La fiscalía de México informó hoy de la detención de cuatro dirigentes del sindicato de maestros del sureño estado de Oaxaca, acusados de cometer delitos federales en el marco de las protestas realizadas en contra de la reforma educativa.
La Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía) detalló en un comunicado que fuerzas federales llevaron a cabo esta madrugada los arrestos en diversos lugares del estado, en cumplimiento de órdenes de aprehensión emitidas por un juez.
Se trata de Juan Carlos Orozco Matus, Othón Nazariega Segura, Efraín Picaso Pérez y Roberto Abel Jiménez García, todos miembros de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).
Dicho sindicato, que intentó boicotear las elecciones del pasado 7 de junio en el país, exige la derogación de la reforma educativa impulsada por el presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, y rechaza una evaluación que considera punitiva y que no contempla las particularidades regionales.
En Oaxaca, la CNTE recibió un duro golpe el 21 de julio pasado, cuando las autoridades estatales y federales le quitaron a la Sección 22 el control del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO).
Dicho grupo sindical controlaba el 90 % de los cargos de dirección del instituto, manejaba un presupuesto anual cercano a 15.000 millones de pesos mexicanos (unos 923 millones de dólares) y el destino de las plazas docentes.
Las autoridades vinculan a los detenidos con «varios delitos federales» cometidos en junio pasado durante la «toma violenta» de oficinas electorales en Tehuantepec, una refinería de Pemex en Salina Cruz y el centro de distribución y almacenamiento El Tule, en Oaxaca capital.
Asimismo, «por actos de vandalismo en contra de las instalaciones de la Octava Región Militar en la capital del estado» y el «robo de 10.000 libros de texto gratuitos propiedad de la Secretaría de Educación Pública (SEP)», señaló la PGR.
Entre los delitos imputados están motín, daño en propiedad ajena, contra el consumo y la riqueza nacional, además de robo agravado.
Los detenidos, quienes podrían alcanzar penas entre 3 y 40 años de prisión, serán puestos a disposición de las autoridades jurisdiccionales, añadió.
EFE
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