Así funcionaba la red de lavado de dinero de Padrés

Once personas, además del ex gobernador y su hijo, participaron en el lavado de los recursos de procedencia ilícita, según la investigación de la PGR; están pendientes de ejecutarse once órdenes de aprehensión

Por Imanol Caneyada

Con la orden de formal prisión que emitió el miércoles pasado el juez decimosegundo de distrito en materia penal en contra de Guillermo Padrés, la PGR se anota el primer tanto a su favor en lo que se refiere a la primera investigación, la que inició en 2014, a partir de una denuncia de la Secretaría de Hacienda, derivada de una alerta que emitieron las autoridades hacendarias de Estados Unidos.

Dos años después, el 30 de septiembre, la PGR emitió una orden de aprehensión relacionada con esta investigación, en la que se le acusa de defraudación fiscal y lavado de dinero por 8.8 millones de dólares.

Cuarenta días más tarde, el ex gobernador de Sonora se entregaba en cumplimiento de dicha orden. Seis días después, tiempo en que la defensa de Padrés trató de inutilizar las pruebas y alegatos que presentó la fiscalía, el juez consideró la existencia de un probable delito y dictó orden de formal prisión.

Pero hay una segunda investigación de la que se desprende una segunda orden de aprehensión para el ex mandatario y otra para su hijo, Guillermo Padrés Dagnino.

Este segundo proceso tiene que ver con el delito de delincuencia organizada; según la PGR, al menos trece personas están involucradas en una trama en la que el dinero viajó por medio mundo para regresar a diferentes cuentas de banco.

La propia Procuraduría ha advertido que en los próximos días se emitirán órdenes de aprehensión en contra de los involucrados en esta red para lavar recursos de procedencia ilícita, aunque se ha mostrado muy hermética en cuanto a los nombres.

La fiscalía ha dado a entender que si bien la esposa del ex gobernador, Iveth Dagnino, no formaba parte del entramado, sí están en la mira los hermanos y algunos ex funcionarios del Nuevo Sonora.

Según el esquema que la PGR ha desarrollado a partir de las investigaciones, el Gobierno del estado otorgó contratos de adquisición por un valor superior a los 270 millones de pesos a empresas relacionadas con el sector educativo (principalmente por los uniformes escolares) y del sector salud.

Mediante el concepto de moches, 170 millones de pesos fueron a dar a una cuenta de banco concentradora entre el 2010 y el 2014.

De esta cuenta concentradora, el dinero se repartía para evitar sospechas en cuentas de banco a nombre del hijo, tres familiares, diversas empresas con participación accionaria de la familia Padrés y cuentas bancarias en el extranjero abiertas a nombre de familiares del ex gobernador.

Este esquema para lavar el dinero de procedencia ilícita, no sólo del sector educativo sino también del sector de la educación, involucró al menos a trece personas.

Algunos de los nombres que han trascendido pertenecientes a esta red de lavado son Mario Humberto Aguirre, cuñado del ex senador Ramón Corral; los hermanos Miguel, Jesús y Andrés Padrés; y un sobrino, Miguel Padrés Molina.

En cuanto a ex funcionarios, el nombre que ha aparecido de momento en esta investigación es el del ex secretario de Salud Bernardo Campillo García.

Las empresas investigadas por la PGR que jugaron un papel primordial en la trama de lavado de dinero son: Grupo Empresarial Sinergias (vinculado al fraude en Salud y al expediente de Campillo), Rancho Pozo Nuevo, Farmacias M, cuyo propietario es Francisco Monreal González y la empresa Héctor J. Padrés SA de CV.

La investigación se extiende a Estados Unidos, Europa y América Latina. En el caso particular europeo, los investigadores se han centrado en Holanda, y han solicitado información y documentación de las empresas Dolphinius CVS y Tenerife CVS, que son sociedades de responsabilidad limitada, que presuntamente fueron utilizados por el ex gobernador y su hermano para triangular las operaciones financieras ilegales y realizar depósitos en cuando menos un banco en la ciudad de Nueva York.

El proceso por delincuencia organizada está arraigado en el Juzgado Cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales del Estado de México, razón por la cual, el hijo del ex mandatario se encuentra en estos momentos en la cárcel del Altiplano.

En los próximos días podrían empezar a emitirse las órdenes de aprehensión contra los restantes integrantes de la red, según ha afirmado la PGR.