Crisis de seguridad pública en Hermosillo ¿El Nuevo Sistema de Justicia tiene la culpa?

El gobierno tuvo ocho años para instrumentar la reforma judicial, aprobada en 2008; sin embargo, se hizo tarde y mal, las consecuencias las analizan dos expertos, quienes coinciden en algo: la culpa es de la simulación y de que no hacen bien su trabajo

Por Imanol Caneyada

En 2008 se aprobó una reforma al sistema judicial mexicano que anunciaron como la gran solución a los problemas de impunidad y corrupción que viene arrastrando la justicia en México.

Por la complejidad de la reforma, el decreto del entonces presidente Felipe Calderón estableció un plazo de ocho años a las entidades federativas para homologar las leyes locales y capacitar a los involucrados, desde policías preventivos, pasando por agentes investigadores, hasta ministerios públicos y jueces.

A pesar del plazo, en Sonora, el nuevo sistema se instrumentó tarde, de prisa, con el tiempo encima.

Pero la crisis de seguridad pública que vivimos en Hermosillo, en Sonora, en todo el país, se ha venido gestando de tiempo atrás.

En el caso concreto de la capital del estado, el presidente municipal, Manuel Ignacio Acosta, a quien se ha responsabilizado mayormente de la inseguridad, ha externado de forma reiterada que el nuevo sistema acusatorio penal es, de alguna forma, responsable de la situación.

“Nosotros los agarramos y ellos los sueltan”, llegó a declarar.

Después de la primera agresión que sufrió el enfermero Martín Pacheco, al acudir a un policía municipal, éste justificó su inacción con el hecho de que eran menores de edad y no podían hacer nada.

Muchos han sido los ciudadanos que se han encontrado con respuestas semejantes, todas las cuales apuntan a que la complejidad del nuevo sistema acusatorio penal tiene de manos atadas a las corporaciones policiacas y las fiscalías.

Eso dicen ellos.

Consultamos a dos expertos, voces críticas y reflexivas, que esclarecen el panorama.

No es un problema del nuevo sistema, no hacen bien su trabajo

El abogado y escritor Joel Hernández nos presenta esta durísima crítica al sistema.

“Este es un tema sumamente relevante y que impacta a todo el derecho; el tema penal es un arroz entre los prietitos. La ineficiencia judicial no es una cuestión que derive de la inoperancia del sistema acusatorio porque éste sea deficiente o haga infectiva la persecución del delito.

“Los procesos penales ya eran deficientes con anterioridad a la reforma del 2008. Los sistemas mexicanos (todos) están cimentados en la simulación. El mexicano es un simulador excepcional.

“Octavio Paz en “El laberinto de la soledad”, habla de esto en el capítulo de “Máscaras mexicanas”: Viejo o adolescente, criollo o mestizo, general, obrero o licenciado, el mexicano se me aparece como un ser que encierra y se preserva: máscara el rostro y máscara la sonrisa. Plantado en su arisca soledad, espinoso y cortés a un tiempo, todo le sirve para defenderse. Su lenguaje está lleno de reticencias, de figuras y alusiones, de puntos suspensivos; en su silencio hay repliegues, matices, nubarrones, arcos iris súbitos, amenazas indescifrables.

“El Centro de Estudios sobre la Enseñanza y el Aprendizaje de Derecho (CEEAD) es una asociación civil que en 2014 investigó el número de escuelas que imparten la licenciatura en derecho en México; nada menos que 1,608 escuelas ofrecen la licenciatura en Derecho. Alemania cuentan con 44 Escuelas de Derecho (menos que en Guerrero), España tiene 73 (menos que Guanajuato) y Canadá 21 (Menos que Nayarit). En 1970 se expedía una cédula para abogado por cada 40,869 habitantes; en 2010 se expidió una por cada 3,428. Es extraña la impresionante popularidad de la licenciatura en leyes en un país con sensacionales índices delictivos y de impunidad.

“En 1985 Alan Riding (corresponsal del The New York Times en México) escribió un interesante libro: “Vecinos distantes. Un retrato de los mexicanos”, uno de sus capítulos se explica desde el título: “La corrupción, lubricante y engrudo”. El derecho mexicano es el epítome del esquema de simulación y el punto extático del simulador. Unos simulan que legislan, otros que persiguen y otros que juzgan.

