¿Cuándo se quebró el federalismo?

El cambio en la correlación de fuerzas entre gobernadores y presidente se da con el arribo de Fox a Los Pinos. Eso sumió al sistema político en una crisis de la que no ha logrado salir. Además de vacíos políticos que fueron ocupados por otras fuerzas

Por Bulmaro Pacheco M.

La noticia de la aprehensión del fiscal general de Nayarit, Edgar Veytia Camberos, en San Diego California, por sus presuntos nexos con el crimen organizado, prende las alarmas y enciende los focos rojos de la política mexicana, más allá de la coyuntura electoral en ese estado.

Además del terror causado entre la población por los efectos y daños de la entrega y probada servidumbre de una autoridad de justicia al hampa organizada, revela la enorme fragilidad, la crisis política, jurídica y administrativa en que ha entrado el sistema federal mexicano, derivado del rompimiento de los controles, las complicidades, la anarquía en la relación entre los Poderes constituidos y la ausencia de referentes de unidad y control en el sistema político.

El escándalo del fiscal nayarita deja en claro el fenómeno de la desconexión —cada vez más evidente— entre el cuerpo de la República y sus partes, así como las frecuentes tensiones entre la autoridad central y las fuerzas políticas y sociales locales en materia política, administrativa y de seguridad y orden. La crisis inició a finales de los noventa del siglo pasado y se agravó en la presidencia de Vicente Fox, cuando al presentarse la alternancia él no supo qué hacer en la relación con los principales actores de la política mexicana, entre ellos los gobernadores de los estados.

Se quebraron las reglas, se interrumpieron los mecanismos de control político y cada quien hizo lo que quiso. El presidente abdicó de importantes funciones a nombre del cambio de partido en el gobierno, desdeñó a sus adversarios y le dio al ejercicio del Poder un estilo desordenado, locuaz y simplista que abonó el terreno para el actual desorden, donde los gobernadores de los estados han sido los protagonistas de los principales escándalos políticos entre 1999 y el 2017. El problema también ha tenido altos costos.
La alternancia registrada en algunos estados entre 1989 y 1999, no representó mayor desafío para la relación entre el presidente de la República y los gobernadores de distintos partidos políticos. Funcionaban todavía los esquemas de control.

Los problemas de entonces eran parte del anecdotario. Las tensiones en Tabasco con Roberto Madrazo por el intento de rebelión de 1995, y el encarcelamiento de Mario Villanueva Madrid, de Quintana Roo, fueron los inicios de la crisis. Atrás quedaron los mecanismos de desaparición de poderes en los estados, instrumentados desde el centro por el Ejecutivo y el Senado hasta 1975.

Con la evolución de las instituciones electorales terminaron las llamadas que tanto daño hicieran; sobre todo en estados que tardaron en reponerse políticamente.

Eso aceleró el avance de la alternancia de partido en los gobiernos de los estados iniciada en Baja California en 1989, continuada en Chihuahua en 1992 y que hasta la fecha acumula 27 casos. La alternancia de partido en los gobiernos estatales no representó para México un cambio radical en los estilos de hacer política.
Sin embargo, el cambio en la correlación de fuerzas entre los gobernadores y el presidente de la República se da a partir del cambio de partido en la Presidencia, con el arribo de Vicente Fox en el 2000. Eso sumió al sistema político en una crisis de la que no ha logrado salir. Le sumó otros problemas derivados de los vacíos políticos que se crearon y que fueron ocupados por otras fuerzas.

Desde entonces a la fecha, los escándalos no han parado:

Al encarcelamiento de Mario Villanueva Madrid le siguió el de Pablo Salazar Mendiguchía —de Chiapas—, perseguido por su sucesor Juan Sabines Guerrero. Vino después la persecución y encarcelamiento de Guillermo Mercado Romero, de Baja California Sur (1993-1999), perseguido por el ex priista (después del PRD) Leonel Cota Montaño (1999-2005). Después caería preso Narciso Agúndez Montaño (2005-2011), también perredista, acusado por el gobernador panista Marcos Covarrubias.

Sigue preso por corrupción Andrés Granier Melo, de Tabasco (2007-2012); y por asociación delictuosa Jesús Reyna García, de Michoacán (2013). Perseguidos por la autoridad: Tomás Yarrington y Eugenio Hernández, de Tamaulipas, y en proceso Rodrigo Medina de la Cruz que gobernó Nuevo León (2009 2015). Humberto Moreira, exgobernador de Coahuila (2005-2011), fue aprehendido en España.

En noviembre del 2016 es aprehendido Guillermo Padrés, de Sonora (2009-2015). Actualmente preso, acusado de varios delitos.

Javier Duarte, de Veracruz, capturado recientemente en Guatemala y en proceso de extradición. César Duarte en Chihuahua, es perseguido por la justicia, acusado por su sucesor, con orden de aprehensión.

