El desarrollo institucional, paso siguiente

Por Wilfrido Yeomans Orozco

Una vez finalizada la Revolución, el gobierno triunfante inició todo tipo de reconstrucciones, especialmente las de carácter jurídico y económico, para ello construyó instituciones que permitieran legitimar y fortalecer la política gubernamental de la nación. A lo largo de dos décadas posteriores al término de la Revolución, una de las tareas importantes fue establecer instituciones de organización social y política, así como de ordenamiento y reestructuración económica, logrando darle regularidad a las organizaciones empresariales prevalecientes y a las de nuevo cuño.

Ello no quiere decir que antes de este periodo, el del Presidente Porfirio Díaz, llamado “porfiriato”, no existieran instituciones que sirvieran como engranaje de la nación. Ponemos el acento en el periodo posrevolucionario ya que fue cuando la Revolución quedó institucionalizada a través de un partido oficial, el Partido Nacional Revolucionario (PNR), propuesto y fundado en 1929 por el expresidente Plutarco Elías Calles.

Aún con el partido establecido, la figura del caudillo, fue un factor predominante. Durante el periodo de 1920-1940, los generales Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles y Lázaro Cárdenas, estaban por encima las instituciones, llámese Congreso, cortes e incluso la presidencia.

Pero aún hacía falta la creación de organismos que guiaran la economía, tanto nacional como local, es así que los gobiernos posrevolucionarios se evocaron a la construcción de instituciones que permitieran llevar a cabo sus proyectos.
Destaca el de potencializar y catapultar a la agricultura para satisfacer las necesidades del mercado nacional e internacional. Además México aprovechó la coyuntura bélica de la segunda guerra mundial, para especializarse en la producción de alimentos y materias primas para el mercado estadunidense.

Para ello fue necesario crear instituciones como: el Banco Nacional del Crédito Ejidal, el Banco de México, Secretaría de Industria, Comercio y Trabajo, entre otras.

Las instituciones públicas de hoy, siguen siendo el soporte del quehacer gubernamental, y están sujetas a un ordenamiento jurídico que deben materializar de forma tangible en bienes y valores públicos que demanda y beneficien a la sociedad.

En las últimas dos décadas, nadie puede negar los frutos que ha tenido la institucionalización en nuestro país, ello ha permitido el fortalecimiento de los procesos democráticos y electorales de nuestro sistema político, se ha institucionalizado la transparencia de la información pública, hoy en día, sabemos sobre el uso y destino que se le da a los recursos económicos empleados por la función pública y más recientemente podemos poner de ejemplo, la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción, el cual ha sido producto de una serie de reformas y creación de nuevas leyes con la finalidad de coordinar a las autoridades competentes, para que prevengan, investiguen y sancionen las faltas administrativas y los hechos de corrupción.

Con ello queremos decir, que en su evolución histórica, las instituciones han permitido organizar y reorganizar la vida económica, política, social y cultural de un país; no obstante, la evolución y desarrollo de las mismas, es un reto permanente que debe asumir el gobierno y la sociedad organizada en su conjunto, quienes las representan deben de adoptar un nuevo rol, asumiendo un liderazgo que convoque de manera más decisiva a la participación ciudadana, para que de manera conjunta, estructurada y ordenada, podamos responder: ¿en dónde estamos? ¿a dónde ir? y ¿qué hacer?.

Responder a lo anterior, es reconocer a la planeación, es decir, la planeación del desarrollo institucional, donde podamos adentrarnos a una dinámica de relación distinta entre gobierno y sociedad; si las instituciones hoy en día son transparentes, que bueno que sean transparentes, si se rinde cuenta, que bueno que se rinda cuenta, si se va a castigar a los servidores públicos por hechos de corrupción, que bueno que se castiguen y sancionen; aquí estamos tratando de algo diferente, estamos hablando de una intervención directa respecto a su quehacer institucional, para que de esta forma, la vida institucional sea reconocida y legitimada por la sociedad, no solamente por el hecho de que la sociedad sea la beneficiada por lo bienes y valores públicos que producen las mismas, sino por su papel participativo que tenga activamente en la función de gobierno, hacia ese escenario tenemos que transitar ahora, y evolucionar a nuestras instituciones.

Fuente Histórica. Historia General de México, Centro de Estudios Históricos, El Colegio de México, 2006; Historia General de Sonora. Historia contemporánea, 1929-1984. Tomo V, Gobierno del Estado de Sonora, 1997.