y reglamentados del derecho público en general.
“Tenemos leyes ecológicas y ambientales de un gran nivel técnico, normas excelentes, muy completas, muy perfeccionadas, pero, en su mayoría, mal aplicadas o sujetas a un factor de corrupción jurídica que es la conveniencia o la intencionalidad política en su exacta e imparcial aplicación”, precisa Andrade.
Para ilustrar este último punto, advierte que en materia de responsabilidades ambientales y delitos ecológicos “estamos frente a un problema endémico del país que es, precisamente, la falta de cultura de la legalidad”. Y finaliza reflexionando sobre la experiencia de Grupo México y la contaminación del Río Sonora, la cual espera, sea una lección de lo que una empresa minera y las autoridades, no deben hacer, ni permitir nunca.
“Grupo México nos desgració la vida”
Esta es la afirmación de la señora Marisela Mejía, madre de la pequeña Nicole, quien por entrar en contacto con el agua del río Sonora contaminada por la empresa minera, padece alopecia, dermatitis y una depresión severa porque en la escuela ha sido víctima de bullying.

La niña de apenas seis años de edad, podría convertirse en la afectada en salud número 24 de ser reconocida por la Comisión Especial Federal enviada por la Presidencia de la República para atender las consecuencias del derrame tóxico de la mina Buenavista del Cobre, que cuenta entre sus víctimas al menos cuatro menores de edad.
«Es ofensivo como la empresa minera asume que somos unos muertos de hambre y que con dinero van a poder callarnos, a mí la tranquilidad de mi hija y mi familia no me la repone ni con todo el oro del mundo; el derrame vino a cambiarnos la vida, Grupo México vino a desgraciarnos la vida, la niña ya no quiere ir a la escuela porque le hacen bullying, dos veces a caído en depresión», recordó la afligida madre.
Fue el pasado 7 de agosto, cuando sin saber el riesgo que acarreaba el agua atestada de metales pesados, Nicole y su hermanito se bañaron en el río Sonora, desde entonces a la niña le comenzaron a brotar ronchas en la piel y a caérsele pedazos de cabello, condición que le ha valido burlas de sus compañeros de escuela.
Durante una gira de funcionarios federales y estatales por municipios del río Sonora, el secretario del Trabajo y Previsión Social (STPS), Alfonso Navarrete Prida y Mikel Arriola Peñalosa, comisionado federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), conocieron del caso de la menor, quien será atendida por médicos especialistas para valorar su estado de salud y el grado de exposición a los contaminantes.
“A la niña le haremos un diagnóstico y recibirá toda la atención que merece, a la señora —como madre soltera—, la vamos a registrar en los apoyos para amas de casa para garantizar la remediación del daño a través del fideicomiso”, afirmó Navarrete Prida quien también preside la Comisión Especial.
“El gobernador de Sonora, Guillermo Padrés, me ofreció varias opciones para atender a mi hija; hasta el momento la habían valorado en clínicas y hospitales públicos pero me decían que solo es una micosis (infección por hongos) y le recetaban pomaditas que no han servido de nada porque hasta ha empeorado su condición”, agregó Marisela Mejía.
De comprobarse que el padecimiento de la niña es a consecuencia del contacto con agua contaminada por Grupo México, la familia de Nicole podría recibir un cheque de alrededor de 30 mil pesos como reparación del daño a través del Fideicomiso privado establecido por la empresa minera por exigencia del Gobierno Federal, sin embargo, este mecanismo no contempla la remediación del daño psicológico.