Políticas contra el pasado: ¿qué tanto ayudan?

Con motivo de la asunción de un nuevo gobierno federal, existen presiones para que se llame a juicio a los ex presidentes de México “responsables de la política neoliberal”, ¿Habrá elementos o será una expresión política con miras de achacarles los nuevos y viejos problemas?

Por Bulmaro Pacheco

En la historia de México, Lázaro Cárdenas del Río fue el primer presidente (1934-1940) que se lanzó directamente —en el poder real, no en el formal— contra su antecesor Plutarco Elías Calles, cuando decidió, vía la desaparición de Poderes, separar del cargo a cinco gobernadores callistas (Sonora, Durango, Sinaloa, Guanajuato, México), y modificar su gabinete, integrado principalmente por personas identificadas con Calles.

Los primeros meses de gobierno de Cárdenas estuvieron dedicados a responderle a Calles —su mentor político— la diversidad de epítetos y descalificaciones que le profería, y que motivaron la salida forzada del expresidente del país (abril de 1936), para establecerse en San Diego, California, de donde regresó hasta avanzados los cuarenta. Las relaciones entre ambos nunca se repararon.

La ironía fue que ambos murieron el mismo día (19 de octubre), Calles en 1945 y Cárdenas en 1970. Solo en el primer año de la muerte de Cárdenas se les hizo a ambos un homenaje a la misma hora; después no se pudo.

El presidente Manuel Ávila Camacho (1940-1946) trató de reorientar las principales líneas de su gobierno borrando del texto constitucional la palabra “socialista”, del artículo 3º relativo a la Educación.

Cárdenas ya había sostenido algunos roces con autoridades educativas por la inclusión de esa palabra en el texto constitucional, notablemente influido por Narciso Bassols.

También, Cárdenas había dado marcha atrás al proyecto de creación del Seguro Social que le había propuesto su secretario de Gobernación, Ignacio García Téllez. “Para no abrir más frentes”, le dijo, “como el que se abrió con la expropiación petrolera”, en una época de agitaciones y definiciones.

Y fue el presidente Ávila Camacho el que se encargó de reformar la parte filosófica del artículo 3º constitucional, con Jaime Torres Bodet de titular de la SEP, y de crear el IMSS en 1943. También alentó la creación del SNTE y la consolidación de la CTM, e impulsar la tercera transformación del partido en el gobierno, de PRM a PRI.

En su discurso inaugural, Adolfo Ruiz Cortines (1952-1958) se lanzó contra la corrupción de los funcionarios públicos del “sexenio pasado”, como un mensaje directo al gobierno de su antecesor Miguel Alemán Valdés. En el gobierno del primer presidente civil de la época del PNR-PRM, empezaron a surgir empresarios amigos del presidente a cargo de las principales obras públicas y de infraestructura.

Surgió en ese gobierno una clase empresarial vinculada a los contratos de gobierno y grandes fortunas derivadas de las concesiones gubernamentales, que chocaron con la austeridad y la promesa de honradez del nuevo gobierno.

Ruiz Cortines sabía lo que hacía, como funcionario que fue de ese gobierno durante cuatro años —paisano de Veracruz del presidente y miembro importante del primer círculo de Alemán—, al ocupar la Secretaría de Gobernación después de la gubernatura de Veracruz.

Adolfo López Mateos no pudo decir nada de Ruiz Cortines, el presidente de México más austero y honesto que se recuerde, y en su sexenio no hubo mayores escándalos ni reclamos hacia el pasado. Fue un gobierno caracterizado por la estabilidad y el crecimiento económico.

La crisis de 1968 dividió a la clase política —porque nadie quiso asumir su responsabilidad ante los violentos sucesos, dejando todo al juicio de la historia—, y los escándalos de corrupción empezaron a tener vigencia en los relevos del gobierno, sobre todo aquellos con quienes dejaban cuentas pendientes o dejaban saldos políticos de grupo por conflictos inherentes a la sucesión presidencial, o a quienes se les ajustaba con la intención de ganar legitimidad en el gobierno.

Por ejemplo, en el gobierno de Luis Echeverría se dieron los últimos casos de desaparición de Poderes en los estados: Guerrero e Hidalgo, en 1975. La intención fue juzgar penalmente al gobernador de Guerrero y cobrar afrentas políticas contra “emisarios del pasado” en el estado de Hidalgo. También cayeron los gobernadores de Puebla, Nuevo León y Sonora, siendo el de éste último estado perseguido por las autoridades políticas y judiciales. Echeverría dio también un golpe al pasado quitando del liderazgo real del SNTE a Jesús Robles Martínez y a Manuel Sánchez Vite (que lo habían ejercido desde 1949), dejando el camino libre para Carlos Jonguitud Barrios a partir de 1972.

Del gobierno de Luis Echeverría —ya en el de López Portillo—, fueron famosos los casos de sus ex secretarios de Comunicaciones, Eugenio Méndez Docurro, y de la Reforma Agraria, Félix Barra García. También los de Alfredo Ríos Camarena, del sector agrario, entre otros.