Otros hechos que —aun cuando no han sido esclarecidos del todo—han contribuido a tensar más la política mexicana de los últimos años:

El intento de asesinato del gobernador de Chihuahua Patricio Martínez, en junio del 2001; la muerte de Ramón Martín Huerta, exgobernador interino de Guanajuato y secretario de Seguridad Pública del gobierno de Vicente Fox, con ocho personas en accidente de helicóptero en septiembre del 2005, cuando se dirigía al penal de La Palma.

El accidente de aviación que causó la muerte del secretario de Gobernación Juan Camilo Mouriño, en noviembre del 2008.

También en ese accidente murió José Luis Santiago Vasconcelos, zar anti drogas y extitular de la SIEDO en el gobierno de Vicente Fox.

La caída del avión donde murió el gobernador de Colima, Gustavo Vásquez Montes y seis personas más, en febrero del 2005.

La decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de anular en un par de ocasiones las elecciones en Colima y en una ocasión en Tabasco. Las únicas anulaciones registradas en la historia.

El asesinato del sucesor de Gustavo Vásquez Montes, exgobernador Silverio Cavazos Ceballos, a manos de un pistolero, en junio del 2010.

El asesinato a balazos del candidato del PRI al gobierno de Tamaulipas, Rodolfo Torre Cantú, en junio del 2010; a una semana de la elección.

El accidente de helicóptero que le costó la vida al tercer secretario de Gobernación del gobierno de Felipe Calderón, José Francisco Blake Mora, en agosto del 2011.

La detención y encarcelamiento de Elba Esther Gordillo, dirigente nacional del SNTE, que rebotó en varios liderazgos locales y en al partido Nueva Alianza, que apoyó a varios gobernadores.

El ataque a balazos contra el exgobernador —también de Colima— Fernando Moreno Peña.

El asesinato en julio del 2016 del delegado de la Sedatu en Colima, Jaime Vásquez Montes, hermano del gobernador accidentado.

La renuncia del gobernador del PRD, Ángel Helado Aguirre Rivero, por el problema de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, desaparecidos en Iguala, en septiembre del 2014.

El asesinato de 82 presidentes municipales entre 2006 y 2016.

La formación de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) y el vacío de agenda política y jurídica que observa, al devenir esta organización en una entidad de gestores en colectivo, más que de creadores de alternativas para fortalecer el modelo político federal.

Nuestros gobernantes debatieron intensamente durante la primera mitad del siglo XIX por implantar el sistema federal: “La idea última, la columna, la esencia de nuestro sistema federal respondió como afirmamos una necesidad porque si la solución federal no se hubiera implantado, probablemente México se hubiera balcanizado” (Carpizo).

Dice Luciano Concheiro que “la crisis de imaginación política que nos acecha es severa y que no existen propuestas paralelas al mundo de hoy (capitalismo y democracia liberal) y cita a Zizek: “Podemos imaginar el fin de la tierra o el fin del mundo —eso resulta muy fácil de imaginar— pero imaginar un pequeño cambio en el capitalismo, en el mercado, nos resulta imposible”.

Igual sucede con la crisis del modelo mexicano. El debate actual se centra más en la crítica de lo que existe que en la definición de alternativas para salir de la crisis.

El modelo político funcionó 70 años. En 2000, otro gobierno de otro partido, acusando al modelo de atrasado y causante de los males de México tuvo la oportunidad hacer las cosas diferentes… No pudo y lo descompuso. Ni lo reparó ni lo reformó. Lo entregó al libre juego de las fuerzas en disputa y éstas aprovecharon el vacío que antes cubría el Presidente, para hacer y deshacer… ahí se complicaron las cosas.

En 2006, otro gobierno quiso sustituir el modelo gobernando a nombre de un partido, tratando de borrar —de todo a todo— al anterior, cuando había llegado al Poder apoyado por importantes actores del pasado. Tampoco hubo la intención de reformar —al contrario—, quiso revivir las prácticas del pasado, como tumbar gobernadores, partidizar la administración pública, nombrar dirigentes de su partido y tratar de heredar sucesor. No le salieron bien las cuentas. El descontrol político y la violencia desatada le complicaron más las cosas y acabó mal. La mayoría de los hechos de violencia aquí relatados ocurrieron en los 12 años que gobernó el PAN.

Por ahora, ningún partido —y no se sabe de algún aspirante a la Presidencia—, trae propuestas elaboradas para atender la crisis política del modelo federal que ya golpea a México. Ése, junto al crecimiento económico el empleo y la seguridad, son ahora las prioridades del país. ¿Habrá propuestas viables más allá de la coyuntura electoral del 2018? Quien sabe… Por ahora no se ven.

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