Congresos del país reprueban en materia de transparencia

En materia de datos abiertos, información presupuestaria y de conflicto de interés, los congresos de todo el país se encuentran reprobados. Sólo se salvan el Senado de la República y la Cámara de Diputados, pero con calificaciones de 60%, de acuerdo con la Alianza para el Parlamento Abierto (APA).

El Diagnóstico sobre el Parlamento Abierto en México reveló que ninguno de los 31 congresos locales, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), la Cámara de Diputados o el Senado de la República hacen públicas las declaraciones de intereses y tampoco cuentan con un marco normativo adecuado que evite el conflicto de interés.

De acuerdo con el reporte, las dos principales carencias que se observaron fueron la información sobre el monto y uso del presupuesto; así como el desempeño legislativo individual.

“México, después de Brasil, es el segundo país con el parlamento más caro de América Latina. El siguiente más caro tiene la mitad de los recursos asignados al parlamento mexicano”, dijo la académica, María Amparo Casar.

Añadió que las organizaciones civiles también deben evaluar y estudiar a fondo las partidas administrativas, ya que hay 5 mil 200 trabajadores en los congresos y tienen actividades poco sustantivas y no se justifican los salarios que reciben.

Este diagnóstico, elaborado por organizaciones como Fundar, Transparencia Mexicana, Visión Legislativa, Social TIC, entre otras, midió el grado de apertura de 34 congresos, a partir de qué tan transparentes, accesibles, cercanas a la ciudadanía y proactivas en la rendición de cuentas son.

No aprueban en datos abiertos. En cuanto al conflicto de interés, que revisa la regulación, ordenamiento y transparencia de las acciones de cabildeo, así como la conducta ética de los representantes, existe un cumplimiento medio de 16%, ya que ningún congreso cuenta con mecanismos.

Una cuarta parte de los órganos cuenta con un Código de Ética; mientras que 67% considera disposiciones que obligan al legislador a excusarse de participar en procesos que representen un conflicto de interés.

En el tema de datos abiertos, las instituciones evaluadas obtuvieron 0.3% del cumplimiento en promedio, lo cual refleja un uso nulo de ellos, señaló Juan Manuel Casanueva, Coordinador de Social TIC.

Sobre la aprobación de leyes que favorezcan políticas de gobierno abierto y que aseguren que en todas las funciones de la vida parlamentaria se incorporen estos principios, sólo la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, el Senado y el Congreso de Puebla han realizado alguna actividad bajo este principio.

EL UNIVERSAL