Cuenta Pública 2014: desorden e irregularidades llevaron a Sonora a tocar fondo

Por Gerardo Moreno/

Según se desprende de la auditoría a la Cuenta Pública del 2014, por el mal manejo de los recursos públicos e irregularidades, se encontraron 3,126 observaciones; de estas, 2,896 corresponden al gobierno del Estado

Con la Cuenta Pública del 2014 se evidenció que los gobiernos estatales y municipales de Sonora ya tocaron fondo en el mal manejo financiero de los recursos públicos, donde la cantidad de irregularidades detectadas sobrepasa el pesar ciudadano y el gasto discrecional fue el común denominador que hacen pensar que se debe, obligadamente, hacer algo y pronto, en especial acabando con la impunidad.

Luego de una sesión que duró más de nueve horas el pasado martes donde hubo acalorada discusión el Congreso del Estado aprobó el informe de la Cuenta Pública del 2014 del Ejecutivo y calificó las cuentas públicas de los 72 municipios; donde se evidenció que en casi todo el estado no se sabe ser efectivos al manejar los recursos públicos y la pregunta que se abre es ¿cómo evitarlo?

La peor Cuenta de la historia

El ejercicio fiscal del 2014 del Gobierno del Estado, todavía con Guillermo Padrés Elías al frente, pasó a la historia como el año peor administrado ya que mientras por un lado bajó la recaudación estatal (incluso se le perdonaron impuestos a empresas afines), por el otro subieron las aportaciones federales pero hubo un despilfarro en gasto corriente, un manejo discrecional de los recursos y aumentó exponencial de la deuda pública.

Según el informe presentado por la comisión de vigilancia del Instituto Superior Auditoria y Fiscalización (ISAF) al pleno del Congreso, en la Cuenta Pública se encontraron tres mil 126 observaciones a los 112 sujetos obligados; de estas le correspondieron dos mil 896 al Gobierno del Estado a quien le quedaron mil 150 por aclarar.

Entre las observaciones más relevantes la comisión señaló un sobre ejercicio no justificado en la Secretaría de Gobierno de 139 millones para gasto corriente y ayudas sociales.

Además no se comprobó el gasto de 27 millones de pesos en la Secretaría de Hacienda, otros 24 millones en la SEC, tres en Salud, 169 millones en la Sidur; en Sagarhpa dos millones. Además en la Procuraduría General de Justica no se justificó un gasto de siete millones 800 mil; en Seguridad Pública fueron 196 millones y 10 millones en la Oficialía Mayor.

También hay un faltante de 180 millones de ejercicios anteriores en Femot; un recurso sin comprobar de más de dos millones 500 mil pesos en la Codeson; un faltante superior al millón 300 mil en los Servicios Educativos, más de cuatro millones 500 mil pesos en los Servicios de Salud y un millón 400 mil pesos en la Comisión de Fomento al Turismo.

Además un recurso irregular en obras inconclusas o que fueron pagadas y no realizadas por dos mil 201 millones de pesos. También un sobre precio de 35 millones de pesos en los uniformes escolares gratuitos. En el Isssteson se encontró un total de tres mil 700 millones de pesos de faltantes en el fideicomiso de Pensiones y jubilaciones.

Con lo anterior, la conclusión de los diputados del PRI fue un daño patrimonial de alrededor de 12 mil millones de pesos solo en el 2014 (juntando las irregularidades detectadas, el fondo de pensiones del Isssteson, deuda a proveedores de seis mil 300 millones y mil 400 de los Adeudos por Ejercicios Fiscales Anteriores –Adefas).

Lo que combinado con el daño de 10 mil millones de pesos registrado por el ISAF del 2010 al 2013, da como resultado 22 mil millones de pesos de daño en la administración de Guillermo Padrés. Aparte está la deuda pública reconocida al 31 de diciembre del 2014 de 21 mil 700 millones de pesos.

Reprueban 13 municipios

En cuanto al dictamen de los 72 municipios; el ISAF solamente “aprobó” las cuentas públicas de tres (Oquitoa, Sáric y Tepache). Además fueron 56 Ayuntamientos aprobados con “salvedades”, es decir que tienen varias observaciones que deben solventar. Y 13 salieron “reprobados” (Aconchi, Ímuris, Nacori Chico, Nacozari de García, Nogales, Ónavas, Pitiquito, Quiriego, Rosario, Santa Ana, Soyopa y Villa Pesqueira).

Durante una discusión que duró más de cuatro horas para aprobar el dictamen, los diputados del PRI y del PAN se señalaron mutuamente sobre ser responsable de las irregularidades y querer ocultar información. Entre los comentarios sobresalió el municipio de Nogales, el cual era gobernado por un alcalde priista Ramón Guzmán, y que salió reprobado.

