Amplían demanda a minera Penmont

Una demanda de 334 millones de dólares de los ejidatarios del municipio de Caborca contra la minera Penmont llegará hasta Londres, Inglaterra y Colorado, Estados Unidos, tras solicitar al Tribunal Agrario 28 que las subsidiarias Fresnillo PLC y Newmont Minning Corporation sean notificadas en sus domicilios en esos países.

Los 74 ejidatarios exigen una indemnización de 334 millones de dólares por la ocupación ilegal de sus tierras durante más de 16 años con las minas de oro Dipolos y La Herradura.

«Solicitamos que se gire exhorto o carta rogatoria para que las demandadas, Fresnillo PLC y Newmont Minning Corporation, sean emplazadas por conducto de los funcionarios consulares o agentes diplomáticos que la Secretaría de Relaciones Exteriores tenga en los domicilios de las demandadas», explicó Javier Thomas González, representante legal del ejido El Bajío, en Caborca.

Esta nueva demanda presentada se basa en los resultados de ingresos presentados por Fresnillo PLC, principal accionista de minera Penmont, así como en declaraciones de los directivos de la firma, quienes señalaron a medios especializados en finanzas que la mina Dipolos representaba el 5 por ciento de sus ingresos.

«Por cuenta y nombre del ejido El Bajío, reclamamos a la minera Penmont S. de R.L. de C.V., Fresnillo PLC y Newmont Minning Corporation, el pago de la cantidad de 334 millones 275 mil 850 dólares por concepto de indemnización derivada de la ilícita ocupación de mil 828 hectáreas de tierras ejidales de uso común, propiedad de nuestra representada», indica la demanda.

Además exigen a las mineras el pago de un interés del 9 por ciento anual a partir del emplazamiento para que paguen.

La mina Dipolos, que fue cerrada, y La Herradura, que opera parcialmente, representan el 20 por ciento de la producción nacional de oro, según la Dirección de Minería en Sonora.

Durante 16 años, la mina Dipolos extrajo toneladas de oro del ejido El Bajío en Caborca, sin pagar a los dueños de la tierra, 74 ejidatarios, quienes iniciaron un juicio agrario y lograron que a finales de agosto fueran desalojados los trabajadores.

A finales de octubre, los ejidatarios de El Bajío informaron que reclamaban de la mina el pago de cerca de 850 millones de pesos (unos 65 millones de dólares) por los daños ocasionados a sus tierras durante la ocupación ilegal.

Manuel Loya Valverde, Magistrado del Tribunal Agrario 28, con sede en Hermosillo, consideró que tarde o temprano la minera deberá mostrar voluntad de negociar con los ejidatarios, ya que de continuar, los juicios resultan caros, tardados y el resultado podría obligarlos a más pagos.

REFORMA