Congreso armoniza Ley de Transparencia estatal

Hermosillo.- El Congreso local aprobó hoy por unanimidad la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública en el estado de Sonora, con lo que se armoniza con la legislación federal en la materia.

En sesión ordinaria, los diputados de los partidos PRI, PAN, PRD, Nueva Alianza, Morena y Movimiento Ciudadano emitieron su voto aprobatorio, en lo general y lo particular, del nuevo marco legal en materia de transparencia.

La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora consta de 178 artículos en diez capítulos y busca garantizar el derecho humano de acceso a la información pública en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo.

Asimismo, señala que por ley, los sujetos obligados a transparentar la información que manejan son los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, ayuntamientos, órganos autónomos, partidos políticos e instituciones de educación superior.

También deberán transparentar la información fideicomisos y fondos públicos, sindicatos, instituciones de beneficencia, organismos electorales, candidatos independientes, así como cualquier persona física, moral y sindicato que reciba y ejerza recursos públicos.

Con la nueva ley se favorece la rendición de cuentas a los ciudadanos para que se valore el desempeño de los sujetos obligados, además de garantizar la publicidad de información oportuna, verificable, comprensible, actualizada y completa.

Los sujetos obligados deberán poner a disposición de los particulares la información en sus sitios de internet y a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, que deberá actualizarse por lo menos cada tres meses.

La nueva prevé la conformación del Sistema Estatal de Transparencia que estará integrado por el Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales.

Además, por los poderes Judicial y Ejecutivo, a través de las secretarías de la Controlaría General, de la Consejería Jurídica del Ejecutivo y de Educación y Cultura, así como por el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización y los ayuntamientos.

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