De Primera Mano | En Sonora existe “Justicia Legal”, no necesariamente “justa”
Por Francisco Javier Ruiz Quirrín
FRANCISCO Gutiérrez, presidente del Supremo Tribunal de Justicia en Sonora, admitió ayer que el Nuevo Sistema de Justicia Penal llegó en un momento en que la idiosincrasia del sonorense no estaba preparada para ello.
Y precisó:
“No existe un momento especial en que debía haberse puesto en práctica. Quizá ese momento no existirá. En mi personal opinión, debió haberse escogido lo mejor del NSJP y aplicarlo a las fallas del sistema penal tradicional”.
El representante del Poder Judicial en el Estado sostuvo un encuentro con los integrantes del Grupo Compacto de Columnistas Políticos, en el que también explicó, de la manera más detallada posible, que en Sonora existe una “justicia legal, que no necesariamente es justa”.
“Los jueces estamos obligados a cumplir estrictamente con lo que marca la Ley. Si en determinado caso existe ignorancia de alguna de las partes, puede ser víctima de alguien que sí conozca la Ley y sin darse cuenta, el primero sería una víctima, quizá convencido de que el que nada debe, nada teme”.
“Vivimos hoy una realidad –continuó-, si hubiésemos aplicado el sistema de justicia tradicional, decenas de delincuentes estuvieran en la cárcel, pero gozan de su libertad al ser primodelincuentes y, lamentablemente, reinciden”.
Gutiérrez reveló a los periodistas que en realidad ningún gobernador ha intentado siquiera manipular algún expediente a su favor, aunque reconoció que Guillermo Padrés Elías sí amenazó a los magistrados a través de su secretario de gobierno, Roberto Romero López, presionando para que se admitiera al asesor panista en el Congreso, Sebastián Sotomayor.
“Sotomayor era un abogado respetado y bien visto hasta por los priístas. No se merecía el desprestigio que se ganó al aceptar formar parte del Supremo Tribunal de Justicia sin cumplir con todos los requisitos legales. Nosotros, como parte del Supremo Tribunal, no lo designamos magistrado. Él llegó propuesto por el Gobernador y aprobado por el Congreso del Estado. Así lo marca la Ley”.
Gutiérrez comentó que el sexenio padresista quedó debiéndoles más de 200 millones de pesos que debió entregar al Poder Judicial como parte del presupuesto autorizado. Sin embargo, reveló también que en este momento, el gobierno que encabeza Claudia Pavlovich no ha entregado los dineros correspondientes a noviembre, diciembre y enero, poco más de 36 millones de pesos.
“Lo que pedimos nosotros al Poder Ejecutivo, es que el presupuesto aprobado por el Congreso del Estado se entregue al Poder Judicial. Actualmente existe un presupuesto anual autorizado de 1,200 millones de pesos, 400 millones menos que lo solicitado originalmente. Habrá qué admitirlo: Aunque formamos parte de uno de los tres poderes del gobierno estatal, estamos sujetos a la voluntad de quien está obligado a hacernos llegar el dinero”.
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