Cambios de fondo para la defensa de los derechos

Hoy existen más mujeres en la industria y los medios, pero no podemos negar que se siguen reproduciendo escalas de diferencias en ingreso, estructura jerárquica y condiciones laborales
Por Silvia Duarte
Resulta inevitable retrotraer de mi propia experiencia, la larga ruta que hemos tenido que recorrer las mujeres sonorenses, para que los espacios se abrieran y las oportunidades de participación se concretaran e hicieran posible que representantes de nuestro género ocupáramos puestos y posiciones que hace cuatro décadas eran predominantemente para los hombres.
Por ejemplo, la llegada de una mujer a la gubernatura de Sonora, Claudia Pavlovich, cuyo empoderamiento, no es un relevo más en el devenir de la historia, sino un cambio cultural y político de fondo, que viene acompañado de otros insumos como la equidad, la inclusión social, la libertad de expresión, el reconocimiento a una ciudadanía madura, crítica y bien informada.
En 1978, cuando inicié mi formación universitaria y confirmaba mi interés por la rama de la ciencias sociales, humanidades y comunicación, en Sonora y en México ni por asomo se podría pensar en que los valores, la cultura, el marco de leyes, normas y reglas vinculadas a los derechos de las mujeres, estuvieran tan extendidos formalmente, como ahora lo están.
Afortunadamente, esto ha cambiado aunque no tanto como sería deseable y como debemos hacer que ocurra, primordialmente en cumplimiento de leyes federales que son el andamiaje jurídico trabajosamente construido en favor de los derechos humanos, laborales y políticos de las mujeres y la equidad.
Queda larga y ardua tarea para lograr la armonización de legislaciones estatales, paridad en la organización interna de partidos políticos, empresas e instituciones incluyendo las sindicales. Agregaría como pendiente la tipificación y establecimiento de sanciones por violencia política y laboral en razón de género.
No existe la menor duda, de que en los resolutivos de la Conferencia de Beijing celebrada en 1995, se tiene el referente del más alto nivel conceptual, programático y vinculatorio que pueda haber existido, para reivindicar y colocar en la agenda de gobiernos, instituciones y organizaciones de toda índole, la premisa por la equidad de género que enarbolaron los movimientos de varias generaciones de mujeres en la lucha por sus derechos, a lo largo de la historia y en especial durante el siglo pasado.
No obstante, la agenda planteada por la Conferencia de Beijing, más que un mandato riguroso que pueda ser impuesto por decreto, tiene mucho de ideario y ha tenido que irse abordando por todos, como un compromiso de construcción de progreso que apenas está en marcha, enfrentando patrones estructurales donde están arraigadas profundamente la discriminación y la violencia multidimensional en función de género.
Yo tengo muy claro de que aún en mi circunstancia —como compañera del Secretario General del Sindicato de Radio Televisión y Telecomunicaciones del país— formo parte de la compleja realidad que se vive. Una realidad donde todavía prevalecen estructuras muy duras y conservadoras para conciliar y hacer coherente al máximo, la ruta de reivindicación de justicia social que subyace en la lucha de los trabajadores y las exigencias legítimas de integración al mundo del trabajo de las mujeres, bajo condiciones de equidad de género.
Me explico, mi relación con el dirigente nacional del STIRTT no cambia el hecho de que sigo enfrentando —en escala y equivalencia— coordenadas que muchas veces compiten dentro de mí y que tengo que valorar cada vez que incursiono en el ámbito público, con posturas y decisiones que implican mi forma de pensar y mis convicciones más profundas.
En su complejidad, debo decirlo, no alcanzan a convertirse en decretos prohibitivos, para vulnerar mis definiciones ideológicas y militancia razonada en la causa de las mujeres, pero sí me obligan a valorar cuándo y cómo poner sobre la mesa opiniones y propuestas que, más allá de la estridencia, efectivamente ganen en viabilidad y consenso. Tal ha sido el caso de mi participación en el proyecto de capacitación del sindicato de trabajadores de radio y televisión, en sugerir protocolos o criterios mínimos de expresión para locutores y comunicadores sobre lenguaje incluyente, no sexista y libre de violencia, como en otras iniciativas en proceso.
Mi trabajo como locutora, reportera, como conductora de radio y televisión; como directora de medios y áreas de comunicación social de instituciones políticas ejecutivas y legislativas entre 1982-2006 me dio nutrientes básicos y relaciones profesionales, empresariales y políticas sólidas que se despliegan en apoyo al proyecto de reforma integral del Sindicato de Trabajadores de Radio, Televisión y Telecomunicaciones que emprendió hace 13 años el secretario general Ricardo Acedo Samaniego.
Nuestra casa es el piso primario donde se realiza análisis documentados, debates e intercambios sobre los grandes cambios jurídicos y tecnológicos que atraviesan a la industria de telecomunicaciones y que la han reconfigurado. Que han modificando así mismo la relación de la dirigencia con 1,050 empresas del ramo en México, que agrupan a más de 13 mil trabajadores.
Es el acompañamiento profesional un activo de la relación personal porque nos ha permitido generar un espacio privado plural e incluyente donde se habla de derechos de audiencia, derecho a la información, convergencia tecnológica, y se despliega en los hechos la libertad de expresión.
Celebro con gran emoción y conciencia el empoderamiento femenino en cualquier espacio. Mucho más en el campo de la política y la competencia electoral.
En ese ámbito, pienso que la tarea es exigir que la mujer en campaña como candidata a cualquier posición o cargo, tenga la claridad suficiente para que su plataforma y oferta programática contemplen los temas de fondo que presionan la realidad, que nos remiten a temas duros.
Lo fundamental es que todas las mujeres y los partidos que las propusieron, sedimenten y asuman un compromiso con temas como la igualdad de oportunidades para el empleo; el pago igual para igual trabajo; la garantía de integridad física, la dignidad de las mujeres en el mundo laboral; el freno estricto a prácticas de acoso sexual, entre muchos otros lastres que sabemos gozan de impunidad y tolerancia en el mundo real.