Delitos sexuales, crímenes invisibles

Por Imanol Caneyada/

A pesar de las leyes y las políticas públicas existentes en la entidad y en el país, los escasos presupuestos y la insensibilidad de muchos funcionarios siguen exponiendo a las víctimas a la humillación y la falta de resultados 

De enero a julio de este año, en Sonora han sido registradas 135 denuncias por violación, 53 casos de estupro y 302 denuncias en la categoría de otros delitos sexuales. Un total de 490, lo que significa que en promedio tres mujeres al día denuncian alguna clase de agresión sexual.

En todo el país, en este mismo periodo, han sido registradas siete mil 475 denuncias por violación, mil nueve casos de estupro y 9 mil 882 denuncias en la categoría de otros delitos sexuales. Un total de 12 mil 366, es decir, un promedio de 69 mujeres al día interponen una denuncia por alguna clase de agresión sexual.

Los datos anteriores se desprenden del informe “Incidencia Delictiva del Fuero Común” que elabora el Centro Nacional de Información de la Secretaría de Gobernación.

Estas cifras no reflejan el verdadero drama que viven las mujeres en México en relación con los delitos sexuales y la violencia de género, pues la mayoría de los expertos coinciden en que las cifras negras (en donde no hay denuncia), son mucho mayores.

En el caso específico de Sonora, según el informe, los delitos sexuales han ido a la alza en este primer semestre. Esto no significa forzosamente —nos explica la socióloga Gabriela Sofía González Barragán, especialista en estudios de la mujer por el Colegio de México y cofundadora del Instituto Sonorense de la Mujer y del Instituto Hermosillense de la Mujer— que los delitos sexuales hayan aumentado en la entidad, sino que las campañas para que la mujer denuncie cualquier clase de violencia están rindiendo frutos.

El mayor desafío en este país ha sido y es hacer visible la violencia contra la mujer, y que entendamos todos que cualquier tipo de violencia que se ejerza contra la mujer es un delito, aclara la entrevistada, pionera en México y en Sonora del impulso de políticas públicas relacionadas con la perspectiva de género.

En los años 80, rememora Gabriela González, el Estado no tenía ningún tipo de política ni de programa encaminados a la prevención y a la erradicación de la violencia de género. Lo que había era una incredulidad generalizada y una incomprensión total sobre el tema.

Decían, y Gabriela sonríe al recordar, que eran exageraciones de las feministas y minimizaban el tema.

En el caso del delito sexual, éste estaba tipificado, pero la víctima tenía que enfrentar una humillación pública si se atrevía a denunciar, y los aspectos de su vida privada, sus actividades sexuales, cómo vestía y qué compañías frecuentaba se volvían determinantes durante un proceso judicial.

Cuando la policía acudía a un llamado por violencia doméstica, hablaban con la mujer y le preguntaban qué había hecho para que se pusiera así su marido y le aconsejaban que se contentara.

Esto no sólo ocurría en México, puntualiza la especialista, sino en todo el mundo. Películas como “The acussed”, protagonizada por Jodie Foster, sirvieron para arrojar luz sobre el problema de la violencia sexual y de la violencia en general contra la mujer y hacerlo visible en un mundo que se negaba a ello.

En México, a decir de Gabriela González, no fue sino hasta el sexenio de Ernesto Zedillo que se inauguraron las primeras políticas públicas relacionadas con la violencia de género (concepto que surge en los 90), en gran medida, gracias a la presión y al trabajo que hacían los grupos feministas del país, a la creación de seminarios sobre estudios de la mujer en la UNAM y el Colegio de México y a la instrumentación de la primera Oficina de la Mujer en el seno de la ONU.

Con la llegada de Vicente Fox al poder, el trabajo de los grupos organizados de mujeres en cuanto a la prevención y concientización  sobre el tema, la presión política que ejercían, además de una agenda internacional que priorizó la violencia de género, dio como fruto la aparición del Instituto Nacional de las Mujeres, el cual, explica la socióloga, fue poco a poco replicándose en las entidades y los municipios.

En la actualidad, en Sonora existen centros de atención para la mujer víctima de violencia a nivel estatal y municipal con un esquema un poco anquilosado: asesoría jurídica, psicológica y trabajo social, pero que brindan un apoyo a las mujeres en situación de violencia o agredidas sexualmente que antes no existía, reconoce la entrevistada; sin embargo, el escaso presupuesto destinado a las políticas públicas con perspectiva de género y la excesiva rotación del personal provocan que no sean tan eficientes como deberían.

También ha habido una significativa mejora en cuanto a la legislación, añade González Barragán; en Sonora conviven dos leyes: la de Acceso a las Mujeres para una Vida Libre de Violencia y la Ley de Prevención y Atención de la Violencia Intrafamiliar.

No obstante, aclara la socióloga, los encargados de aplicarla, como ministerios públicos y jueces, no siempre tienen la sensibilidad ni la capacitación en justicia con perspectiva de género.

La recalificación del delito de violación por estupro, como sucedió recientemente con la niña violada en el poblado Miguel Alemán, argumenta Gabriela González, es muy común y es un gol que nos han metido, reconoce, pues la figura del estupro ya debería haber desaparecido como en muchos otros estados de la República: el estupro es una violación, y una violación es un delito, no debemos olvidar esto, un delito, insiste.

En la actualidad, en Hermosillo existen dos agencias especializadas en delitos sexuales y violencia intrafamiliar. Al respecto, aclara la entrevistada, hay muchas quejas de las mujeres en cuanto al trato que reciben en estas agencias y la escasa o nula aplicación de los protocolos que exige la ley.

Otro dato alarmante que evidencia la poca efectividad de la procuración de justicia en cuanto a la violencia de género son las pocas órdenes de protección que emiten los ministerios públicos, aun cuando lo exige la ley en cuanto haya una denuncia.

No se trata únicamente de capacitación, argumenta Gabriela González, sobre todo es un tema de sensibilidad, es un problema estructural que nos impide visibilizar la violencia de género como lo que es: un delito.

En el sector salud, en el sector educativo, entre las policías se ha avanzado mucho en el tema de capacitación en perspectiva de género; también en el sector de la procuración de justicia, aunque aquí, los funcionarios siempre se han mostrado mucho más resistentes.

Pero toda la capacitación del mudo, aclara, no es suficiente si no es acompañada de la sensibilización hacia el problema de la violencia contra la mujer, un problema histórico y cultural que debe hacerse mucho más visible en nuestra sociedad.

Si bien el panorama no es muy alentador, Gabriela González es de la idea de que las mujeres deben seguir denunciando y que más mujeres se sumen a estas denuncias.

En cuanto a la parte que le corresponde a las instituciones, la especialista recomienda que las agencias del ministerio público sensibilicen a su personal y lo capaciten; que reciban un presupuesto suficiente para dictámenes y cuenten con un protocolo de atención a las mujeres víctimas de violencia de género, esto es, procedimientos adecuados y estandarizados.