Autoridades solapan a “empresas patito” de seguridad; en Sonora operan 350

Por Gerardo Moreno/

Autoridades estatales son complacientes con la operación de este tipo de empresas fraudulentas y explotadoras, pero además contrata sus servicios; se estima existan poco más de 350

Paradójicamente uno de los trabajadores que están encargados de velar por la seguridad de empresas, oficinas, complejos habitacionales y otros lugares, como los son los guardias de seguridad, son quienes más inseguros trabajan, sin las menores prestaciones, con sueldos miserables, sin posibilidad de reclamar malos tratos y a merced de cientos de empresas fantasmas que se establecen y desaparecen con la total complicidad de las autoridades.

José Luis Gámez, un vigilante entró a una oficina del Servicio Nacional del Empleo para buscar trabajo, ahí vio que la empresa INTERCON Servicios de Seguridad Privada SA de CV solicitaba empleo y se puso en contacto. Para su sorpresa, lo citaron en el estacionamiento del Home Depot y ahí mismo lo contrataron, pidiéndole documentos originales de cartilla militar, acta de nacimiento, certificado de secundaria, carta de no antecedentes penales, entre otros.

A los dos meses le informaron que por “recorte de personal” sería despedido. Al solicitar en varias ocasiones sus documentos, se los negaban diciéndole que se los entregarías hasta que firme su finiquito de apenas cuatro mil 500 pesos. Algo que no aceptó hasta que le regresen sus documentos. Asistió a la Junta de Conciliación y Arbitraje local (JCA), donde acudió el abogado Ríos Aguilera en representación de la empresa, ahí se negaron a darle sus documentos hasta que firmara el papel, bajo la complacencia de los empleados de la junta.

El abogado quedó formalmente en llevarle los documentos el lunes 19 de agosto y ahí mismo negociar el finiquito, pero ese día no aparecieron. El empleado no se puede quejar en ningún lugar pues alega que la empresa no tiene domicilio fiscal y no se sabe quién es el responsable por ser Sociedad Anónima. Para entregar los citatorios ha tenido que acudir con compañeros guardias de seguridad para que se los hagan llegar a los dueños. Hasta la fecha no ha tenido respuesta y en la Junta no le dicen qué hacer.

Luis Carlos sostiene que la empresa está utilizando sus documentos originales para chantajearlo y así firme el finiquito. Ahora tiene temor, pues no sabe qué harán con sus documentos o para qué los quiera la empresa, teme que hagan algo ilícito con ellos.

“Me abrieron una cuenta de banco con mis documentos para poderme depositar mi saldo, ahora espero que no me abran otra cuenta de banco en otra parte, sin que yo me entere, para hacer actividades ilícitas”.

El denunciante se muestra extremadamente ofendido y resentido con la JCA, porque asegura defienden a las empresas y no a los trabajadores. Todas las veces que ha acudido no lo defienden, ni tampoco le brindan la asesoría necesaria.

Ahora, ya cuenta con un abogado ―le cobran por llevar su caso―, y busca castigar a la empresa que actuó de de mala fe, al no regresarle sus documentos.

Las autoridades lo permiten

El presidente del Sindicato de Guardias de Seguridad del Estado de Sonora, Claudio Huidobro Cárdenas, comenta que historias como la de Carlos se da repiten seguido en esta labor, principalmente por falta de una regulación real y efectiva por parte de las autoridades.

Y es que a pesar de haber una Ley Estatal y una ley Federal donde se regulan estas empresas en Sonora, no se aplican, permitiendo la operación de muchas empresas de seguridad privada “fantasmas”.

Claudio Huidobro, indica que nivel federal casi el 80% de las empresas de Seguridad Privada son “patito”. Cambian de razón social, un día se llaman de una forma y al siguiente de otra y muchas veces no se conoce quienes son los socios.

Asegura que en la entidad existen alrededor de 400 empresas de Seguridad Privada, de estas, tan sólo 50 tienen permiso con todas las de la ley, pagan impuestos y seguridad social, el resto operan con total opacidad, no cumplen con los reglamentos, no pagan prestaciones a los empleados.

