Dictan auto de formal prisión al operador de los «moches» fiscales

Por Daniel Sánchez Dórame/

HERMOSILLO, 21 de Agosto.- Un Juez Federal dictó auto de formal prisión a Roberto Francisco Ávila Quiroga, identificado como el principal operador de «los moches fiscales» durante el sexenio de Guillermo Padrés Elías, acusado de beneficiar al ex Gobernador de Sonora y sus colaboradores más cercanos con exención de impuestos y auditorías fiscales amañadas que generaron un daño patrimonial al erario público superior a mil 700 millones de pesos.

Darío Figueroa Navarro, delegado en Sonora de la Procuraduría General de la República (PGR), lamentó que el ex Director General de Auditoría Fiscal del SAT en el Estado, acusado por el delito de uso indebido de atribuciones y facultades, llevará el proceso penal en libertad porque el Juzgado Decimosegundo de Distrito, Herminio Armando Domínguez Zúñiga, le fijó una fianza de apenas 20 mil pesos, la cual ya fue impugnada por el Agente del Ministerio Público Federal que integró la averiguación previa y obtuvo la consignación.

«Ávila Quiroga presentó ante el Juez una ampliación de su declaración y precisamente ayer sábado se le dictó auto de formal prisión, va a quedar sujeto a proceso penal pero seguirá en libertad, tiene ciertas obligaciones que el juez le impuso como marca el artículo 399 del Código Federal de Procesos Penales como la obligación de ir a firmar cada cierto tiempo, además no puede salir fuera de la ciudad”, recordó el Delegado de la PGR en Sonora.

Fue el pasado jueves 4 de agosto, cuando Agentes de la Policía Federal Ministerial detuvieron a Roberto Ávila Quiroga, en atención a una orden girada por el Juez por la causa penal con número de expediente 61/2016; durante el tiempo que estuvo arrestoado, trascendió que el acusado mandó destruir una lujosa mansión que estaba construyendo en un exclusivo fraccionamiento, para entorpecer las investigaciones de la PGR.

El Delegado de la PGR advirtió que por estas acciones el Agente del Ministerio Público Federal incluyó varias carpetas a la investigación y que existen nuevas acusaciones en su contra.

Fue en abril del 2015, cuando la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda detectó que durante el sexenio del ex gobernador Guillermo Padrés, a través del “auditorías a modo” realizadas por funcionarios del SAT en Sonora se había beneficiado amigos, familiares, empresarios y políticos cercanos al ex mandatario con descuentos y exención en impuestos federales, generando un daño al erario público federal por mil 705 millones de pesos.

A consecuencia de estos actos de corrupción, el SAT suspendió la facultad de fiscalización al Gobierno de Sonora a finales del 2015, por las irregularidades e indebida actuación del personal que participó en auditorías y cobro de impuestos durante la pasada administración; por lo que el erario público estatal en la presente administración de la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, dejó de percibir alrededor de 104 millones de pesos en incentivos fiscales.

Entre las empresas beneficiadas con la exención de impuestos, figura el Rancho Pozo Nuevo de Padrés propiedad de la familia del ex gobernador de Sonora, esta sociedad rural adeudaba 15 millones 108 mil 348 pesos por impuestos federales. Sólo pagó 119 mil 970 pesos, el resto se les “perdonó”.