Editorial: La puerta trasera a la censura

El gobierno mexicano lleva un camino hacia una posible dictadura, porque ha tomado el control de todo. En los últimos meses tiene controlado al Poder Judicial con la elección de jueces, magistrados y ministros por medio de votación directa, elección totalmente controlada por el uso de acordeones donde se indica por quien votar. Tienen el control total de los órganos electorales desde lo más alto. Los órganos autónomos que daban contrapeso, como el caso del Instituto de Transparencia han desaparecido. Los partidos políticos ya no tienen el mismo peso político y poco hacen para enfrentar al bloque oficial. La Iglesia en sus diferentes nomenclaturas no pinta. Los grupos cristianos son aliados a la 4T y la Católica ya no levanta la voz en el púlpito. De los empresarios qué se puede decir, que salvo contados casos son aliados y huéspedes de palacio nacional.

Solo queda como contrapeso las voces que se oyen y se leen en los medios de comunicación, pero al parecer también van por su control. Es el único bloque verdaderamente opositor y ya comienzan a tratar de controlarlo usando para ello la palabra más atroz para los periodistas: la censura. Comenzarán con los medios concesionados y para ello el Gobierno de Claudia Sheinbaum presentó un anteproyecto que contempla multas y otras sanciones contra concesionarios de radio y televisión cuando persistan en vulneraciones a los derechos de las audiencias. O sea usarán como ariete para golpear a la audiencia, que en términos generales es todo aquel que oye o ve noticias en radio y televisión. Ahora será cosa de que cualquiera del público se queje para que un noticiero o comunicador pueda ser censurado mediante multas, que es posible luego se transformen en castigos penales.

De acuerdo con las crónicas de los medios: “La medida afectaría a estaciones comerciales, públicas y sociales, pero todavía está en consulta y no puede aplicarse como una norma definitiva. La prensa escrita y las plataformas digitales quedaron fuera debido a los límites legales de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), aunque la Presidenta planteó revisar si también necesitan algún mecanismo de regulación. La información fue expuesta por la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal y está respaldada por la consulta pública abierta por la CRT. El proyecto busca establecer una ruta para que las personas puedan reclamar cuando consideren que un contenido de radio o televisión presenta información falsa, descontextualizada, publicidad no identificada o una opinión mostrada como noticia. Sin embargo, una queja no produciría una multa automática: primero tendría que intervenir la defensoría de audiencias del propio medio y sólo después, en casos no resueltos, podría participar la CRT”.

Para justificar esta agresión a la libertad de prensa, la consulta que todos sabemos cómo se arreglan estará abierta del 27 de julio al 21 de agosto de 2026. Durante ese periodo, ciudadanos, concesionarios, organizaciones y especialistas pueden formular observaciones antes de que la Comisión apruebe la versión final de los lineamientos. Desde luego que las opiniones que se van a expresar en su mayoría estarán alineadas con el oficialismo para que las nuevas reglas estén de acuerdo al control de la comunicación. Se vio claro en la elección del Poder Judicial, por lo que resulta infantil pensar que no lo harán de nuevo.

Las primeras bajas serán los concesionarios y empresas que transmiten contenidos mediante:

Radio abierta. Televisión abierta. Televisión restringida o de paga. Servicios de audio restringido. Medios comerciales, públicos y sociales y Empresas programadoras que suministran contenidos.

Se han preguntado y por ahora ¿La propuesta también castigará a periódicos y medios digitales? La respuesta es que no por ahora. La prensa escrita, los portales informativos, las redes sociales y otras plataformas digitales no están incluidos en el anteproyecto sometido a consulta. Pero ojo, dejan en claro que no se castigará por ahora, a menos que crucen la frontera de medio impreso a medio electrónico o digital.

Desde luego que esto tiene dedicatoria para medios electrónicos críticos como pasa con TV Azteca, CNN en español, Radio Fórmula y tantos más que se han vuelto verdaderos contrapesos políticos porque desenmascaran a los malos gobiernos y gobernantes.

Y sobre esto que ha dicho la Consejería Jurídica, explicó que las sanciones serían una última instancia, no el primer paso después de una inconformidad. “Si el medio no atiende la recomendación, se acude a la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones para que pueda intervenir y, en casos extremos, donde no se respeten los derechos de las audiencias, puede llegar a haber multas y sanciones como última instancia”. ¿Y quién definirá la última instancia? Desde luego que cualquier órgano de gobierno o instancia del oficialismo.

El anteproyecto se encuentra en la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que obliga a concesionarios de radiodifusión, televisión y audio restringidos a expedir códigos de ética y proteger los derechos de sus audiencias. El documento oficial también establece que esos códigos deben respetar la libertad de expresión, la libertad editorial y la prohibición de censura previa. Entre ellos la trampa de que los comunicadores deberán advertir cuando dan su opinión y cuando la noticia.

Este sin duda es el principio para un camino de censura y con ello el control de los medios. Sería sin duda el último escalón hacia una dictadura.