Son 350 empresas donde se encuentra alrededor de 18 mil trabajadores (de alrededor de 22 mil que hay en todo el estado) que están en la total indefensión pues no se sabe de dónde salieron estas empresas, dónde tienen sus oficinas, dónde operan, dónde está su domicilio fiscal, cuántos trabajadores tienen, si están capacitados para brindar seguridad, quiénes son sus socios o si pagan impuestos y prestaciones.

Este tipo de empresas, afirma, tienen a sus empleados trabajando jornadas laborales de 12 horas diarias por sueldos que no pasan los dos mil 200 pesos quincenales, no pagan impuestos, no pagan Seguro Social ni Infonavit y tampoco el seguro de vida del guardia, ni capacitan a su personal, algo que en la Ley federal de seguridad y del Trabajo obligan. Y si los empleados se quieren quejar la empresa al rato desaparece o muchas veces no les entregan sus documentos hasta que firmen su finiquito, y si se quejan con las autoridades, estas mismas informan a las empresas y hacen que despidan al trabajador.

El problema de fondo, asegura el Sr. Huidobro, tiene años y ellos lo han venido señalando desde el años de 1991 a todas las administraciones estatales y es que el estado no acata su responsabilidad y regula a las empresas que ofrecen seguridad privada, no sabe si es por incompetencia, porque no le preocupa o “pensando mal” por así le conviene y se lleva su ganancia.

Apenas el año pasado se aprobó en el Congreso Local una ley de Seguridad Privada, pero el Gobierno del Estado no ha publicado el reglamento para que empiece a funcionar, volviéndola letra muerta. Además hay una Ley Federal de Seguridad Publica que es mejor que la local y sin embargo esta última no se ha actualizado para homologarse con la legislatura federal.

“Es lo único que se necesita que se apliquen las leyes y se creen los reglamentos necesarios, pero no entiendo cómo es que hasta la fecha no lo han hecho”.

Asegura que el mayor corruptor son las mismas autoridades en sus tres niveles, ya que todas las dependencias contratan guardias con estas empresas que son abusivas, solo porque cobran menos. Entonces hay guardias cuidando el Seguro Social que no tienen Seguro Social y observas guardias cuidando la JCA que trabajan jornadas de 12 horas.

‘No pedimos que nos den nada sólo regulen’

El líder sindical indicó que existen al menos unos 50 sindicatos similares donde están afiliados Guardias de Seguridad, ya sea de empresas de la iniciativa privada que tienen su propio gremio o sindicatos balazo que se venden a sus patrones por cuotas. De todos, expresó, solo ellos participan activa y públicamente en la lucha de los derechos de sus agremiados.

El sindicato cuenta con dos mil 500 afiliados, todos trabajan en empresas que cuentan con permiso, ganan por lo menos dos mil 500 pesos quincenales, todos laboran 12 horas por 24 horas de descanso, cuando en los demás son 12 horas diarias, tienen Seguro Social, Infonavit, seguro de vida por 100 mil pesos y seguro de gastos funerarios por 18 mil pesos.

Indicó que tienen el apoyo de los empresarios y con su aval han acudido por todos los medios formales a las autoridades para que regulen la actividad de la seguridad pública en el estado: “nunca se había visto que los empresarios y el sindicato fueran juntos a pedirle a la autoridad que los regule”.

La única explicación que se hace es que las autoridades llevan su ganancia en la situación ya sea por “morididas”, porque ellos tienen sus propias empresas irregulares o porque pueden contratar guardias a menores precios.

Y logran estas cotizaciones tan bajas porque esas empresas no pagan impuestos ni prestaciones y explotan a los trabajadores con las horas laborales y así se ahorran una cantidad que pueden descontar de lo que cobran. Claudio Huidobro aseguró que una empresa que tenga todo legal no puede pedir menos de once mil pesos por el servicio, de lo contrario o es evasora fiscal, explota a los empleados o lo peor es utilizado para lavar dinero.

Han peregrinado por todas las instancias y con todas las formas oficiales, para lograr mayor regulación. Sin embargo no los reciben, como ocurrió con peticiones al Secretario de Seguridad Pública, Ernesto Munro. Incluso hasta la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha eludido el tema alegando que es un problema Laboral y que el encargado es la Secretaría del Trabajo (última respuesta recibida el 22 de agosto).