¿Dónde quedó el dinero de la autonomía?

Por Rodolfo Montes de Oca Mena

En Sonora, hablar de autonomía en la procuración de justicia no es un eslogan ni una moda pasajera. Fue una apuesta institucional con objetivos concretos: garantizar que la Fiscalía General de Justicia operara con verdadera independencia técnica y de decisión, ajena a las invariables tentaciones de los políticos por convertirla en instrumento de presión o control. Cuando en 2017 la entonces Procuraduría se transformó en Fiscalía General, entendí con absoluta claridad que, para consolidar esa autonomía, era indispensable desvincularla de la voluntad presupuestal de los Poderes Ejecutivo y Legislativo. No sólo por exigencia constitucional, sino como condición mínima de eficacia, profesionalismo y dignidad institucional. No puede hablarse de independencia real sin autonomía financiera. Como primer Fiscal General de Justicia del Estado de Sonora, asumí esa responsabilidad con plena conciencia de lo que significaba.

Por ello, me propuse construir una reserva económica estable y sostenida que sirviera de base a esa independencia operativa. Al concluir mi encargo, esa política institucional se materializó en un monto superior a los 115 millones de pesos que dejé en caja liquidos y disponibles. Lejos de ser un subejercicio, ese patrimonio fue el resultado de una estrategia deliberada para blindar a la Fiscalía frente a vaivenes políticos y presupuestales. Los recursos se obtuvieron a partir de diversas fuentes legales: saldos del fondo de procuración de justicia, subastas de vehículos decomisados y abandonados, pagos derivados de acuerdos reparatorios —como los más de tres millones de pesos asegurados a un empleado de Guillermo Padrés—, así como gestiones personales que realicé ante el entonces Procurador General de la República, Alberto Elías Beltrán, quien generosamente nos transfirió más de diez millones de pesos de forma directa.

Además, se había proyectado la incorporación de mecanismos adicionales de financiamiento que, con el tiempo, permitirían consolidar una autosuficiencia económica genuina y sostenida. La visión era clara: dotar a la institución de un soporte financiero que le permitiera actuar sin depender del humor de las autoridades estatales ni del calendario presupuestal, y que garantizara atención médica de urgencia —en hospitales privados de alta especialidad— al personal de la Fiscalía y sus familiares, en casos de vida o muerte. No fue una medida improvisada, sino una política con sentido estratégico, legalmente fundada y éticamente comprometida. Y puedo decirlo sin ambigüedades: gracias a esa previsión, se salvaron vidas.

Cabe subrayar que esos más de 115 millones pudieron haberse gastado durante los últimos meses de mi gestión, como suele hacerse cuando se prioriza el impacto inmediato sobre la visión institucional. Pero no lo permití. Fiel a mis principios, tomé la decisión de preservar ese capital como un legado destinado a fortalecerse con el tiempo, en beneficio exclusivo de la Fiscalía.

Sin embargo, para mi sorpresa y decepción, en apenas dos años después de mi salida, esa reserva, se me dijo, fue consumida como si jamás hubiese existido. Cuando regresé, ya en calidad de exfiscal, a gestionar que se utilizara una parte de ese recurso para atender una emergencia médica de un hijo de un Agente Ministerial de Investigación Criminal, la respuesta que recibí de mi sucesora en el cargo fue seca y desconcertante: “no hay recursos disponibles”.

Durante mi administración, en más de una ocasión, compañeros o sus familiares pudieron recibir atención médica urgente de la mas alta calidad en hospitales privados —fuera del Isssteson— porque la Fiscalía tenía la capacidad financiera para responder con inmediatez y sin ataduras burocráticas. Esa era, precisamente, la idea detrás del mecanismo de previsión: construir una verdadera independencia mediante decisiones responsables, no solo con decretos o discursos.

Por eso duele —y preocupa— que en menos tiempo del que tomó conformarla, esa reserva se haya gastado sin explicación conocida. No se han ofrecido posturas públicas claras sobre su uso o destino. Lo único que circula de manera extraoficial es que una parte significativa fue distribuida como «estímulos» selectivos a algunos empleados, asignados de manera discrecional por mi sucesora, lo cual, se supo, generó malestar e inconformidad entre gran parte del personal, ya que muchos servidores no fueron considerados en dicha distribución.

Tanto quienes contribuimos a crear esa base económica como la ciudadanía sonorense en general, tenemos derecho a saber qué ocurrió con ese dinero. Porque la pregunta persiste, incómoda y vigente: ¿En qué se gastaron esos más de 115 millones de pesos que debían garantizar la independencia operativa de la Fiscalía y salvar vidas? 

Primer Fiscal General de Justicia en la historia de Sonora. Abogado penalista con Maestría en Ciencias Penales por el Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE) y doctorando en Ciencias Penales y Política Criminal en la misma institución.

Correo: mdeocasc@hotmail.com