Detienen a operador de los ‘moches’ fiscales en Sonora

Por Daniel Sánchez Dórame/

HERMOSILLO, 4 de Agosto.- La Procuraduría General de la República (PGR) detuvo a Roberto Francisco Ávila Quiroga, identificado como el principal operador de «los moches fiscales» durante la administración del ex mandatario panista Guillermo Padrés Elías, quien según la denuncia penal beneficio amigos y colaboradores cercanos con exención de impuestos y auditorías a modo que causaron un daño patrimonial superior a mil 700 millones de pesos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Fue en abril del 2015, cuando la Unidad de Inteligencia Financiera detectó que durante el pasado sexenio a través del Servicio de Administración Tributaria (SAT) se había beneficiado amigos, familiares, empresarios y políticos cercanos al ex gobernador de Sonora con descuentos y perdones en impuestos federales.

El sospechoso por el delito de uso indebido de atribuciones y facultades, fue detenido la mañana del jueves por la Policía Federal Ministerial en atención a una orden de aprehensión girada por el Juez Decimosegundo por la causa penal 61/2016; éste se desempeñaba como Director General de Auditoría Fiscal de la delegación del SAT en Sonora, sin embargo, hay más de 30 ex funcionarios sujetos a investigación por el mismo caso.

El imputado fue puesto a disposición de la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo (SCRPPA) para ser encarcelado en un Centro Federal de Readaptación Social.

El pasado mes de diciembre, la Secretaría de Hacienda presentó nueve denuncias penales en contra de igual número de ex funcionarios y contribuyentes de Sonora que participaron o se beneficiaron de irregularidades fiscales que causaron un daño al erario público por mil 705 millones de pesos durante el sexenio de Guillermo Padrés.

A los implicados se les acusa de haber favorecido de manera indebida, a 574 contribuyentes con exención de impuestos, a través de 198 auditorías a modo, según detalló el jefe del Servicio de Administración Tributaria, Aristóteles Núñez Sánchez.

A consecuencia de estos actos de corrupción, el SAT suspendió la facultad de fiscalización al Gobierno de Sonora el pasado 20 de noviembre y hasta el 31 de diciembre del 2015, por las irregularidades e indebida actuación del personal que participó en la emisión y resolución de los actos de auditoría y cobro de impuestos durante la pasada administración; por lo que el erario público estatal en la presente administración de la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, dejó de percibir alrededor de 104 millones de pesos en incentivos fiscales.

Entre las empresas beneficiadas con la exención de impuestos, figura el Rancho Pozo Nuevo de Padrés propiedad de la familia del ex gobernador de Sonora y donde construyó su propia presa hidráulica que dejó sin agua a los habitantes de la región, esta sociedad rural adeudaba 15 millones 108 mil 348 pesos por impuestos federales. Sólo pagó 119 mil 970 pesos, el resto se les “perdonó”.

También se benefició Javier Gándara Magaña, ex candidato panista al Gobierno del Estado, quien debía 14 millones 108 mil 348 pesos por el ejercicio fiscal 2011, pero no pagó absolutamente nada, así como varios ex funcionarios, familiares, amigos y políticos afines a la pasada administración.

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