Los dos secretarios y el director general del Fideicomiso Bahía de Banderas pisaron la cárcel, acusados de haber cometido actos de corrupción en el desempeño de sus funciones como titulares de órganos administrativos. La primera vez en la historia de México que eso pasaba. ¿Necesidad de legitimación del gobierno de López Portillo? ¿Reyertas políticas al calor de la sucesión presidencial? ¿Conflictos políticos entre el gabinete saliente con el entrante? Un poco de todo.

En el gobierno de Miguel de la Madrid fueron varios los miembros del gabinete de José López Portillo los procesados, pero el más importante y escandaloso fue el ex director de Pemex, Jorge Díaz Serrano.

Díaz Serrano aspiró a ser presidente de México como titular de la paraestatal más importante del gobierno, pero lo tumbaron en el camino. Renunció a Pemex a principios de 1981, pero el presidente lo trató de proteger postulándolo al Senado por el estado de Sonora, en 1982.

Fue desaforado en 1983 y enviado a la cárcel, acusado de malos manejos en Pemex. Ha sido hasta ahora el último caso de desafuero de un legislador federal que termina en la cárcel.

También fueron encarcelados el ex director del Banco Rural, Everardo Espino, Lidia Camarena Adame (Propemex) y el ex titular de la Policía de la Ciudad de México, Arturo Durazo Moreno, entre los más importantes.

En el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, los principales golpes contra el pasado los recibieron primero el dirigente nacional del sindicato petrolero, Joaquín Hernández Galicia (La Quina), en enero de 1989, y el dirigente real del SNTE (Carlos Jonguitud Barrios), en abril de ese año.

Esas remociones le dejaron el camino libre a Carlos Romero Deschamps en el STPRM y a Elba Esther Gordillo en el SNTE.

En el gobierno de Ernesto Zedillo se dio la ruptura y el enfrentamiento público entre un presidente y un ex presidente de México. La segunda en 59 años, después de las tensiones entre Calles y Cárdenas. Carlos Salinas de Gortari se declaró en huelga de hambre en Monterrey y su hermano Raúl fue detenido acusado del crimen contra José Francisco Ruiz Massieu, por el que pasó 10 años en la cárcel.

Con Vicente Fox el pasado fue enjuiciado, negando todo avance. Fox y el PAN quisieron verse originales y sacaron la tesis de los “70 años perdidos”, para referirse a los gobiernos del PRI, negando cualquier avance de México en esos años. No les funcionó.

También trataron de revivir juicios contra ex presidentes, a través de la llamada Comisión de la Verdad, y después la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, que acusó al ex presidente Luis Echeverría de ser el presunto autor intelectual de la doble matanza de estudiantes de 1968 y 1971. Fue la primera vez en la historia moderna de México que un ex presidente era enjuiciado y sometido a proceso.

Sin embargo, en marzo de 2009 un tribunal colegiado en materia penal determinó que Luis Echeverría era inocente del delito de genocidio, por los hechos de 1968, y eliminó los cargos impuestos por la Fiscalía. Echeverría, el ex presidente de México más longevo, cumplió 97 años el pasado día 17.

Capítulo aparte merecen los juicios contra los ex gobernadores de los estados, que iniciaron apenas en 1999 con la detención del ex gobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva Madrid, y avanzaron hasta completar 18 ex gobernadores procesados en los últimos 20 años.

¿Políticas contra el pasado o un fenómeno político producto de la alternancia de partidos en los estados, que se inició en Baja California en 1989? Para el debate, sin duda.

Ahora y con motivo de la asunción de un nuevo gobierno federal, existen presiones para que se llame a juicio a los ex presidentes de México “responsables de la política neoliberal” (sic): Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto. ¿Habrá materia? ¿Habrá elementos o todo forma parte de una expresión política con miras de achacarles los nuevos y viejos problemas de México? ¿O solo a aquellos responsables del llamado neoliberalismo?, esa elaborada —y refinada— teoría de la conspiración que le gusta mucho a las izquierdas para explicarse el mundo moderno y “que se basa en gran medida en la idea de que unas fuerzas invisibles configuran de manera intencionada los acontecimientos contemporáneos” (Ferguson). La evolución política de México y sus transiciones no han sido como en otras naciones (Grecia, España, Portugal, Argentina etc.) de la “dictadura o el autoritarismo a la democracia”. Por eso se equivocan quienes han sostenido esa tesis y fingen ignorar las sucesivas reformas políticas que desde 1963 emprendiera el sistema político para modernizarse. He ahí la gran diferencia con otras naciones del continente.

Quienes ahora, aspiran a cambiar la historia de México deberán enfrentar los costos, los riesgos y los problemas inherentes al cambio, y deberán tener la fórmula para que el país no se les descomponga, ni se polarice, resistir y resolver como le hicieron sus antecesores, impulsores de las otras transformaciones que pagaron incluso hasta con el desplazamiento del poder. Los nuevos, deberán aprender rápido a “Saber llevar la carga, y no nada más a cobrar los fletes”… de ese tamaño.