Desvíos de CECOP también son investigados por la vía administrativa

El caso avanza en tres frentes: administrativo por la Secretaría Anticorrupción; por la ruta del Tribunal de Justicia Administrativa; y por la vía penal, con la Fiscalía del Estado; En total hay ocho personas bajo investigación

Por Gerardo Moreno Valenzuela

Los casos de desvío de recursos detectados dentro del Consejo Estatal para la Concertación de la Obra Pública (Cecop), no solo son investigados ya por la Fiscalía General de Justicia del Estado y detectados por el ISAF en la Cuenta Pública del 2024, sino que hay denuncias ante el Tribunal de Justicia Administrativa y hay funcionarios inhabilitados por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno del Estado.

El martes 21 de octubre, la titular de Anticorrupción en Sonora, María Dolores del Río Sánchez, ofreció una rueda de prensa para presentar los avances que existen en esta nueva secretaría, que suplió a la Contraloría del Estado, incluyendo el caso Cecop.

Aclaró que como resultados solo de ellos, se presentaron denuncias por presuntas fallas administrativas graves al Tribunal de Justicia Administrativa contra la pareja involucrada en el caso y que señaló la Fiscalía, que son Andrea Fernanda “N” y su cónyuge, Juan Alán “N”, ex administrativo de Cecop, quien está prófugo de la justicia.

Además, ya hay tres funcionarios de la misma dependencia inhabilitados y tres más bajo investigación.

“Están en investigación, todavía dentro de la Secretaría, tres servidores públicos más. Nosotros calculamos que para diciembre podríamos estar dando los resultados de estos servidores públicos, los otros resultados de la investigación en relación a estos servidores públicos”.

¿Qué se investigó?

María Dolores del Río explicó que a la Secretaría Anticorrupción solamente le compete la parte de faltas administrativas, y es ahí donde centraron sus investigaciones a la Cecop.

Explicó que, para ellos, todo inició el primero de abril con una auditoría que se realizó a raíz de que hubo una denuncia directa del ex coordinador de Cecop, David Mendoza, y porque ese trimestre se detectaron transferencias en grandes cantidades a cuentas que no se reconocieron.

“Quiero hacer énfasis que en los meses anteriores a abril cuando se realizaron las transferencias más fuertes, alrededor de 67 millones de pesos”.

Para eso, dijo, se emitieron cinco medidas cautelares, donde se separó de su cargo a cuatro funcionarios públicos y una reducción de su salario, donde sí al final de la investigación se considera que es inocente se recuperan sus derechos.

Además, embargaron la vivienda de Andrea Fernanda “N”, ubicada en un residencial de Hermosillo, como lo informó la Fiscalía del Estado.

Dolores del Río confirmó que el monto detectado asciende a 67 millones 447 mil 594 pesos, ya determinado completamente para el dos de junio de este año, por esto se envió el informe de presunta responsabilidad administrativa grave al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, precisamente por peculado, el dos de octubre.

Detalló que los 67 millones de pesos detectados por la Secretaría Anticorrupción ya fueron recuperados por un trabajo de colaboración entre otras instituciones y los bancos involucrados.

Explicó que al mismo tiempo que se lleva la investigación administrativa por la Secretaría Anticorrupción, también camina el caso ante el Tribunal de Justicia Administrativa, por fallas graves, y por la vía penal, la Fiscalía también indaga y deberán rendir cuentas las personas prófugas de la justicia.

María Dolores aseguró que no hay omisión en este caso y al contrario existe un respaldo completo del Gobernador a las acciones que lleva a cabo la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, trabajan con total objetividad, pero también, con total discreción, porque son temas muy delicados donde se involucra a personas, y mientras no termina el proceso no se puede definir si hay una culpabilidad.

Acciones de la Secretaría

 La secretaria informó que el proceso de fiscalización es muy amplio y conlleva cuatro etapas:

1.- La presentación de la Cuenta Pública, que el Estado presenta el 15 de abril, luego el Congreso tiene 5 días para enviarla al Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF) y ellos la revisan, desde el 20 de abril al 30 de agosto.

2.- El ISAF presenta un informe de resultados el 30 de agosto, ahí el ISAF tiene un plazo de 10 días para presentar los informes individuales a dependencia.

3.- Cada órgano tiene un plazo de 30 días para responder sobre las observaciones.

4.- El ISAF tiene 120 días para emitir un pronunciamiento.

Es decir, dijo, que todavía están en el proceso de solventación: “El proceso de fiscalización del 2024 de la cuenta pública, tanto a nivel federal como local, no ha concluido, está avanzando, en este momento no es posible determinar responsabilidades de servidores públicos ni posibles daños patrimoniales al Estado”.

María Dolores precisó que en caso de que una observación detectada no es grave, entonces se remite a la Secretaría de Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, y ahí se tiene la facultad administrativa, para investigar y en su casa sancionar con inhabilitación o sanción de servidores públicos.

“Si el órgano fiscalizador local o federal decide que la falta es grave, entonces no a la envía a la Secretaría Anticorrupción, sino que ellos inician un procedimiento de investigación, y ese puede derivar, una vez concluido, en que resultó en falta no grave o que resultó en falta grave, y entonces se tiene que enviar al Tribunal de Justicia Administrativa”.

Con eso mente, María Dolores informó que en 2024 emitieron un total de 31 amonestaciones a servidores públicos y nueve inhabilitaciones, y en lo que va del 2025 son 23 amonestaciones y ya un total de 92 inhabilitaciones, que han ido de tres meses a un año, donde la mayoría fue por no presentar la declaración patrimonial.

“Este año hicimos un esfuerzo enorme para que todos los funcionarios públicos presentarán su declaración patrimonial… A tiempo, para que no se sancione, porque no presentarla aplica una sanción, una sola persona de los 66 mil servidores públicos no presentó a tiempo su declaración patrimonial”.

Y también, agregó, han aumentado las denuncias de hostigamiento y acoso sexual, donde ya se creó un protocolo, se capacitó a las áreas y se creó un área investigación administrativa para atender los casos.