“La figura del fiscal en otros países es exactamente la misma figura que en México conocemos como el Ministerio Público. El representante social. Si usted presenta una denuncia por el robo de su auto no se trata de usted en contra de fulano, es el ministerio público (la gente) contra el raterillo. Tristemente cuando se estudia la carrera y en general en el ambiente de los abogados existe desdén y un poquito de nauseas por terminar trabajando como Ministerio Público. Esencialmente se trata de los sótanos del derecho, cañerías de la mediocridad. Trabajitos conseguidos con palanquitas de medio pelo para estudiantes poco brillantes. Un sueldito quincenal y propinas para el refresco. Godínez que duermen en la cueva de los leprosos.

“Los medios no centran su atención en estos importantes voceros de la sociedad. De su capacidad investigadora depende la voz de la gente. Si el Ministerio Público falla en su investigación y es inepto para coordinar a sus alfiles (la policía ministerial) una víctima se quedará con un palmo de narices y un delincuente celebrará a carcajadas.

“El investigador debería ser un magnífico abogado, un mago de los resquicios legales, un pensador con nociones científicas que sepa masticar el argot de la medicina legal, la dactiloscopia, la balística, la psicología criminal, un detective que se presente en la escena de un crimen y con el dedo índice mueva a los policías dirigiendo la toma de muestras que él sabe redundarán en condenas, un elocuente orador que convenza jueces, un magnífico publirrelacionista y un incorruptible jurista.

“Después de todo él encarna el elevado encargo de representar a la gente. En un país de máscaras, licenciados de poca monta, matices, nubarrones, arcos iris súbitos, amenazas indescifrables y corruptos engrudos no habrá innovaciones procesales útiles. Si las investigaciones se demoran o fracasan no es imputable al código penal; es una cuestión de sindicatos y burócratas que se presentan tarde y se marchan temprano, escuelas de derecho que reparten cédulas como si de confeti se tratara, ministerios públicos que andan a las “caiditas”. No, no es culpa de Derechos Humanos (nomás eso faltaba), es culpa de que como no entiendes derecho penal y acudiste a las “capacitaciones” a regañadientes o devorar los galletas del coffe break, tuviste que recurrir a la tortura, te saltaste pasos del proceso, no se presentó al inculpado ante el médico legista, faltó un sello, faltó una firma. Faltó hacer tu trabajo. De ahí la importancia del proceso y su meticuloso ejercicio”.

Discurso demagógico

Por su parte, el también abogado y escritor Miguel Ángel Avilés Castro, nos ofrece el siguiente análisis.

“No sé si es un fracaso en sí mismo, sería temprano para hacer una evaluación; lo cierto es que, como toda reforma, políticamente se oferta como el gran remedio a los problemas que se presentan y termina por no ser así.

“Es tan demagógico el discurso que, pasado un tiempo, la realidad los desmiente y la ciudadanía supone que esos cambios no sirvieron para nada. Tienen algo de razón, pero en todo caso, lo que falla es la voluntad por hacer bien las cosas, y la resistencia a desprenderse de prácticas cuya presencia echa a perder toda buena intención y toda reforma.

“Pasó con la reforma a la Ley Federal del Trabajo que, se dijo, acabaría con la corrupción, con la dilación de los juicios, con el tráfico de influencias… y nada, absolutamente nada de esto ha sucedido.

“En el nuevo sistema también no hay el propósito político de acabar con prácticas que también son actos de corrupción, como pasar por encima de principios fundamentales de este sistema, ejemplo, la presunción de inocencia, la atención a la víctima o continuar con vicios muy arraigados como la improvisación, el nepotismo, el reciclar cuadros políticos sumamente cuestionados en anteriores sexenios —véase la PGJ—, de tal suerte que entre la planeación y la ejecución de este nuevo sistema, puede decepcionar.

“A la par, se quiere aparentar que se están haciendo las cosas muy bien y están priorizando los llamados acuerdos reparatorios, que si bien son una vía obligada en este nuevo sistema, lo están haciendo per se, sin una base seria de política criminal, sino pensando en el lucimiento político y en ofrecer estadísticas lucidoras a la hora de informar”.