Barra Sonorense de Abogados ve riesgos: Poder Judicial sin autonomía, ni imparcialidad

Por Gerardo Moreno Valenzuela

El presidente de la Barra Sonorense de Abogados, el licenciado José Manuel Ávila Valenzuela, aclaró que el panorama democrático en el país y en el estado puede venir al no contar con un poder Judicial que no sea independiente y cuyos fallos vengan inclinados solo a un grupo político, acabando con los contrapesos necesarios en la sociedad.

“Los principales riesgos para la democracia en México surgen de la falta de independencia y eficiencia en el Poder Judicial. Un sistema judicial que no actúa como un contrapeso real y autónomo frente a los poderes Ejecutivo y Legislativo puede llevar a la concentración de poder y a la toma de decisiones sin un control adecuado”.

Esto, dijo, debilita el estado de derecho, ya que las leyes pueden no aplicarse de manera imparcial.

Además, ante la falta de contrapesos en nuestra vida pública, se pudiese presentar un Poder Judicial que no esté libre de presiones externas y sus decisiones podrían favorecer a ciertos grupos o intereses políticos en lugar de basarse en la ley, erosionando la confianza pública.

En ese sentido, aclaró que el solo hecho que los Poderes Ejecutivo y Legislativo del País carezcan de contrapeso efectivo en el Poder Judicial el gobierno en México puede tender hacia un régimen de unipartidismo hegemónico o incluso, en algunos casos extremos, a un autoritarismo.

“La falta de un Poder Judicial independiente y fuerte elimina el principal mecanismo de control sobre los otros dos poderes, lo que permite que el poder se concentre y en ese escenario catastrófico, el Ejecutivo y el Legislativo, al no ser fiscalizados o acotados por el Poder Judicial, podrían tomar decisiones sin un control real”.

Precisó que la ausencia de contrapesos puede llevar a que las decisiones se tomen con base en la voluntad del partido en el poder, en lugar de apegarse estrictamente a la Constitución. Esto socava los principios de la democracia liberal, como la separación de poderes y el estado de derecho.

Además, se percibe que, ante ese panorama no deseado, el gobierno podría inclinarse hacia un estilo autoritario, donde se limiten las libertades civiles, se persiga a la oposición y se ignore la ley en favor de los intereses del partido gobernante.

“En síntesis, sin un Poder Judicial que actúe como contrapeso, resulta predecible que el gobierno en nuestro país se acercaría a un modelo donde la mayoría política no tenga límites legales, lo que constituye un riesgo para la estabilidad y la calidad de la democracia en el país”.

¿Cuál debe ser el rol de los ciudadanos y el sector productivo?

En todo este contexto, explicó que el papel de los ciudadanos y del sector productivo es crucial para fortalecer la democracia y la justicia en México, entonces los ciudadanos deberán ser quienes demanden esa justicia pronta, expedita e imparcial.

“Lo que implica necesariamente que le exijamos a los jueces y magistrados que actúen con ética y profesionalismo, y que no se toleren prácticas como la corrupción y la sumisión a los otros dos poderes. Los ciudadanos deben mantener la presión para que se modernice el sistema judicial, se reduzcan los tiempos de espera y se elimine la burocracia, logrando con ello un Poder Judicial, robusto, independiente y profesional”.

Por otro lado, recordó que el sector productivo es un motor clave en la economía de cualquier nación, en ese sentido, tendrá una responsabilidad que va más allá de la generación de riqueza y empleo, sino que deberán asumir un papel de colaboración, sí, pero también de exigencia.

“En México, donde la solidez de las instituciones es una preocupación constante, este sector, y en particular el gremio de abogados, debe asumir un papel dual de exigencia y colaboración para fortalecer uno de los pilares más importantes de la democracia: el Poder Judicial. Esta dualidad no es opcional, sino una necesidad imperante para garantizar que el Estado, en su ejercicio de poder, no avasalle los derechos de sus ciudadanos”.

Ávila Valenzuela aseguró que la transformación del Poder Judicial en una institución confiable y eficiente será el cimiento sobre el cual se construye la seguridad jurídica y, con ella, el futuro económico y social del país.