Ahí según el dictamen obtuvo una calificación de 5.86 en su gestión financiera, ya que no supieron ser efectivos en el gasto del municipio, además tuvo 51 observaciones por recursos mal ejercidos por un monto total de 350 millones de pesos, y dejó una deuda pública de casi 618 millones de pesos.

De la misma manera fue señalado el municipio de Hermosillo, que era gobernado por el panista Alejandro López Caballero, donde a pesar de salir aprobado con una calificación de 8.33 también se encontraron un total de 91 observaciones sin solventar, donde se encontró un daño patrimonial de más de 200 millones de pesos y dejó una deuda pública de un millón 429 mil pesos.

Tocamos fondo

En este panorama Guillermo Noriega Esparza, presidente de la asociación Sonora Ciudadana y del Colectivo Nacional por la Transparencia, aseguró que la conclusión es que los diputados lejos de estarse señalando por “ver quién es el más corrupto” deberían crear mecanismos para que haya un verdadero presupuesto participativo con candados suficientes para que no se malgaste el recurso público, donde se contemple un verdadero castigo para quien haga mal uso del recurso.

“Ha hecho falta la rendición de cuentas y las consecuencias; lo que se debe de hacer es platearse por parte del Congreso del Estado una reforma de transparencia presupuestaria que ponga candados fuertes para evitar el uso discrecional de los recursos públicos”.

Noriega Esparza resaltó que estamos en un punto en Sonora donde llegamos a tocar fondo por el manejo irregular y desordenado de los recursos, y se abre la oportunidad para arreglar las cosas de fondo, donde se espera que haya voluntad política de los nuevos gobernantes y legisladores porque no basta solo decirlo, sino que se debe estipule en la ley.

“Deben haber hechos contundentes, los legisladores deben modificar el sistema de rendición de cuentas y al final el Ejecutivo tiene que respetar al Congreso y al presupuesto que apruebe… se abre una oportunidad única en Sonora en donde se toca fondo y se abre la posibilidad de construir junto con la sociedad una reforma para evitar que vuelva a suceder todas estas irregularidades”.

Guillermo Noriega resaltó que hasta ahorita ningún gobierno, estatal o municipal, respeta el presupuesto que el Congreso le aprueba y la situación ha llegado a un punto donde no hay certeza jurídica de nada, pues es el mismo gobierno el primero en desobedecer lo que plantea y aprueba el Legislativo. Y al final de cuentas ha tenido que ser el ISAF quien señale el desorden pero le hace falta mayor autonomía para actuar.

“La tendencia debe ser a que el ISAF sea una institución autónoma, que no depende del Congreso y que tenga la obligación de presentar las denuncias administrativas y penales cuando tengan que hacerlas, pero con procesos transparentes y abiertos que se puedan verificar”.

Guillermo Noriega señaló que estamos a tiempo de imponer estos candados y fincar reglas con consecuencias claras para quien las viole, ya que aún no se empieza a discutir el presupuesto del 2016.

Además agregó que el Ejecutivo también deberá tomar cartas en el asunto y deberá comprometerse a respetar el presupuesto que aprobará el Congreso, y dijo que ese llamado fuerte  que le realiza la ciudadanía para la nueva gobernadora y todo su gabinete; es decir que exista una verdadera rendición de cuentas.

“Tiene que ver con que haya transparencia, acceso a la información, la explicación de que fue lo que sucedió y además que haya consecuencias, si no se suman esos elementos no podemos decir que haya rendición de cuentas”.

Debe haber castigo

Luego que el Congreso del Estado aprobara el informe de la Cuenta Pública del 2014 y el dictamen de los 72 municipios el ISAF tiene un plazo de 30 días hábiles para solicitar a los entes obligados que cayeron en irregularidades a solventarlas, y de no hacerlo deberán interponer denuncias penales o administrativas.

En este punto, Guillermo Noriega comentó que el ISAF tiene que actuar y deberá hacer su trabajo tal y como lo marca ley, sin distinción de partidos, al igual que la Contraloría del Estado debería hacer lo mismo y la propia Fiscalía Anticorrupción, una vez que reciba las denuncias.

En ese sentido comentó que en el Nuevo Gobierno del estado y en el propio Congreso ha habido “mucho ruido y pocas nueces”, pues no aplican resultados concretos. Por lo cual dijo que los ciudadanos demandan acción.

Reiteró que las consecuencias tienen que ser sin distinción de partidos; es decir que si hubo ayuntamientos priistas donde hubo irregularidades, también deben proceder las instituciones al respecto: “el equilibrio deber ser igual para todos”, indicó.